Apenas ocho semanas de que expirara el plazo que le había impuesto la Comisión Europea para remitirle la última solicitud de pago de los fondos del Plan de Recuperación, que está ligada a la consecución de 148 hitos y objetivos que Bruselas deberá revisar, el pasado 28 de julio el Ejecutivo de Pedro Sánchez realizó su enésimo malabarismo con un dinero que en teoría debiera haber servido para reflotar la economía española tras la pandemia al desviar 15.234 millones de euros que aún tenía pendientes de adjudicar a un puñado de empresas públicas. Además, apenas un mes después (el uno de septiembre) el Consejo de Ministros aprobó una disposición con la que trata de dejar fuera del control de esos gastos a la Intervención General del Estado (IGAE).
Así lo denunció ayer el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, en una rueda de prensa en la que afeó a la Moncloa la renuncia “al más mínimo control administrativo” sobre el destino final de los fondos europeos. Para contextualizar el caso, hay que empezar por explicar que esos 15.234 millones de euros forman parte del montante que no se pudo asignar a tiempo; es decir, antes de la fecha impuesta por la Comisión como límite para consignar los recursos no ejecutados hasta ahora. Con el reloj corriendo en su contra, entonces el Consejo de Ministros aprobó una enésima adenda al Plan de Recuperación -la novena en seis años- que incluía la asignación de ese capital a un listado de entidades gestoras públicas: IDAE, SEPIDES, Red.es, SETT, ICO y Biodiversidad.
Con esto, el Ejecutivo podía acreditar el cumplimiento de determinados hitos antes del 31 de agosto, a la vez que se reservaba para más adelante la inversión material requerida. En opinión de los populares, esto no es más que otro ejemplo de la «improvisación» de la Moncloa en la gestión de esos recursos, con el agravante de que no se ha impuesto una fecha límite para la inversión real de ese dinero en planes concretos.
O al menos, así se desprende de la lectura de la disposición que se aprobó el pasado uno de septiembre, que no incluye un plazo para la ejecución de las inversiones, pero sí ese polémico apartado quinto que en la práctica abre la posibilidad de eliminar la capacidad supervisora de la IGAE para la fiscalización de esos gastos. Concretamente, el texto establece que la emisión de un «certificado» por parte de la entidad decisora o ejecutora que corresponda será suficiente a efectos de considerar «en el ejercicio de la función interventora que correspondiera» que el dispendio corresponde a la ejecución del Plan de Recuperación en tiempo y forma.
El documento precisa que esto se aplicará sin perjuicio «del resto de aspectos a verificar» -el matiz es importante- en atención al régimen interventor que se aprobó allá por 2020 cuando el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia echó a andar; para los populares, la redacción de la norma ilustra a las claras una intención de dejar fuera a la intervención.
En opinión de Alberto Nadal, además, esta alambicada maniobra no es más que otro intento de ejecutar inversiones solamente sobre el papel y asegurarse la recepción del dinero, sin atender a cómo se va a disponer de ese capital y hasta qué punto servirá para aumentar la productividad de nuestro país, que al fin y al cabo es el objetivo último del Plan de Recuperación. Y lo cierto es que el Ejecutivo no ha hecho maniobras únicamente con esos 15.000 millones de euros transferidos a empresas públicas, pues a ello habría que añadir otros 15.000 millones aproximadamente que, según cálculos del PP, siguen pendientes de ejecución y que también se van a beneficiar de esa disposición que elimina cualquier límite temporal para el desembolso de las ayudas.
Más allá de estos malabarismos contables, lo cierto es que, a falta de un día para que termine el plazo fijado por el Ejecutivo de Von der Leyen para que España le solicite el último desembolso de las ayudas Next, el balance de estos seis años no es demasiado halagüeño. Si en la primera adenda del plan, remitida a la Comisión Europea hace ahora poco más de un lustro, nuestro país solicitó 163.014 millones, con la última adenda ya sobre la mesa esa cuantía ha quedado reducida en 61.706 millones, lo que equivale a decir que España ha renunciado al 38% del capital que podía recibir.
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