Después de consumar su asalto a las universidades privadas con un decreto aprobado en octubre que impone varios requisitos que dificultan la apertura de nuevos campu s, casi un año más tarde el Gobierno continúa por la misma senda. Este lunes, la ministra de Educación, Milagros Tolón, ha continuado su cruzada contra las empresas educativas presentando el decreto de FP. La semana pasada, Pedro Sánchez anunció un nuevo decreto por el que se exigirá más presencialidad en grados como los sanitarios y obligará a que los campus cuenten con un 50% de profesores doctores. La obsesión del Ejecutivo contra las universidades es notoria. La FP privada (que ahora también se imparte en la universidad) es una modalidad que matricula a casi el 35% de los alumnos de Formación Profesional, con 1.417 centros en España. El sector, como ya ocurrió con la universidad, está preocupado y «no descarta recurrir si el texto sale adelante en los términos actuales».Lo que se persigue es crear un filtro que sólo dejará sobrevivir a aquellos centros que se adapten a toda una batería de requisitos técnicos. De hecho, el primer título del decreto será de obligado cumplimiento sólo para la FP privada. La primera gran traba se dirige a la especialización de nicho, que deja de estar permitida. Cada centro debe ofrecer al meno s dos familias profesionales con dos ciclos básicos, medios o superiores en cada una de las familias o un itinerario completo en una sola familia profesional. Es decir, un centro que únicamente ofrezca un ciclo de informática dejará de poder operar. Otra de las grandes novedades son las horas lectivas y de tutorías que tendrán que impartir los docentes en las modalidades semipresenciales y virtuales, que deberán ser las mismas que en la FP presencial.En la modalidad virtual, se exigirá un 15-39% de presencialidad, más allá de las prácticas en empresas. En la modalidad semipresencial, el 40-60% de la actividad lectiva tendrá que ser presencial. Se espera que el texto esté aprobado a final de año, y por la vía exprés (es decir, tramitación de urgencia). Ahora tendrá que esperar a las alegaciones, a los informes preceptivos de los ministerios y al dictamen del Consejo Escolar de Estado. También habrá un número de alumnos por profesor máximo de 80 alumnos para el curso 28-29, un máximo de 65 alumnos para el curso 29-30 y un máximo de 50 alumnos para el 30-31.
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