La oferta de alquileres cae en 300.000 casas cuando el Gobierno prometió 184.000 más

El Gobierno volverá hoy a aprobar un decreto con medidas en materia de vivienda que promete ser todo un terremoto para el mercado del alquiler. Porque el Ejecutivo y sus socios quieren ahora ir más allá de la intervención de los precios y legislar sobre la duración de los contratos y vetar la compra de vivienda por parte de los fondos de inversión, a los que La Moncloa acusa de especular con las rentas. En el sector residencial, sin embargo, creen que se trata de un recetario fallido con el que el Gobierno de Pedro Sánchez busca tapar el fracaso de sus políticas de vivienda durante los últimos ocho años, en los que el precio del alquiler se ha disparado un 40% en España, la oferta ha caído en más de 300.000 casas y la inmensa mayoría de los 184.000 pisos públicos que prometió el presidente hace cuatro años no están ni por los cimientos .El hundimiento de los alquileres es sideral. En 2019, a los pocos meses de aterrizar Pedro Sánchez en el Gobierno, al mercado del alquiler salían alrededor de un millón de viviendas al año y el precio medio de los alquileres rondaba los 857 euros, aunque ya se rebasaba con normalidad ese valor en las grandes capitales españolas. Siete años después, tras distintas intervenciones para tratar de aliviar las rentas, en España se paga de media 1.211 euros y la disponibilidad de arrendamientos en el mercado ha descendido a 660.000 pisos, según los datos del Observatorio del Alquiler.El drama está servido y más cuando los salarios apenas han evolucionado un 20% en ese periodo, una ganancia de poder adquisitivo que, en todo caso, se la ha comido casi por completo la inflación. El colectivo más golpeado son los jóvenes que dependen del alquiler para independizarse porque no tienen ahorros para acceder a la compra. Con ese telón de fondo, el Gobierno se decantó hace casi tres años y medio por limitar los precios del alquiler en las áreas donde mayor tasa de esfuerzo acusaban los inquilinos y las consecuencias han sido nefastas en algunos lugares. En la provincia de Barcelona, la mayor de las intervenidas, los precios del alquiler han logrado moderarse, pero la oferta de arrendamientos ha caído en 50.000 unidades desde su intervención. En consecuencia, hoy cada piso que se publica en los portales inmobiliarios se lo disputan 418 familias .«Estas medidas no han empeorado la situación, aunque tampoco han resuelto el problema de fondo. Han contribuido a contener parte de la presión existente sobre el mercado del alquiler y a evitar que la situación fuera aún más tensionada. En el caso de las intervenciones sobre el mercado del alquiler, han ayudado a intentar estabilizar los precios, aunque también algunos propietarios han optado por retirar sus viviendas del mercado aunque no ha sido un comportamiento mayoritario», analiza Ramón Bastida , profesor de la UPF-BSM y director de la Cátedra de Vivienda Digna y Sostenible de la UPF-BSM y Metropolitan House. Otro triturador en la generación de oferta ha resultado ser la moratoria para los desahucios, que empezó como una herramienta coyuntural durante la época del Covid-19 y se perpetuó hasta que en enero de 2026 el Congreso lo tumbó dentro del decreto ómnibus. Para Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense, el error de estas medidas está en la no distinción que se hace entre proteger a las personas vulnerables y la forma en que se financia esa protección. «El Estado tiene la obligación de atender a quien no puede acceder a una vivienda. Lo que no me parece razonable es que esa obligación pública se traslade a propietarios particulares».Sin parque público de viviendaDentro de esas competencias que tiene el Estado está la de generar vivienda para los hogares de menos recursos que son los que al final se ven abocados a dejar de pagar el alquiler para seguir subsistiendo. El Gobierno de Sánchez, de hecho, se comprometió a ello poco después de arrancar la segunda legislatura y a principios de 2021 el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, anunció la puesta en marcha de 100.000 viviendas, para más tarde, en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, elevar la promesa a 184.000 viviendas públicas para destinarlas al alquiler con precio por debajo de mercado, como así aseguró el presidente Sánchez. El objetivo de fondo: equiparar el parque de vivienda público español al de Europa que apenas representa el 2,5% del total de viviendas frente al 8% continental.Pero después de más de tres años ese proyecto, el conocido como Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA), sigue sin ser tangible: de las 184.000 casas prometidas solo están disponibles las que ya estaban construidas y que el Gobierno de Pedro Sánchez incluyó en esa hoja de ruta para engordar la cifra real. Hoy, el Ministerio de Vivienda asegura que tiene 120.479 viviendas movilizadas, pero no ofrece dato alguno sobre los pisos de alquiler asequible que se construyeron bajo este plan y hoy en día están habitados.Después de más de tres años el conocido como Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA), sigue sin tener resultados tangiblesLa vía más ágil la han encontrado con la empresa estatal de vivienda que han refundado a partir de Sepes y la han bautizado como Casa 47. A esa entidad irán a parar durante los próximos años más de 40.000 viviendas procedentes de Sareb y otras tantas miles de diferentes administraciones públicas. Con todo, los primeros pasos de Casa 47 están siendo decepcionante s: los primeros 638 pisos publicitados -el Gobierno aseguró que serían 800- están situados en zonas de poca demanda, alejadas de las áreas verdaderamente tensionadas y las rentas que se piden no son, en muchos casos, tan bajas como se prometían, por lo que en el sector residencial nadie ve que la nueva entidad vaya a ser verdaderamente una solución para desahogar el mercado.