La ministra de Sanidad, Mónica García, se enfrenta en Ceuta a una crisis sanitaria que, esta vez, apunta directamente a su Ministerio. La ciudad autónoma se prepara para una huelga de médicos este jueves 24 de septiembre, en un escenario marcado por las denuncias de los profesionales sobre presión asistencial, falta de personal y sobrecarga de las plantillas. El problema adquiere una dimensión especialmente relevante porque Ceuta, junto con Melilla, es uno de los dos territorios donde la gestión sanitaria permanece directamente en manos del Estado a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad.
La protesta llega después de semanas de tensión en la sanidad ceutí. Los sindicatos sanitarios denuncian que los profesionales están soportando una presión asistencial creciente y reclaman medidas para reforzar y estabilizar las plantillas. CEMSATSE, sindicato mayoritario en la Mesa Sectorial del INGESA, ha convocado movilizaciones y sostiene que la situación ha alcanzado un punto límite. Entre sus reivindicaciones figuran contratos de mayor duración, cobertura de las plazas vacantes y medidas capaces de atraer y retener profesionales en la ciudad.
El conflicto coloca a Mónica García ante una situación especialmente incómoda: los sanitarios que dependen del sistema que administra su Ministerio han decidido salir a la calle mientras el Gobierno defiende que los recursos disponibles son suficientes. La propia ministra visitó Ceuta el pasado 17 de septiembre, apenas una semana antes de la huelga, y negó que existiera un colapso en el Hospital Universitario de Ceuta.
García reconoció, eso sí, que existe una mayor presión en determinados servicios, entre ellos Urgencias, Medicina Interna, Pediatría y Medicina Preventiva. La ministra defendió durante su visita que el hospital estaba funcionando al 53% de su capacidad y que se habían incorporado profesionales de refuerzo para hacer frente a las necesidades asistenciales.
Las cifras que maneja Sanidad contrastan con el diagnóstico de los representantes de los trabajadores. INGESA asegura que el Área de Salud de Ceuta dispone de 1.051 plazas y que a mediados de septiembre había 188 profesionales más en activo que el 31 de mayo, antes de la crisis registrada durante el verano.
Problemas estructurales
Es precisamente este choque de diagnósticos el que alimenta el conflicto. Mientras Sanidad reivindica una dotación de profesionales sin precedentes, los sindicatos consideran que el incremento de efectivos no sólo es verdad, sino que hay problemas estructurales de la asistencia y que la presión continúa recayendo sobre unas plantillas sometidas a una elevada carga de trabajo. Tanto que algunos se están dando de baja y otros plantean su renuncia.
Uno de los datos utilizados por los representantes de los sanitarios para describir la situación es el volumen de actividad asistencial. CEMSATSE ha denunciado que se superan las 500 asistencias diarias entre Atención Primaria y Urgencias, una presión que, según el sindicato, se suma a las dificultades específicas que presenta Ceuta por su situación geográfica y por las necesidades asistenciales derivadas de los movimientos migratorios.
La tensión llegó a hacerse visible durante la visita de la ministra. Sanitarios y pacientes reclamaron públicamente cambios en la gestión y algunos llegaron a pedir la dimisión de Mónica García y de la dirección del INGESA. Las protestas reflejan el creciente enfrentamiento entre la versión oficial de la Administración y la percepción de quienes trabajan y utilizan diariamente el sistema sanitario público de la ciudad.
Gestión sanitaria
La disputa no es menor. En pocas comunidades autónomas puede establecerse una relación tan directa entre la Administración central y la gestión cotidiana de la sanidad pública. El Real Decreto que regula INGESA establece que este organismo gestiona las prestaciones sanitarias en Ceuta y Melilla y que sus estructuras territoriales dependen orgánica y funcionalmente de él.
Por eso, la huelga del jueves coloca el foco sobre una cuestión política difícil de esquivar para el Ministerio: si los profesionales denuncian que el sistema está sometido a una presión que hace necesario ir a la huelga, la responsabilidad de buscar una solución no puede diluirse entre diferentes administraciones autonómicas. En Ceuta, la gestión sanitaria corresponde al Estado.
La situación tiene además una particularidad que alimenta todavía más la controversia. Sanidad defiende que nunca había habido tantos profesionales en activo en el área sanitaria ceutí. INGESA cifra en 90 el incremento de efectivos y asegura que el número de especialistas del Hospital Universitario ha pasado de 135 en 2018 a 151 en 2026.
La presión migratoria ha añadido además una carga asistencial extraordinaria sobre una sanidad que ya arrastraba problemas de plantilla. Desde la entrada masiva registrada a finales de julio, miles de personas han permanecido en playas, calles y asentamientos improvisados, obligando a multiplicar las atenciones sanitarias y los dispositivos de triaje. En estos 50 días de invasión, los servicios sanitarios llegaron a atender a unos 5.800 migrantes, mientras los profesionales denunciaban jornadas marcadas por la sobrecarga y dificultades añadidas como la falta de traductores.
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