El escándalo de la compra de votos socialistas en Argentina desvelado por OKDIARIO ha puesto de manifiesto los métodos fraudulentos del partido del Gobierno a la hora de captar apoyos en el exterior. La clave del pucherazo está en el denominado voto rogado, cuya reforma se convirtió en el objetivo de Pedro Sánchez nada más llegar a la Moncloa. En 2021 presentó la modificación el Congreso de los Diputados y la nueva norma salió adelante en 2022, casualmente a la vez que la Ley de Memoria Democrática avalaba la nacionalización de los denominados nietos del exilio.
Fue la ex secretaria general del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, la que, aprovechando la reforma del voto rogado –que suprimía la obligación de aportar a los solicitantes del voto por correo en el exterior un documento que certificase su identidad–, diseñó un sistema consistente en crear un «circuito de compañeros» orientado a captar el mayor número de pasaportes, incluidos los de las personas muertas, para, aprovechando la no obligatoriedad de certificar la identidad de los solicitantes de voto por correo en el exterior, tejer una estructura fraudulenta en favor del PSOE. O sea, del voto rogado al voto robado, un plan siniestro que empezó a funcionar en los comicios generales de 2023 y que, al impulso de la ley de nietos, tenía que alcanzar velocidad de crucero con la mirada puesta en las elecciones de 2027. Y de no ser por el Tribunal Supremo, que ha suspendido la inscripción en el censo de los nuevos nacionalizados, se habría llevado a término.
OKDIARIO ha probado el fraude socialista en Argentina, pero ¿quién garantiza que el pucherazo no se haya extendido por otros países? Es cierto que los propios socialistas argentinos emitieron un comunicado criticando el rechazo y repudio a las prácticas de Suárez, «reñidas con las más elementales conductas democráticas». Tan antidemocráticas, que el PSOE la colocó tras el escándalo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se supone que como premio a los servicios prestados.
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