Sumar intenta colar la instrucción de la ‘ley de nietos’ en la de Educación

«Vamos a registrar una enmienda en la primera ley orgánica que cierra plazo de enmiendas, que es la de educación, para elevar a rango normativo la presunción de exiliados a todos los españoles que salieron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955». Así, a pecho descubierto y en rueda de prensa, anunciaba el portavoz de Izquierda Unida (IU), partido integrado en la coalición Sumar, Enrique Santiago, este miércoles la intención del socio minoritario del Gobierno de colar la polémica instrucción de la 'ley de nietos' en el Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo (la conocida como ley de ratios).Se trata de un paso más de los de Yolanda Díaz en su estrategia de poner el grito en el cielo respecto a la decisión del Tribunal Supremo de suspender de manera cautelar la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las más de 400.000 personas que obtuvieron de forma masiva la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática de 2022, la llamada 'ley de nietos'. Esto es, la retirada del derecho a voto salvo que acrediten su condición de descendientes de españoles que sufrieron exilio por la guerra civil y la dictadura franquista. Una medida adoptada por el Alto Tribunal después de que Iustitia Europa y Vox alertaran de que las próximas elecciones pueden quedar viciadas de forma «irreversible» si no se paralizan de inmediato las altas automáticas, y que deja, al menos temporalmente, sin efecto a la polémica y posterior (apenas seis días después de la entrada en vigor de la norma) instrucción administrativa de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia que estableció criterios para acreditar esa condición de exiliado para, precisamente, que la ampliación del censo pudiera tener impacto electoral. Todo ello con Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, como firmante.Justicia estableció entonces una presunción automática de la condición de exiliado para los hijos y nietos de quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, extendiendo la aplicación del supuesto exilio hasta el 28 de diciembre de 1978, aunque estos si debieran acreditar dicha condición. He aquí el quid de la cuestión. Los recurrentes ante el Supremo, Iustitia Europa y Vox, cuestionan precisamente que una instrucción administrativa pudiera otorgar ese alcance a la ley de Memoria. Argumento aceptado por el Alto Tribunal a principios de este mes, dejando en suspenso las altas ya incorporadas al CERA hasta que la Sala Tercera dicte sentencia sobre el fondo del asunto. Decisión acatada, a su vez, por la Junta Electoral Central (JEC), que ha decidido no recurrir al Supremo. Se espera que esta solicite información a los consulados para verificar el nexo con el exilio de los nacionalizados.'Enmienda intrusa'Así las cosas, Sumar, impulsado por IU, registró el miércoles por la tarde lo que en jerga parlamentaria se conoce como 'enmienda intrusa' en la citada Ley Orgánica de Educación —actualmente se encuentra en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados después de que PP y Vox la salvaran el pasado mes de junio — para anular el efecto del auto del Supremo y blindar el contenido de la instrucción de Sofía Puente, que aún no ha sido calificada por la Mesa de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, ya que el mismo miércoles por la tarde culminaba la fase de presentación de enmiendas. «Lo que pretendemos, claramente, es que quede sin efecto esa sentencia. Es el mejor mecanismo» Enrique Santiago Portavoz de IU en Sumar y líder del PCEUna vez calificada y analizada, corresponde a los letrados del órgano señalar si la modificación introducida por Sumar en el texto es o no pertinente, pudiendo ya advertir que no tiene relación con el objeto de la norma. Escuchados los letrados, la Mesa de la comisión la admitirá o no a trámite. Lo habitual es que debido a la mayoría que ostentan PSOE y Sumar, que, en cualquier caso, será recurrible a través de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.«De esta forma, lo que pretendemos, claramente, es que quede sin efecto esa sentencia que infringe el Derecho Constitucional. [...] Es el mejor mecanismo para dejarla sin efecto y evitar la tramitación en el Constitucional, que acabaría fallando en favor del derecho a voto de las personas a las que les ha sido privado, pero que demorará y haría que en próximas convocatorias electorales no pudieran concurrir muy probablemente», sentenció Santiago, también líder del Partido Comunista de España (PCE), nuevamente sin esconderse y defendiendo el derecho al voto de los nacionalizados a través de la 'ley de nietos' como «inescindible». «Es un daño irreparable», zanjó este.