La Policía Municipal de Madrid ha rescatado a medio centenar de animales de un domicilio en el distrito de Moratalaz de la capital que se encontraban viviendo hacinados y en condiciones insalubres. Se trata de 48 perros de raza chihuahua, una de las más populares en las grandes ciudades, y ocho gatos mestizos.En el vídeo que han compartido desde las redes sociales oficiales del cuerpo policial, se ve cómo los animales se encontraban en condiciones insalubres, sin prácticamente alimentación ni limpieza. Fue una denuncia la que propició que los agentes se personasen en la casa.En cuanto los agentes acudieron, se encontraron los animales repartidos por las habitaciones, cuyo mobiliario estaba en muy mal estado. El domicilio, en términos generales, no era apto para acoger a tantos animales. La Policía Municipal, que abrió atestado por posible maltrato animal, tendrá que determinar por qué había estos animales y cuál era el objetivo de sus dueños. Los animales convivían entre excrementos y restos, y se repartían entre las camas, sofás, sillas y demás muebles. En algunas habitaciones se encontraron también jaulas, algunas de ellas rotas, y cajas de cartón y plástico que les servían para dormir.La dueña de la casa es una mujer de 60 años que, según han confirmado fuentes policiales a este periódico, padece algún tipo de problema mental.Ahora se enfrenta a consecuencias legales en dos vías: por la vía penal (Código Penal), si la falta de higiene provocó enfermedades, lesiones o la muerte de alguno de los animales, encararían penas de 3 a 24 meses de prisión (agravadas por ser 56 víctimas), multas e inhabilitación para tener animales de 1 a 4 años; por la vía administrativa (Ley 7/2023 de Bienestar Animal), el hacinamiento extremo sin licencia de núcleo zoológico y la insalubridad constituyen infracciones graves o muy graves sancionadas con multas de 10.001 € a 200.000 € , el decomiso definitivo de todos los perros y gatos para su rescate y la prohibición legal de volver a poseer mascotas.Por otro lado, las investigaciones pertinentes deben determinar si se trataba de un criadero ilegal con fines económicos, lo que añadiría una pena mayor.
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