En vivienda, el desahuciado es el Gobierno

La acampada en la Puerta del Sol tras el desahucio de Maricarmen pretende evocar el 15-M de 2011 y convertir un caso individual en símbolo nacional. El Gobierno, que llevaba desde julio aplazando su decreto de vivienda, lo ha desempolvado a toda prisa bajo la consigna de que no haya «una sola Maricarmen más». Sería un error aceptar el marco impuesto por la izquierda. Maricarmen merece respeto; el problema de la vivienda, rigor . Su gravedad exige examinar resultados, no propaganda. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, España ha ganado casi 3,1 millones de habitantes: de 46,7 a 49,8 millones entre julio de 2018 y julio de 2026, según el INE. La oferta no ha seguido ese ritmo: solo el año pasado se formaron unos 240.000 hogares y se terminaron apenas 92.000 viviendas, según el Banco de España, que cifra en unas 755.000 el déficit acumulado desde 2021 y advierte de que superará el millón en 2028. No hay política social capaz de derogar esa realidad.El alquiler lo refleja aún mejor. El Banco de España ha descrito cómo se dispara el precio de los nuevos contratos mientras quienes ya tienen uno quedan a resguardo. Es un mercado dual, que protege al que está dentro y traslada el coste al que intenta entrar: jóvenes, recién llegados y hogares de menor renta, obligados a retrasar su emancipación o a destinar al alquiler buena parte de sus ingresos. El supervisor advierte de que los topes de precios, sin más oferta, reducen la inversión y expulsan viviendas del alquiler.El Gobierno se resiste a admitir que sus políticas agravan el problema. Topes de precios, prórrogas extraordinarias, inseguridad regulatoria y una legislación que carga sobre los propietarios –en su inmensa mayoría particulares con una sola vivienda alquilada– las responsabilidades del Estado deterioran los incentivos para ofrecer alquiler estable. En 1985, el Gobierno de Felipe González suprimió para los nuevos contratos la prórroga forzosa heredada del franquismo, con el fin de estimular la construcción de viviendas en alquiler. Y en 1994 otro gobierno socialista, tras corregir los excesos que pudieron generarse, fijó un equilibrio sobre una premisa escrita en la ley: un marco normativo razonable es «condición necesaria» para potenciar la oferta. El PSOE de hoy ha desmontado ese equilibrio pieza a pieza.Tampoco bastan los anuncios. En diciembre de 2023, Sánchez comprometió «todos los recursos del Estado» para habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. Hoy presume de haber «movilizado» más de 120.000, una categoría suficientemente elástica para incluir actuaciones muy distintas, pero no ofrece un balance equivalente de cuántas viviendas de aquella promesa están ya terminadas y a disposición de sus destinatarios. Esa opacidad retrata una política más volcada en la imagen que en cambiar la realidad.El nuevo decreto amenaza con reincidir en el error. Incluye ayudas para pagar la entrada de la primera vivienda, un estímulo a la demanda que, sin más oferta, solo recalentará los precios. La rebaja del IVA a la vivienda protegida apunta en la buena dirección, pero la calificación permanente ahuyentará a los promotores privados. Ninguna medida sustituye la prioridad esencial: construir más, movilizar suelo para abaratar los precios, reducir trabas administrativas y dar seguridad jurídica. El Gobierno replica que PP y Vox tumbaron el decreto que habría evitado el desahucio de Maricarmen. Olvida que suspender desahucios no crea una sola vivienda : solo traslada a un particular una obligación del Estado. Las medidas que prepara el Ejecutivo confirman que pretende responder a la crisis con más intervención, protección frente a desahucios y regulación de contratos. España tiene un problema grave de vivienda, pero no insoluble. Lo irresponsable es utilizar a una anciana para perseverar en políticas que estrechan el acceso al mercado mientras dicen proteger a quienes quedan fuera. Después de ocho años, el Gobierno no puede presentarse como espectador de una crisis cuya evolución lleva su firma. Antes de fabricar otro símbolo, debería reconocer su fracaso. El verdadero desahuciado de su política de vivienda es el propio Gobierno.