Villena, radiografía de un expolio que revela la incuria de la cultura en España

Exceptuando los ajuares funerarios del yacimiento de Micenas, el Tesoro de Villena constituía el conjunto de orfebrería de la Edad del Bronce más importante de Europa. En el robo perpetrado en el MUVI el pasado 27 de agosto los ladrones sustrajeron todas las piezas elaboradas con oro, despreciando el resto, lo que acredita que su interés se centraba en el valor de la materia prima y no en el que las piezas robadas tenían por su entidad histórica.El suceso, por su relevancia, debiera haber provocado una honda conmoción social así como la reacción de las administraciones responsables de la custodia y preservación de nuestro patrimonio cultural, que hubieran debido explicar lo acontecido y su trascendencia, y evaluar con sentido autocrítico la eventual desatención de los deberes de cuidado y control de riesgos. Nada de esto ha sucedido. La noticia ha tenido difusión, más por el hecho delictivo en sí mismo que por el impacto en nuestro patrimonio histórico, y escasa incidencia social, y las administraciones públicas han evitado dar explicaciones y se han dedicado a descargarse de responsabilidades, apuntándose las unas a las otras.La cuestión debiera preocuparnos pues este tipo de hechos pone a prueba el estado de salud de nuestra sociedad. Si la pérdida o destrucción de lo que conservamos como legado trascendental de nuestra cultura y nuestra civilización no nos inquieta y aquellos en quienes tenemos delegada su custodia no responden la situación es grave y hay que hacérselo mirar.A ello vamos. La duda que me asalta tiene que ver con el estado de la cultura y sobre el nivel de responsabilidad y apego que entendemos nos corresponde, según la posición que ocupamos en el entramado en que consiste nuestra sociedad organizada.Entender la trascendencia y el significado del acervo cultural de una nación requiere de una sensibilidad a la que muchos pueden no llegar si no es a través de la educación . Este tipo de observaciones sobre la importancia de la educación se repiten muchas veces sentenciosamente, pero atienden a la verdad incuestionable de que no se puede apreciar lo que no se conoce. Incidamos por ello en que una educación orientada al entendimiento del ser humano y su proyección desde el conocimiento y la creatividad es un paso imprescindible para entender que debemos preservar el legado recibido y también enriquecerlo para quienes nos sucedan.Los resultados que arroja el informe PISA de la OCDE recientemente publicado son claramente sintomáticos sobre el estado de nuestro modelo educativo y el nivel de conocimiento que alcanzan quienes se forman sobre sus bases, pautas y procedimientos.No sorprende por ello que un ataque a nuestro patrimonio histórico más valioso muy probablemente determinante de su pérdida definitiva e irreparable no perturbe el ánimo colectivo como debiera. Lo que se ignora es imposible de apreciar y si no hay sentimiento no hay dolor .Pero este no era el plan. Los cambios sociales fruto de la Ilustración y del estallido revolucionario de finales del siglo XVIII nos convirtieron a todos en cotitulares del patrimonio histórico de nuestras naciones , atribuyéndonos a través de las leyes derechos y obligaciones sobre el mismo.«La Constitución no sólo declara el derecho de todos al acceso a la cultura, sino que impone a los poderes públicos su promoción y tutela y ese rol no se está cumpliendo»Nuestra vigente Constitución y las leyes que la desarrollan constituyen hoy para los españoles el marco positivo y formal de este modelo de convivencia. Siempre hay que retornar a este enlace pues sólo a través de la Ley, y del orden que impone, cobra sentido el entramado social que nos arropa.Respecto de la cultura dos son las cuestiones fundamentales que hay que considerar al acercarnos a la Constitución de 1978: De una parte, la declaración del derecho de todos al acceso a la cultura y la correlativa obligación de atenderlo , contemplada en el artículo 44, cuyo entendimiento requiere de una atenta lectura. De otra, la distribución de competencias entre las administraciones territoriales (artículos 148 y 149), reparto en el que al Estado se le atribuye un papel diferencial que no se le otorga respecto de ninguna otra de las materias sobre las que pueden asumir competencias las Comunidades Autónomas.La cultura es riqueza y con un marcado sentido patrimonial, pero es una riqueza en gran medida colectivizada y a cuyo acceso y disfrute todos tenemos derecho. La Constitución lo que declara no es sólo ese derecho, sino que impone a los poderes públicos su promoción y tutela.Incumplimientos y excesos Hay síntomas que alertan de que ese rol no se está cumpliendo adecuadamente. Por ejemplo, la apropiación