El Gobierno intenta por tercera vez regular la IA en la cultura

La regulación de la inteligencia artificial en la cultura vuelve al punto de partida. Después de más de un año y medio de borradores, alegaciones y críticas del sector, el Ministerio de Trabajo saca este jueves a información pública el anteproyecto de ley orgánica con el que pretende regular el uso de la IA generativa sobre la voz, la imagen y las interpretaciones de los artistas. Es la tercera vez que el Gobierno intenta regular esta cuestión, después de dos intentos fallidos: primero fue Cultura en un decreto sobre licencias colectivas que tuvo que retirar y luego fue Trabajo, en otro decreto para reformar el Estatuto del Artista, quien este verano renunció a un artículo del texto por indicación del Consejo de Estado. El órgano consultivo censuró el intento de regular mediante un real decreto materias que afectan a derechos fundamentales, como la propia imagen, la intimidad o la protección de datos. El Ejecutivo asume ese reproche y opta ahora por una ley orgánica que recupera la filosofía del polémico artículo 13, convertido durante meses en un foco de conflicto entre productores, sindicatos, entidades de gestión y asociaciones autorales. El propio anteproyecto reconoce que la regulación de la IA era «uno de los núcleos principales, si no el principal» de la reforma del Estatuto del Artista y justifica una tramitación específica para recuperar ese contenido.Según explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo en un encuentro informativo recogido por Europa Press, el texto reconoce la posibilidad de crear réplicas digitales y nuevos contenidos mediante inteligencia artificial generativa, pero únicamente dentro del marco de un contrato laboral y con consentimiento y remuneración. La utilización de esa voz o esa imagen digitalizada quedaría limitada a la obra concreta para la que fue contratada la persona artista y a sus actividades de explotación y promoción. Dicho de otro modo, una productora podría utilizar herramientas de IA sobre la imagen de un actor para completar o modificar determinados elementos de una película o una serie, pero no quedarse con esa réplica digital para emplearla libremente en proyectos posteriores: ni en segundas temporadas de series ni en secuelas de películas si no se indica en el contrato.Consenso imperfectoEl anteproyecto recoge también que los contenidos generados mediante IA deberán conservar de forma sustancial la interpretación original. Se pretende así impedir que una grabación sirva como materia prima para crear una obra completamente distinta sin participación efectiva del artista. Trabajo sostiene que el objetivo es que los usos de la IA en el ámbito artístico sean compatibles con los derechos, la seguridad jurídica, la garantía de las condiciones de trabajo y el mantenimiento del empleo, según informa Ep. El equipo de Yolanda Díaz dice que se trata de una norma pionera. Países como EE.UU. o Alemania han alcanzado acuerdos sobre el uso de la IA generativa, pero no cuentan con una ley específica. La propia memoria del anteproyecto sostiene que la falta de regulación podría generar «incertidumbre jurídica» e incluso afectar a la puesta en marcha de proyectos audiovisuales, musicales o escénicos, uno de los argumentos que las productoras vienen defendiendo desde el inicio de las negociaciones.El ministerio lleva más de un año y medio lidiando con más obstáculos que avances. Díaz lanzó un primer borrador en febrero de 2025 que provocó un rechazo casi unánime entre las empresas audiovisuales, que lo consideraban excesivamente restrictivo. Tras más de un año de negociaciones, Trabajo consiguió aproximar posiciones entre patronales y sindicatos en lo que varias de las partes definieron como un « consenso imperfecto ». Las productoras aceptaron la regulación propuesta porque les proporcionaba cierta seguridad jurídica para incorporar nuevas tecnologías a los rodajes mientras que los sindicatos la defendieron como un primer suelo de protección para seguir negociando en convenios colectivos.Artículo 13Era un acuerdo de mínimos que dejó fuera a las entidades de gestión de derechos de autor, asociaciones de intérpretes y diversos colectivos autorales. Todos ellos advirtieron de que el Gobierno estaba modificando por la puerta de atrás materias que afectaban a la propiedad intelectual y a derechos fundamentales. El Consejo de Estado les dio parcialmente la razón. En el dictamen emitido el pasado junio, el órgano consultivo concluyó que la regulación de la IA sobre la imagen y la voz de los artistas exigía una ley orgánica y pidió eliminar el controvertido artículo 13. Trabajo acabó aceptando el criterio y retiró el precepto del decreto del Estatuto del Artista. Dos meses después, el ministerio vuelve a empezar con un anteproyecto de ley específico. Trabajo evita fijar plazos para su aprobación y asegura que el sector -productoras, plataformas y artistas- respalda la iniciativa. La norma inicia ahora una larga tramitación administrativa y parlamentaria: deberá superar los informes pendientes y reunir una mayoría absoluta en las Cortes. Con lo que queda de legislatura y la soledad parlamentaria de este Gobierno, parece complicado que salga adelante.