Cataluña pagó 370.000 euros a la OCDE para mejorar en PISA el año que se saltó las reglas

Pidió consejo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para «sacar del pozo» a su sistema educativo tras la hecatombe de PISA 2022 -cayó de manera estrepitosa en las tres competencias evaluadas-, pero ha sido incapaz de cumplir con las exigencias mínimas establecidas por esta organización para la participación en sus pruebas de 2025. Cataluña pagó a la OCDE en 2025, año en que se realizó el último informe PISA , un total de 370.000 euros a este organismo internacional, pero, sin embargo, fue expulsada de la relevante evaluación internacional por superar ampliamente el porcentaje de alumnos excluidos (dejó fuera de la muestra a un 32% del alumnado frente al 5% permitido). En una respuesta parlamentaria a Vox, a la que ha tenido acceso ABC, la consejera de Educación Esther Niubó, reconoce que entre los años 2025-2028 la Generalitat aporta cada año 370.00 euros al organismo internacional y defiende la importancia de la colaboración, que supone un desembolso de casi 1,5 millones hasta 2028.El diputado de Vox, Manuel Acosta , critica en declaraciones a ABC el pago de esa cantidad que, a su juicio, no ha revertido en mejoras en la educación. «¿Ha servido de algo este reembolso?», se pregunta el diputado, quien desliza que la Generalitat podría usar ese pacto para «sobornar al evaluador». En enero de 2025, Generalitat y OCDE firmaron un acuerdo que supondrá un desembolso de 1,48 millones de euros entre 2025 y 2028 para ayudarle a reflotar su educación tras los pésimos resultados alcanzados en la prueba de 2022. En su respuesta oficial a Vox, la consejera Niubó defiende la importancia del pacto entre Cataluña y la OCDE, que tuvo su primer fruto en julio de 2026 con unas recomendaciones en las que el organismo internacional le recomendaba, entre otras cosas, que debía «formar mejor al profesorado» y evaluar «de forma coherente». La OCDE se ocupa del diagnóstico del sistema, el asesoramiento, la elaboración de informes, el seguimiento y la formulación de recomendaciones, mientras que Educación aporta la financiación y facilita los equipos y la colaboración técnica necesarios.La operación llega en un momento especialmente delicado para la educación catalana, marcada por el desplome de los resultados obtenidos por los alumnos en las últimas ediciones de PISA y por la exclusión de Cataluña de la comparación internacional de 2025 debido a problemas con la muestra de estudiantes participantes. El convenio con la OCDE pretende precisamente identificar los factores que están detrás de los resultados y determinar qué medidas podrían permitir revertirlos.En su respuesta parlamentaria el gobierno catalán defiende que la organización internacional «aportará experiencia acumulada en la evaluación de políticas educativas y permitirá comparar el sistema catalán con otros territorios de características socioeconómicas similares». El análisis contempla variables como el nivel socioeconómico, el origen del alumnado o la titularidad de los centros.Un primer diagnóstico en julio de 2026El calendario del acuerdo contempla que, tras la publicación del primer informe de recomendaciones (en julio de 2026) bautizado como «Prioridades para la acción», documento de 300 páginas en el que sugiere a la comunidad autónoma que realice cambios importantes en la estructura de su sistema como reforzar la formación del profesorado o mejorar la evaluación, arranque una segunda fase entre septiembre de 2026 y marzo de 2027, dirigida a aplicar las medidas consideradas prioritarias. El proyecto contempla además una tercera fase y nuevos informes de seguimiento hasta enero de 2028.La Generalitat sostiene que el trabajo de la OCDE «no se limita a elaborar un diagnóstico». El convenio prevé también orientaciones en ámbitos como la pedagogía, el currículo, la formación de los profesores y la evaluación de los centros y del personal docente. Asimismo, se establecerán indicadores para medir si las medidas adoptadas consiguen revertir la evolución de los resultados educativos, señala la Generalitat en su respuesta.Sin embargo, el gasto ha suscitado críticas entre la oposición. El diputado de Vox Manuel Acosta cuestiona el resultado obtenido hasta ahora y recuerda que el encargo se produjo en junio de 2025, precisamente cuando los resultados de Cataluña acumulaban años de deterioro en comprensión lectora, ciencias y matemáticas.«En julio de 2026 la OCDE publicó una primera conclusión, insulsa, ambigua y sin propuestas concretas ni recetas nuevas, de 300 páginas. ¿No se trata de una estrategia para sobornar al evaluador?» Manuel Acosta Diputado de Vox en el Parlament«Este encargo nos ha costado casi 1,5 millones de euros», recuerda Acosta, que considera que el primer trabajo presentado por la OCDE no estaría a la altura del desembolso realizado. Según el diputado, en julio de 2026 la organización publicó una primera conclusión que califica de «insulsa, ambigua y sin propuestas concretas ni recetas nuevas».Acosta sostiene que se trata de un informe de unas 300 páginas y cuestiona su utilidad práctica: «¿Ha servido para algo este importante desembolso?». El parlamentario llega a plantear si el acuerdo puede interpretarse como «una estrategia para sobornar al evaluador».«Todo menos consultar con los profesores que llevan años en las aulas y que saben cuáles son los problemas reales de la educación» Manuel Acosta Diputado de VoxEl diputado reclama, en paralelo, que el Departamento atienda a los profesionales que trabajan diariamente en los centros educativos. «Todo menos consultar con los profesores que llevan años en las aulas y que saben cuáles son los problemas reales de la educación», afirma.El Gobierno, por su parte, subraya que las recomendaciones de la OCDE tienen «carácter exclusivamente técnico y no vinculante». Es decir, la organización internacional puede diagnosticar, asesorar y proponer medidas, pero corresponde a la Generalitat decidir finalmente qué políticas educativas adopta.Documentos internos de trabajoEl propio convenio establece además que el informe integral de diagnóstico y recomendaciones será publicable y estará destinado a su presentación y difusión pública por parte del Departamento. En cambio, tanto «Prioridades para la acción» como el informe estratégico preliminar tienen consideración de documentos internos de trabajo.La colaboración está supervisada por una Comisión de Seguimiento formada por representantes de la Generalitat y de la OCDE, con competencias sobre las actuaciones, la financiación y el cumplimiento de los compromisos.El acuerdo deja así una paradoja sobre la mesa: mientras la Generalitat busca en una de las principales organizaciones internacionales especializadas en educación las claves para recuperar el rendimiento de sus alumnos, el diagnóstico tiene un coste de 370.000 euros anuales y las decisiones finales seguirán dependiendo exclusivamente del Gobierno catalán. El resultado del asesoramiento deberá medirse ahora no tanto por el volumen de informes producidos como por su capacidad para traducirse en cambios efectivos en las aulas.