«Estos menores que están secuestrados por el Gobierno de España, porque esto es un secuestro institucionalizado». De esta manera la portavoz en el Congreso de los Diputados de Vox, Pepa Millán, ha acusado al Gobierno de estar llevando a cabo «tráfico institucionalizado» con los menores extranjeros no acompañados en España por parte del Ejecutivo. Los de Santiago Abascal, que gobiernan junto al Partido Popular en cuatro comunidades autónomas, creen que estos repartos de jóvenes son, simplemente, un «secuestro» que sirve para «arrebatarlos de sus padres y de sus países» en colaboración con las mafias marroquíes. Tras la invasión de Ceuta, donde llegaron a acceder a territorio español ilegalmente más de 70.000, 1.500 menores han logrado permanecer en la ciudad autónoma y, debido al Real Decreto 743/2025, deberán ser repartidos por el territorio debido a la situación de contingencia en el enclave norafricano. Este lunes, el propio José Antonio Fúster, portavoz nacional de la formación, reconoció que ya habían acogido a 33 menores en sus comunidades autónomas debido a la «obligación» que les impone a la ley. En todos los casos, según ha defendido Millán en rueda de prensa, tratarán de obstaculizar los trámites para no recibir a los chavales. «Donde Vox está gobernando, se está cortando el grifo a todas las ONGs y se están realizando todas las pruebas de edad que antes no se realizaban para saber si son menores o no», ha valorado, añadiendo que también exigirán que se cumplan los acuerdos con Marruecos para la devolución de sus menores. Con otros países del norte de África, como Argelia, Túnez, o Libia, España no mantiene ningún tratado para la devolución de los chavales, por lo que su regreso se dificulta. A pesar de haber reconocido que cumplirán la ley y que deberán acoger a menores si se demuestra que verdaderamente tienen menos de 18 años y no se ha logrado localizar a su familia, Millán ha acusado a los medios de comunicación de querer «sacar el titular de que Vox está de acuerdo con ese reparto de menores». Ha advertido de que no se puede «permitir que se falte a la verdad» y que el verdadero culpable es el «Gobierno y Fiscalía», que están «imponiendo a los españoles que tengan que soportar en las calles de sus municipios o de sus ciudades».Desde Vox reconocen que saben «muy bien» cuáles son las competencias «de cada uno» y cuáles son las «intenciones de cada uno». «A nosotros no nos van a decir que queremos acoger a estas personas porque es mentira», ha sentenciado. El plan, según informó ayer Fúster y ha querido remarcar que están exigiendo «pruebas de edad», recurriendo judicialmente a cada petición de acogida y «cortarle el grifo a las ONGs».
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