La asociación de jueces Foro Judicial Independiente (FJI) ha emitido este jueves una dura carta abierta dirigida a los políticos en la que advierte de que los ataques públicos a los jueces por el contenido de sus resoluciones suponen una «grave erosión al Estado de Derecho». Una preocupación que, recuerdan, ya ha sido manifestada abiertamente por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, así como por el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el francés Mattias Guyomar, en su última visita a España, sin que la situación haya mejorado. «Seguimos igual», denuncian.En el documento, la entidad alerta de la tendencia de los representantes políticos a desprestigiar a los magistrados cuando se enfrentan a un auto o sentencia que resuelve en sentido contrario al deseado. En lugar de rebatir los argumentos jurídicos de la decisión, lamentan que se opte por emplear calificativos burdos como «estrambótica», «extravagante» o «una barbaridad».Según exponen, la estrategia que utilizan pasa por sembrar dudas sobre la imparcialidad, profesionalidad y honestidad de los jueces agarrándose a excusas, como la identidad de quien interpone la denuncia, la participación pasada en política del magistrado, los cursos impartidos o la distinta velocidad de los procedimientos judiciales.Esta actitud, defienden, resulta «extremadamente peligrosa» porque genera un daño directo a la carrera judicial y a la ciudadanía, haciéndole creer que los tribunales resuelven al margen de criterios jurídicos y obedecen únicamente al «capricho del juez».El colectivo tilda de «paradójico» que sean los políticos quienes se consideren damnificados del sistema judicial, cuando ostentan la capacidad legislativa para revertir la situación. Ante las constantes quejas por la supuesta falta de imparcialidad, la carta desgrana tres exigencias. En primer lugar, FJI reclama desterrar definitivamente los calificativos de jueces «progresistas» o «conservadores», una etiqueta que repele a una gran cantidad de magistrados que se mantienen en silencio. Para acabar con esto, exigen que el Parlamento se limite a elegir exclusivamente a los vocales no judiciales, y que los de procedencia judicial sean elegidos directamente por los miembros de la carrera mediante un sistema de representación proporcional. Esta demanda, avalada por instituciones europeas como la Comisión de Venecia, el TJUE o la Comisión Europea, es la razón -explican- por la que FJI lleva desde 2002 sin presentar ni avalar candidatos al CGPJ.En segundo lugar, la asociación exige que la designación de altos cargos en la carrera judicial se garantice mediante criterios de mérito y capacidad, eliminando los «nefastos cambios de cromos» entre vocales basados en la afinidad ideológica. Ante esto, la entidad considera «puro sarcasmo» que los políticos denuncien influencias políticas en las sentencias cuando el acceso a la carrera, los nombramientos y la facultad disciplinaria dependen desde hace más de cuarenta años de un órgano cuya composición está «absolutamente intervenida por los partidos».Para Foro Judicial Independiente, la pasividad legislativa ante estas reformas evidencia que la verdadera intención de los políticos es preservar su control sobre la Justicia y mantener intactas sus cuotas de poder, haciendo uso de una «discrecionalidad que más bien es arbitrariedad». «Seguramente hay que desjudicializar la política, pero sobre todo hay que despolitizar la justicia. Háganlo ya, está en sus manos», concluye el comunicado.
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