El Gobierno fracasa por octava vez en su empeño para que el catalán sea oficial en la UE

Por octava vez en tres años, los socios europeos de España le han vuelto a dar la espalda a las pretensiones del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer del catalán y las demás lenguas regionales españolas idiomas oficiales de la UE. Aunque el secretario de Estado Fernando Sampedro ha insistido a su llegada a la reunión en Bruselas que «ya no hay argumentos para oponerse», varios de sus colegas de otros países le han reprochado que intente hacer chantaje y amenace con vetar cualquier ampliación de la UE si no se aceptan sus pretensiones.El viceministro irlandés Thomas Byrne, que ejerce la presidencia, ha aceptado la petición del Gobierno de España para que la cuestión del catalán fuera tratada de nuevo, esta vez vinculada con la ampliación, es decir, con la amenaza de que España vetaría el ingreso de cualquier nuevo miembro si antes no se añaden el catalán el gallego y el euskera a la lista de las lenguas oficiales. Como solo era un punto añadido como miscelánea en el orden del día de la reunión, a su llegada también dejó claro que no se podía esperar ningún resultado ni ningún cambio en la evolución de este dossier. En cierto modo, Byrne se equivocó porque ha habido algún cambio, pero sobre todo en la percepción de algunos de los países que empiezan a dar señales de que les queda poca paciencia. En los hechos, dentro de la reunión el secretario de Estado español ha intervenido durante 5 minutos y el asunto se ha vuelto a archivar. Tal como señaló a la entrada, tenía pensando exponer su convencimiento de que a su juicio «no hay argumentos para oponerse» y que España «ha dado todas las explicaciones y garantías» para demostrar que no tendría costes financieros para la UE y que, en contra de lo que señalan los servicios jurídicos del Consejo, no se necesita modificar los tratados. Sampedro ha usado hasta las sutilezas jurídicas del estatus del árabe en Naciones Unidas para justificar sus pretensiones. Sin éxito.En realidad, cuando llegaban a la sala ningún ministro o secretario de Estado habló favorablemente de las pretensiones españolas. Lituania, Suecia, Croacia o Alemania dijeron que el asunto ya se había discutido, que las dudas esenciales no se habían podido disipar y que es una práctica poco amistosa utilizar el chantaje en asuntos europeos para alcanzar objetivos políticos internos. La impresión en general es que los países miembros están al cabo de la calle de lo que está pidiendo el Gobierno de Pedro Sánchez y por qué. Por ello se considera que el asunto está a años luz de encontrarse siquiera cerca de lograr la unanimidad requerida.