El PP de Ayuso pide una comisión sobre la ley de nietos tras subir el 40 por ciento el voto exterior en Madrid

Cerca de un tercio de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) desde octubre de 2022 han sido asignados a la Comunidad de Madrid: 132.771 altas, lo que supone un incremento de casi el 40 por ciento del voto exterior. Con este dato en las manos, el Partido Popular de Ayuso ha registrado en la Asamblea de Madrid una solicitud de creación de una comisión de estudio para abordar el impacto de la ley de nietos en el censo electoral de la Comunidad de Madrid : «Ninguna otra provincia se acerca a la cifra de Madrid. Barcelona apenas cuenta con 50.000 personas inscritas». Según la propuesta registrada por el Grupo Popular en la Asamblea, la comisión debe estudiar el número y evolución de las adquisiciones de nacionalidad, así como su desglose estadístico, número de nacionalizaciones efectuadas a través de la Instrucción de la disposición octava de la ley de Memoria Democrática y la posible incidencia en el censo electoral madrileño, También analizará la evolución del censo de residentes ausentes desde la entrada en vigor de la llamada 'ley de nietos', distribución de las inscripciones electorales por países de residencia (respetando las limitaciones derivadas de la normativa de protección de datos), impacto habitual del voto CERA en procesos electorales, coordinación entre los registros civiles, las oficinas consulares, el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina del Censo Electoral y las restantes administraciones competentes, así como los procedimientos de inscripción, actualización y depuración censal.La comisión de estudio, que se aprobará previsiblemente al contar el PP con mayoría absoluta en el Parlamento madrileño, desarrollará su cometido durante el periodo de octubre de 2026 hasta febrero de 2027. La Asamblea se disolverá a finales de marzo, cuando se convoquen las elecciones autonómicas del próximo 23 de mayo. En la solicitud registrada, los populares explican que la denominada 'ley de nietos' es, en realidad, una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022 que permite adquirir la nacionalidad española de origen a descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo. Avisan de que la Instrucción de 25 de octubre de 2022, dictada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, desborda el supuesto del exilio, haciendo extensiva la posibilidad de adquirir la nacionalidad a cualquier descendiente de español, independientemente del momento histórico en el que el familiar abandonó España, e independientemente de cuántas generaciones hayan transcurrido.«Una Instrucción, que constituye una disposición administrativa de rango inferior a la Ley, habría modificado los supuestos establecidos por el legislador, ampliando, en la práctica, los supuestos de acceso a la nacionalidad española», denuncia el Grupo Popular en el escrito.El PP recuerda que el Tribunal Supremo exige ahora acreditar el exilio conforme a la ley, y ordena distinguir los expedientes de quienes justificaron realmente el exilio de su ascendiente de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la interpretación o la presunción establecidas por la Instrucción de 2022. De este segundo grupo el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la inscripción en el CERA o, si ya estaban inscritos, los efectos electorales de esa inscripción.Los populares ofrecen algunos datos que reflejan ya el impacto de la ley de nietos: las cifras oficiales más recientes hablan de 1.225.188 solicitudes presentadas en consulados, 571.761 expedientes aprobados y 333.696 inscripciones practicadas. «Otras estimaciones del Gobierno elevan a 2,4 millones los descendientes que han solicitado la nacionalidad por esta vía, de los que alrededor de 544.722 la tendrían aprobada y unos 306.000 ya estarían inscritos como españoles». El PP señala que no se conoce con precisión qué parte se acogió a la presunción de exilio y qué parte acreditó exilio político directo, «por lo que la suspensión afecta de momento a todo el colectivo hasta que el Supremo resuelva». «Se trata, en todo caso, de un volumen relevante en términos electorales, hasta tal punto que los nacionalizados de Argentina podrían convertirse en la tercera o cuarta provincia por número de electores».Altas en MadridEn cuanto a la Comunidad de Madrid, los datos son como mínimos relevantes: cerca de un tercio de los inscritos en el CERA desde octubre de 2022 han sido asignados a la Comunidad de Madrid: 132.771 altas, lo que supone un incremento de casi el 40 por ciento del voto exterior. «Ninguna otra provincia se acerca a la cifra de Madrid. Barcelona apenas cuenta con 50.000 personas inscritas».Hay casos especialmente llamativos en esta región, como los de Tres Cantos y Madarcos: el primero, que no se constituyó como municipio hasta 1991, ha visto, sin embargo, cómo su censo exterior crecía en más de 200 personas. Madarcos, uno de los pueblos más pequeños de la Comunidad de Madrid, ya cuenta con más electores en el exterior que vecinos tiene el municipio: 52 frente a 54.Pero hay más datos que han llamado la atención en la Asamblea: en Collado Villalba el CERA suma 1.439 inscritos en el municipio, 227 más que en 2022, un incremento de casi el 20 por ciento. Y grandes ciudades como Alcalá de Henares, Getafe, Fuenlabrada o Leganés, que durante el periodo del exilio eran pequeños municipios, han visto alterado el censo exterior en más de un 25 por ciento con la ley de nietos. «El caso de Madrid capital resulta aún más llamativo, incrementando casi un 40 por ciento su voto exterior».El PP de Madrid advierte de que «otras disposiciones normativas y procedimientos administrativos en curso son también susceptibles de alterar de igual forma la normal evolución del censo electoral». Y cita como ejemplo las regularizaciones masivas de inmigrantes en situación irregular.