Fiscales con larga experiencia y conocedores de la actividad de la Audiencia Nacional han reaccionado a la noticia desvelada por ABC de que el fiscal jefe en los juzgados centrales, Jesús Alonso, rechazó en octubre de 2024 el ofrecimiento de un emisario del exnúmero dos de los servicios de inteligencia marroquís, Mehdi Hijaouy, de aportar «pruebas» sobre el espionaje con el operativo Pegasus a miembros del Gobierno español, entre ellos el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles. El caso lo investigaba el juez José Luis Calama hasta el pasado 22 de enero, cuando archivó la causa por segunda vez alegando obstrucción de Israel -país de la compañía propietaria del ‘software’ espía- al no contestar durante años a sus comisiones rogatorias.Las citadas fuentes consideran que un fiscal no puede ni debe restar importancia a una denuncia, menos aún cuando quien la ofrece -aunque tenga un interés personal de beneficiarse en un procedimiento judicial en curso- está avanzando que dispone de «pruebas novedosas tan graves como el rastreo de las comunicaciones del presidente del Gobierno». Cuatro fiscales y un magistrado con larga experiencia consultados por este periódico coinciden en que Alonso debió abrir diligencias fiscales y remitirlas al Juzgado que ya instruía una causa por hechos similares o directamente coordinarse con el juez Calama para advertirle de que una persona que afirmaba tener conocimiento de los hechos quería aportar datos. Lo contrario, consideran las fuentes consultadas, roza la prevaricación o la omisión del deber de perseguir delito, recogida en el artículo 408 del Código Penal.Sólo una de las personas consultadas respalda la actuación de Alonso, quien, a través de su secretaria, según un correo desvelado en la exclusiva de ABC, transmitió al confesor, al que además conocía desde hacía años, que «dado que lo que usted comunica se encuentra judicializado, lo correcto desde un punto de vista procesal es que lo comunique al Juzgado instructor del procedimiento a los efectos oportunos».«Cuando recibes una denuncia, la remites al procedimiento concreto. No puedes decirle a alguien ‘no molestes’»«No puede cerrar la puerta sin más y dar el asunto por cerrado. Eso no es aceptable, hasta puede ser un comportamiento que roza el Código Penal, una omisión del deber de perseguir delitos», traslada un fiscal. «Cuando recibes una denuncia, la remites al procedimiento concreto. No puedes decirle a alguien ‘no molestes’. Imagina que fuera una denuncia por agresión a una mujer…», reflexiona otro.Dudas sobre su independenciaLa mayoría de las fuentes coinciden en que Alonso podría haber optado por dos vías: recibir la información, abrir diligencias de investigación para verificar la fiabilidad de las pruebas y, posteriormente, aportarlas al juzgado de Calama o facilitar un canal directo entre el emisario del exespía marroquí, su abogado y el juez instructor para organizar una comparecencia y que las pruebas se incorporasen formalmente al procedimiento. Lanzan la sospecha de que actuase para limitar el alcance de investigaciones comprometedoras para el Gobierno, no como un fiscal independienteAl no haber abierto ninguna de esas dos vías, algunos de los fiscales consultados incluso van un paso más allá y consideran que su actuación pudo dificultar que siguiera adelante una investigación que acabó archivada por falta de pruebas y que era clave para España. Lanzan la sospecha de si tomó la decisión para alinearse con las necesidades del Gobierno de Pedro Sánchez y, por lo tanto, se ha convertido en un «operador político más para limitar el alcance de investigaciones comprometedoras para el Gobierno, no como un fiscal independiente».Únicamente una de las fuentes consultadas se alinea con él y considera que «el fiscal no puede actuar si ya están abiertas diligencias judiciales», así como no podía llegar a acuerdos en los términos que proponía el confesor, «en los que se condicionaba la información a recibir un determinado trato de favor en otro procedimiento, consistente en que el fiscal dejase de aplicar la ley, ‘ab initio’». Añade, además, que tampoco tenía seguridad de que el emisario representaba en realidad a quien decía representar.Según la información desvelada por ABC, la persona que fue a ver al fiscal Alonso le transmitió el interés de Hijaouy de aportar «pruebas» sobre el espionaje con Pegasus. Habría afirmado poder aportar información sobre el «cómo se hizo, a quién, y el contenido de los 2,6 gigas» sustraídos del móvil de Sánchez y de los ministros Robles, Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura). A cambio, solicitaba que se paralizara el proceso de extradición a Marruecos por un presunto delito de estafa, que se tramitaba también en la Audiencia Nacional, en el Juzgado Central 1.
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