Desahucian a Maricarmen, la vecina de Retiro de 87 años, pese a la resistencia de decenas de activistas

María del Carmen Abascal, la mujer de 87 años que afrontaba este miércoles su cuarto intento de desahucio , ha abandonado finalmente su vivienda a las 13.00 horas en camilla, atendida por los servicios sanitarios y entre gritos de «no estás sola» y «asesinos», y ha sido trasladada al Gregorio Marañón por prevención. La comisión judicial había entrado horas antes en el inmueble situado en el número 46 de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el barrio de Ibiza (distrito de Retiro). Los funcionarios accedieron pasadas las 9.30 horas para ejecutar el lanzamiento, mientras cientos de personas permanecían concentradas en los alrededores para tratar de impedirlo. Desde primera hora, la Policía Nacional (200 agentes en total) había acordonado la zona y despejado los accesos al portal, donde durante la noche habían acampado miembros del Sindicato de Inquilinas y vecinos en apoyo de la mujer. A pesar del dispositivo policial, varios manifestantes han conseguido entrar en el portal para intentar frenar el desahucio. Los agentes han procedido posteriormente a desalojarlos del inmueble y han despejado de nuevo el acceso a la vivienda.El lanzamiento se produce después de varios aplazamientos y años de batalla judicial. La historia se remonta a 1956, cuando el padre de Maricarmen firmó el contrato de alquiler de la vivienda, entonces bajo el régimen que hoy se conoce como renta antigua (los firmados bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964). A su muerte, el contrato pasó a su esposa y, cuando esta falleció en 2005, se produjo una segunda subrogación, esta vez en favor de su hija. Ahí se encuentra el origen del conflicto.La legislación vigente limita las subrogaciones de los contratos de renta antigua y la propiedad sostiene que el contrato de Maricarmen debía haber quedado extinguido en 2007 (la segunda subrogación sólo puede tener una duración de dos años). La normativa contempla una excepción para determinados descendientes convivientes con una discapacidad superior al 65%. Sin embargo, Maricarmen tiene reconocida una discapacidad del 50% y movilidad reducida como consecuencia de varias operaciones de cadera.Durante años, la mujer continuó viviendo en el piso y pagando el alquiler en las condiciones del contrato. Pero en 2018 la propiedad del edificio pasó a Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L., después de que la inmobiliaria Renta Corporación le ofreciera el piso a Maricarmen por 247.000 euros. Según la información publicada por distintos medios, la compañía cuestionó entonces la vigencia de la segunda subrogación y comenzó la batalla judicial que terminaría con un fallo favorable a la empresa en el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo. En primera instancia, los tribunales habían dado la razón a Maricarmen.Un incremento de alquiler de hasta el 275%El conflicto se agravó cuando la propiedad reclamó una subida sustancial de la renta. Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales con una mensualidad actualizada cada año conforme al IPC y otros gastos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y la cantidad reclamada llegó a situarse en 2.650 euros, cuando su pensión es de 1.450. La defensa de la octogenaria, Beatriz Duro, ha explicado ante los medios de comunicación que han estado alrededor de una hora negociando con al comisión judicial y la propiedad, pero que se han «negado a suspender el desahucio por ninguno de los motivos alegados». «Hay un escrito en el juzgado pendiente de resolver. Han dicho que les da exactamente lo mismo. Hemos alegado razones humanitarias y también les da exactamente lo mismo», ha señalado.Incluso una persona anónima se ha ofrecido a asumir la diferencia entre la cantidad que Maricarmen podía pagar y la renta reclamada por la propiedad. También se planteó aplazar el lanzamiento para disponer de más tiempo y buscar una alternativa habitacional. Sin embargo, según ha trasladado la defensa, Urbagestión, que según denuncian los colectivos que apoyan a Maricarmen, trató de incrementar su alquiler un 275%, no ha querido negociar ninguna de estas opciones.Imágenes durante el desahucio de Maricarmen EFELa Delegación del Gobierno en Madrid ha querido desvincularse del operativo policial desplegado en Alcalde Sainz de Baranda. Fuentes del organismo han señalado que la Policía Nacional actúa en este caso «bajo mandato judicial» y han precisado que la Delegación no dirige el dispositivo. La institución, no obstante, ha manifestado su oposición al desahucio. Su pronunciamiento se produce después de que el Sindicato de Inquilinas responsabilizara directamente del despliegue al delegado del Gobierno, Francisco Martín, y le reprochara que no haya atendido sus llamadas.Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado que el Ayuntamiento de Madrid ofrece a Maricarmen «un recurso habitacional de manera inmediata»: «A nadie nos gustaría vivir una situación como la que está viviendo Maricarmen en estos momentos. Desde el punto de vista humano, creo que es una situación muy dura y muy difícil la que está atravesando. Y desde el punto de vista de los gobiernos, lo que tenemos que hacer es, cada uno en el ámbito de nuestras competencias, no quitarnos de en medio, sino tratar de que podamos paliar una situación dramática por la edad y la condición física que tiene esta señora».La Comunidad de Madrid le ofreció dos veces a Maricarmen una plaza en una residencia públicaEl regidor ha insistido en que «el ayuntamiento ha puesto todos los medios de sus Servicios Sociales a su disposición». «Tiene, por supuesto, el servicio de teleasistencia, 90 horas de servicio de ayuda a domicilio con terapia ocupacional, hay un contacto con Samur-Protección Civil y el Samur Social en estos momentos se encuentra también en las inmediaciones donde se está produciendo el desahucio. Si se ejecuta definitivamente, los Servicios Sociales del ayuntamiento están en condiciones inmediatas de poder proporcionar un recurso asistencial y habitacional a Maricarmen para que, de manera inmediata, pueda disponer de un techo bajo el que pueda dormir, pueda descansar y pueda tratar de recuperarse de esa situación física y psíquica en la que en estos momentos se encuentra», ha insistido.También la Comunidad de Madrid le ofreció dos veces una plaza en una residencia pública. «Hay dos administraciones, en este caso la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que han trabajado de manera conjunta para poder ayudar a esta mujer, mientras que tenemos a una ministra y un ministro, Óscar López, que no han hecho absolutamente nada más que faltar el respeto a los madrileños», ha planteado el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.