Antidisturbios «hostigados»

«El dispositivo del 1-O no difería en nada de una final de Champions o de una visita del Papa. Ni en los criterios de actuación, ni el material que llevan las Unidades de Intervención Policial (UIP)», conocidas popularmente como antidisturbios. Cuatro de sus agentes, un 'bocachero' y tres mandos, se sientan en el banquillo de la Audiencia de Barcelona, acusados de lesiones y torturas a un activista, Roger Español, que aquella fecha, el 1 de octubre de 2017, perdió un ojo tras recibir el impacto de una pelota de goma. Este jueves, durante la segunda sesión del juicio, uno de los responsables policiales de aquel despliegue ha defendido que los funcionarios actuaron con congruencia, oportunidad y proporcionalidad. «No había nada distinto a lo que se nos encomienda en cualquier servicio», apuntó ante el tribunal de la Sección Segunda, para recordar que son una unidad de élite. Único momento, por cierto, en el que los acusados han esbozado una leve sonrisa: ante el reconocimiento de su jefe. La abogada de Òmnium Cultural, que ejerce, junto a Irídia y la ANC, la acusación popular, ha deslizado entonces: «¿Para los agentes podría haber una carga emotiva y eso se pudo traducir en un exceso del uso de la fuerza [durante el referéndum]?». Antes de que el mando pudiese articular palabra, el presidente del tribunal ha intervenido: «No ha lugar, letrada. El testigo ya ha respondido que no había nada ajeno a cualquier otra actuación». Igual que ayer durante el arranque de la vista, el togado ha evitado que el juicio, que se centra en una concreta actuación con un lesionado durante la jornada de votación, declarada ilegal, se extienda a una revisión del conjunto del dispositivo del 1-O. Esta segunda jornada ha arrancado a trompicones no por una, sino por dos intérpretes fallidas, cuya labor pasaba por traducir del catalán al castellano las preguntas de las acusaciones a los testigos. Ante la incapacidad de la primera, el magistrado ha planteado a los abogados suspender la vista hasta localizar a una sustituta o bien proseguir. Primero, en el caso de la Òmnium, la abogada se ha 'traducido' ella misma, planteando sus cuestiones en sendos idiomas. A la llegada del relevo, su dominio del catalán era igualmente insuficiente para realizar la tarea, así que los letrados han acabado por pasarse al castellano por economía procesal. Eso sí, no sin preguntar antes a cada testigo -todos policías- si entendían el catalán. Más allá de la defensa de la lengua, por estrategia: para tratar de desacreditar luego que hubiesen entendido los insultos que les profirió la «masa» aquel 1 de octubre. Precisamente, la referencia a la «masa de personas», a la que ha aludido casi la totalidad de agentes que han desfilado por la sala -la previsión era escuchar a medio centenar pero, tras casi nueve horas de declaraciones; dos recesos mediante, se han quedado en una veintena-, ha suscitado las suspicacias de la letrada de Òmnium quien, pretendiendo desconocer el argot policial, ha reclamado a uno de ellos precisar a que se refería aludiendo a «masa». Un argot que sí ha dominado para abordar otras cuestiones técnicas, como el uso de la bocacha por parte de los escopeteros, o habiendo estudiado al dedillo la circular de 3 de septiembre de 2013 de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, que regula el uso de material antidisturbios por parte de la Policía Nacional.El lenguaje empleado por las partes no está siendo cuestión menor en este proceso. Las acusaciones se refieren al citado material antidisturbios como «balas de goma». En las UIP la orden para lanzarlas responde a «pelotas». Mismo término con el que se refieren a estas tanto sus integrantes, como las defensas en este procedimiento; la Abogacía del Estado, para tres de ellos, y el letrado Javier Aranda, en el caso del escopetero. Lo mismo ocurre cuando hablan del activista que resultó herido. Los letrados que piden hasta 13 años de prisión para los cuatros funcionarios hablan de «mutilación» de un ojo, cuya definición es «cortar o cercenar una parte del cuerpo», no obedeciendo -siendo precisos- al impacto de un proyectil de caucho, que fue lo que lo que causó la pérdida del ojo derecho a Roger Español, quien ha seguido el juicio, igual que ayer, sentado en la sala. Antes de su arranque este miércoles, ante el Palacio de Justicia, centró su breve intervención en una sola cuestión: la prohibición de las balas de goma. Algo que en Cataluña ocurrió en 2014, después del caso Esther Quintana. Y ahí pivota otro de los argumentos de las acusaciones: pretenden hacer ver al tribunal que los manifestantes desconocían que este material podía ser empleado para dispersarlos, al creer que no estaba permitido. El Parlament acordó que los Mossos d'Esquadra las sustituyesen por proyectiles de 'foam', pero tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil las siguen empleando. Hace casi nueve años, aquel 1 de octubre, las UIP las emplearon únicamente en los alrededores de uno de los centros de votación en Barcelona, la escuela Ramon Llull. Según la secuencia relatada hoy por el conjunto de testigos, todos ellos policías allí deslegados, lo hicieron al recibir una orden y tras ser «hostigados», en palabras del mando referido al principio de esta crónica. «Me iban transmitiendo como la situación violencia por parte allí concentrados iba 'in crescendo'. Que era insostenible. Habían intentado la mediación a través de bomberos para tratar de salir de allí sin sufrir ningún tipo de hostigamiento». Resultó «imposible», según le trasladó el máximo responsable sobre el terreno, que responde al indicativo Camel 50, ahora uno de los acusados y que fue, precisamente, el que recurrió a esa mediación que resultó infructuosa, tal y como admitió el propio Roger Español durante el primer día de juicio.Tras ello, con una sentada que evitaba el repliegue de los furgones policiales, llegaron tres avisos por megafonía. También los emitió Camel 50. Fueron audibles -han repetido hoy todos y cada uno de los agentes- y espaciados en el tiempo. No hubo reacción por parte de los manifestantes. Según el relato de los funcionarios, la violencia incrementaba. De insultos -«perros o hijos de puta»- a lanzamientos de mecheros, botellas y adoquines. Uno de los agentes se ha referido por error también a un «paraguas con pinchos», cuando -ha precisado después con la ayuda del presidente del tribunal- quería referirse al saliente del objeto. Hubo una maceta que les arrojaron desde uno de los balcones, e incluso cubertería. Luego llegaron los adoquines y cascotes de una obra cercana, y también las vallas metálicas que la protegían. Hubo la orden de cargar con las defensas. Una carga que habría durado «pocos segundos» y que les permitió avanzar en el repliegue de los furgones. Después llegó otra orden: la de las salvas. Según los funcionarios, tampoco sirvió para dispersar a la «masa». Finalmente, fueron autorizados a lanzar «pelotas». Fueron 17 las que se lanzaron en aquella zona, en la calle Cerdeña. Una de ellas fue la que impactó en la cara de Roger Español, dejándolo sin su ojo derecho. Este juicio tendrá que determinar si el proyectil rebotó y lo alcanzó sin ánimo lesivo o si, por el contrario, como afirma el activista, el disparo obedeció a una «represalia» por antes él haber intentado evitar que un policía recuperase su porra. Los agentes acusados reclaman su absolución, al defender que actuaron en cumplimiento de una orden: la que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para impedir el referéndum, declarado ilegal.