Entraron por la puerta de atrás (sin oposición ni concurso) a una fundación pública meses antes de ser disuelta y hoy ocupan puestos fijos en la Junta de Andalucía. Un nuevo atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone nombres y apellidos a lo que era un secreto a voces: que familiares de antiguos altos cargos del PSOE fueron colocados en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) sin superar ninguna prueba. En un informe entregado el pasado 29 de julio al juez José Ignacio Vilaplana, que investiga el supuesto enchufismo de 84 empleados de la entidad pública durante la etapa socialista, el Grupo de Delincuencia Económica del Instituto Armado revela que las contrataciones se asimilaron a «un proceso de libre designación más que a uno de libre concurrencia». «Han sido llevadas a cabo de manera arbitraria y discrecional». Es la conclusión a la que llega la UCO tras examinar con profundidad los expedientes de diez personas, en su mayoría familiares de dirigentes y cargos socialistas colocados en la Junta de Andalucía, cuyas nóminas se financiaban con las subvenciones que le inyectaba la propia Administración autonómica para dar cursos a los desempleados andaluces. Siguiendo la pista de los 300 millones de euros de fondos públicos que recibió la Faffe durante los ocho años que estuvo funcionando (2003-2011), los agentes descubrieron correos electrónicos en los que mandos de la Faffe aleccionaban a sus subordinados sobre a quiénes había que colocar y con qué cargos estaban emparentados. Para no dejar rastro, les ordenaban «destruir» los mensajes tras leerlos.La investigación detalla cómo se retorció la maquinaria administrativa para beneficiar con un empleo público a personas de la órbita socialista. Después de estudiar con detalle los expedientes de contratación requeridos a la Junta mediante un mandamiento judicial, la UCO constata «la existencia de numerosas irregularidades» que ponen de manifiesto que los elegidos entraron a trabajar en la Administración « de manera arbitraria y discrecional ». Lo hicieron a través de procedimientos de selección que califica como «totalmente opacos», en los que se vulneraron los principios de «legalidad, transparencia, capacidad, mérito e igualdad de oportunidades, los cuales rigen el acceso al empleo público». A falta de un examen objetivo, «la entrevista personal, en aquellos casos en los que constaba haberse realizado, fue la única prueba llevada a cabo» para entrar a trabajar en la Faffe.Toda la arquitectura de esta trama clientelar aparece descrita en un informe de 231 páginas al que ha tenido acceso ABC . El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tendrá que decidir ahora si sigue adelante con la investigación del supuesto nepotismo instalado en la Faffe. En enero de 2025 impulsó esta causa imputando por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a 21 antiguos cargos de la entidad y responsables de empresas proveedoras, citados en un atestado aportado al sumario en febrero de 2024.La fundación estaba dirigida por Fernando Villén, exsecretario de Empleo en la Ejecutiva del PSOE andaluz y que ya fue condenado en 2023 a seis años de prisión por gastar en prostíbulos 32.556 euros de fondos públicos mediante el uso de tarjetas bancarias oficiales.Enchufados con un correo electrónicoUno de los hallazgos más comprometedores es un correo electrónico enviado el 16 de marzo de 2011 por el entonces director de Recursos Humanos de la Faffe, Antonio Jiménez Cuenca, a la adjunta a la Dirección de Desarrollo de Personas. En el mensaje se facilitaba « un listado de personas vinculadas familiarmente a cargos del PSOE » para colocarlas de forma inmediata en la fundación. Entre los agraciados, el email citaba a Antonio J. A. A., hijo de una exconcejal socialista de Sevilla y exdiputada autonómica entre 1996 y 2004; a Cristina G. R., sobrina de Mercedes Rodríguez Piñero, presidenta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales de la Junta y miembro de la Fundación Alfonso Perales; y a Mónica F. F., identificada en el mensaje como «nuera de Carmen Mejías», quien por entonces era la directora gerente de la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces. Los citados tres contratos, junto a otros siete más, han sido escudriñados por la Guardia Civil. En todos ellos se seguía un modus operandi casi idéntico. «No consta ningún tipo de documentación que acredite la existencia de un proceso de selección, y en otras en las que, a pesar de haberse iniciado un supuesto proceso de selección, éste no se ha ajustado a la normativa vigente», afirma el documento policial. La Faffe incumplió la ley de fundaciones públicas, que establecía que «para salvaguardar el principio de publicidad, se harán ofertas genéricas al SAE y/o se pondrán anuncios en periódicos para cubrir los puestos vacantes». En su lugar, se recurrió a una «base interna» de empleo al margen del control oficial.La normativa exigía que la selección del personal debía estar precedida de una baremación objetiva de los currículos presentados, pero los investigadores no han encontrado nada parecido a un análisis de los méritos en las carpetas examinadas. No había valoración curricular ni pruebas psicométricas, ni casos prácticos y a la entrevista personal a menudo solo se citaba al candidato previamente elegido.Las irregularidades siguieron produciéndose tras la propia firma del contrato. Se incorporaron a la Faffe como personal laboral temporal, una modalidad que «estaba permitida solo en casos excepcionales para cubrir necesidades urgentes que no pudieran ser atendidas por personal laboral fijo». Pero « se sobrepasó holgadamente » el plazo legal improrrogable de 12 meses consecutivos en el puesto. A todo ello se suma que los agentes no han «localizado» en los expedientes los preceptivos informes de las Consejerías de Hacienda y Administración Pública ni la autorización de la Dirección General de Presupuestos.La Guardia Civil descubre ofertas laborales a medida con requisitos inútiles para enchufar a parientes de cargos del PSOEUn aspecto que llama poderosamente la atención de la UCO es el momento cronológico elegido para efectuar estos favores. Al menos dos de los investigados entraron a trabajar en la fundación sobre la bocina, «cuando ya se sabía que la misma iba a ser extinguida , a raíz del acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 de julio de 2010», por el que se preveía que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) integraría de una tacada a los más de 1.600 empleados de la Faffe. El blindaje laboral se orquestó cuando las encuestas vaticinaban que el PSOE iba a perder la Junta en las elecciones autonómicas de 2012 (lo que finalmente no ocurrió en esa legislatura). Contratados cuando la Faffe iba a desaparecerEl informe policial menciona los casos de Ramón H. R. y María Araceli G. E., quienes se incorporaron cinco días y dos meses después de acordarse el cierre de la fundación, respectivamente, lo que les permitió asegurar su empleo público. La UCO sospecha que ésta fue la verdadera meta perseguida: «Ambas contrataciones pudieran haber tenido como finalidad, precisamente, el acceso de estas personas a la opción de ser subcontratadas en el SAE», el organismo público en el que ambos continúan trabajando a día de hoy ya como personal fijo al que no se puede despedir .En ocasiones, las vacantes ofertadas eran burdos trajes fabricados a la medida de los candidatos a los que se quería contratar. La sobrina de otro alto cargo, Mercedes Rodríguez Piñero , entró en la Faffe en septiembre de 2008 como técnico para el «desarrollo de acciones en prevención de riesgos laborales» para la Consejería de Empleo en un puesto para el que, de manera sorpresiva, se solicitaba «dominio de italiano e inglés». Era un requisito «aparentemente innecesario» para la labor a realizar, según apostilla la UCO, pero que permitía prescindir de posibles competidores, dado que Cristina G., como se llama la beneficiaria, «había disfrutado de una Beca Erasmus en Italia» durante su etapa universitaria.
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