ideológica de la cultura con una finalidad política altera por completo el sentido de la naturaleza misma del derecho reconocido y de la obligación impuesta. A los poderes públicos no les corresponde un papel ni de intérprete ni de censor, sólo de tutor e impulsor de los mecanismos que faciliten el acceso al derecho reconocido. Discriminar, cancelar o resignificar son actuaciones que no sólo no es que excedan los límites de la obligación determinada e impuesta, sino que alteran el valor del patrimonio respecto del cual se imponen esos deberes. Se está tergiversando el sentido de la obligación. La promoción y la tutela no se refieren a la cultura y mucho menos definiendo sus contornos. Aluden exclusivamente al acceso a esta. Se trata de facilitar la entrada a la cueva del tesoro, lo cual se consigue, cuidándolo, mostrándolo, difundiendo su valor e importancia para todos y allanando el camino para llegar a él mediante la educación, como hemos dicho, pues lo que no se conoce no se puede apreciar.También es importante destacar que referir la obligación a los deberes de tutela y promoción implica la existencia de unos tutelados y promovidos. Al ser el objeto de la obligación no la cultura en sí misma, sino el acceso a ella como derecho de todos, ello quiere decir que ese acceso no lo dan los poderes públicos sino aquellos que dichos poderes han de tutelar y promover. Con esto lo que queremos apuntar es que la titularidad de los resortes de la cultura es plural y que sus partícipes son muchos, públicos y privados. Es un entramado complejo en el que intervienen muchos actores. Otro dato más que muestra la evidencia de que la cultura no es apropiable por ni desde el poder. Este, además, tiene que contar con todos aquellos que tienen alguna llave de la puerta para facilitar el cumplimiento del mandato de allanar el acceso de todos a la cultura.«La Sagrada Familia de Gaudí es tan mía como de un vecino de Barcelona y las propuestas migratorias de los elementos de nuestro patrimonio atendiendo a criterios de origen o vinculación emocional o de otro tipo, como criterio general, me temo que a lo que obedecen es más al deseo centrifugador de algunos»Otro síntoma que acredita el inadecuado cumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 44 de la Constitución es lo que podríamos denominar el empeño en la ruptura de la caja única de la cultura, circunstancia que tiene que ver con límites constitucionales de la distribución territorial del poder. La cultura, además de riqueza, es riqueza nacional . Esta concepción contribuye a delimitar el alcance de las obligaciones y de los derechos. Todos somos todos y el tesoro a disfrutar es el que se localice allá donde alcanza el poder que nos constituye como nación. La Sagrada Familia de Gaudí es tan mía como de un vecino de Barcelona y las propuestas migratorias de los elementos de nuestro patrimonio atendiendo a criterios de origen o vinculación emocional o de otro tipo, como criterio general, me temo que a lo que obedecen es más al deseo centrifugador de algunos respecto de la unidad jurídica y política que nos sustenta como Estado, que a la necesidad de culminar el modelo descentralizado de gestión que ordena el Título VIII de las Constitución, que ni mucho menos aspira a esos objetivos.Léase bien el artículo 149.2 de nuestro texto fundamental, y con ello entraríamos en el examen del segundo apartado de los que hemos identificado como esenciales en relación con la cultura desde la perspectiva constitucional, el relativo a la distribución de competencias. Pero antes de ello procede alcanzar ciertas conclusiones. El alejamiento expuesto que por parte de los poderes públicos se ha producido del deber de promover y tutelar el acceso de todos a la cultura tergiversando su sentido y finalidad no ha salido gratis y pienso que la falta de reacción ciudadana por el expolio de Villena tiene mucho que ver con ello. Siendo la cultura el espacio donde de manera más intensa se ha experimentado la estrategia de la polarización y el desarme de lo que he denominado gráficamente como ruptura de la caja única (entendida como la pérdida de perspectiva de una cultura común) acompañado de una educación insuficiente en contenido, escasamente exigente en el aprendizaje y la retentiva del conocimiento, sesgada en su enfoque y muy orientada al localismo, el desapego y el desinterés por ese patrimonio que nos identifica y pertenece a todos está cantado. Muchos habrán sentido el robo como un problema ajeno y la mayoría serán incapaces de entender la trascendencia del daño en términos de valor y de significación de lo perdido.Competencias y responsabilidadesPor lo que respecta al tema de las competencias, como veremos, el estado de la cuestión es el que marca la reacción de las administraciones públicas.A mi entender a la hora de asumir competencias el deseo es infinito, pero a la hora de ejercerlas muchas veces se ponen de manifiesto limitaciones y frenos insalvables, unas veces en el orden presupuestario y otras en el de las estructuras, las dinámicas y los equipos. La politización de los cargos y la burocracia perturban considerablemente la atención de las obligaciones.Luego está el mal entendimiento de los equilibrios que comporta el sistema construido, pues muchas veces la asunción de competencias por un nivel de la Administración no significa el desentendimiento por parte de los otros dos niveles.En materia de cultura y en lo que se refiere al lamentabilísimo suceso del MUVI, que al Ayuntamiento de Villena le corresponda la gestión del museo y su colección no significa que la Generalitat deba desentenderse de sus labores de control y vigilancia sobre su colección como integrante del patrimonio histórico de la Comunidad Valenciana. La Generalitat tiene atribuida a la Subdirección General de Patrimonio Cultural y Museos, dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural , la responsabilidad sobre los museos de la Comunidad Valenciana, correspondiéndole entre otras funciones «la inspección y tutela de los bienes muebles integrantes de los museos y colecciones museográficas permanentes integrantes del Sistema Valenciano de Museos».Por otra parte, a la vista del acuerdo constitutivo del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana , alguna responsabilidad debiera de tener también este singular ente, al corresponderle según sus estatutos «coordinar e impulsar el patrimonio museístico de la Comunidad Valenciana; establecer una línea de actuación coherente y global en relación con la política museística valenciana y regular la correcta y adecuada exhibición de los diversos fondos y colecciones».Por lo que respecta al Estado , la Constitución le impone la competencia exclusiva en materia de defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la expoliación . Pero es que, además, el apartado 2 del artículo 149 le exige que considere « el servicio de la cultura como deber y atribución esencial » y que facilite «la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas de acuerdo con ellas».«Me temo que dado que en este triste asunto las tres administraciones merecen reproche ninguna hará nada por reconsiderar su posición y responsabilidad en lo sucedido sino más bien por contribuir a que se olvide»La relevancia de este precepto es tan extraordinaria como escasa la atención que se le ha prestado. El hecho de que esta reserva se realice exclusivamente respecto de la cultura denota la importancia que los constituyentes dieron a su papel. Calificar el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y asignárselo al Estado, con independencia de las competencias que sobre la materia decidiesen asumir las CCAA, pone de manifiesto dos circunstancias: la condición de la cultura como elemento cimentador de la estructura del modelo de sociedad edificado y su valor como fuerza aglutinante y vertebradora de la comunidad constituida y canal de comunicación entre sus partes. La idea de una cultura común y compartida se presentaba como elemento de cohesión , quizá en cierta medida preventiva, ante el paso dado en favor de una apuesta descentralizadora muy decidida, pero no exenta de riesgos.Pero lo que sucede es que no se ha sabido o no se ha querido atender este mandato. Más bien todo lo contrario. De una parte, la precariedad presupuestaria de las partidas reservadas a la cultura evidencia el poquísimo caso que se ha hecho a la advertencia constitucional sobre la naturaleza esencial del deber establecido. De otra, la orientación de la cultura como elemento aglutinante y de cohesión no sólo no se ha producido, sino que la tendencia ha sido toda la contraria, alimentando un relato según el cual toda muestra o manifestación encaminada en la dirección demandada por este precepto se estigmatizaba como intolerante y centralista. Por ello, la tendencia parece ser que, asumida una competencia por otro nivel de la Administración las obligaciones que comporta se dejan de sentir como propias, olvidando que en esto el Estado debiera operar como una madre que no deja nunca de serlo, aunque los hijos se independicen.No entender el juego de equilibrios entre las tres esferas de poder territorial con relación a la asunción de obligaciones acaba por deteriorar los derechos a los que estas están conectadas, pero me temo que dado que en este triste asunto las tres administraciones merecen reproche ninguna hará nada por reconsiderar su posición y responsabilidad en lo sucedido sino más bien por contribuir a que se olvide. Lamentable.Luis Trigo Es abogado y gestor cultural