La judicialización de la entrada masiva en Ceuta aporta un nuevo filtro a la fiscalización de la gestión política que se hizo de la crisis. Por el juzgado de la instructora María Tardón en la Audiencia Nacional han empezado hoy a desfilar los primeros testigos, con obligación de decir verdad, entre ellos, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. El líder popular ha enfocado su declaración en reivindicar sus insistentes intentos de advertir al presidente del Gobierno, sin éxito, de la gravedad de lo que estaba ocurriendo en su región, una invasión que afectaba «a la seguridad de España». En este sentido, ha asegurado que fueron hasta diez las llamadas que realizó a Moncloa y que siempre fue atendido por el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, dado que el presidente no se puso al teléfono ninguna de ellas. No fue hasta el día 30, después de la entrada masiva de personas a nado, cuando consiguió hablar con el jefe del Ejecutivo. Estas declaraciones han generado un profundo malestar en Moncloa y fuentes gubernamentales se muestran taxativas en su desmentido.Desde Presidencia aseguran que tienen «cero constancia» de diez llamadas por parte del regidor de Ceuta. «Vivas está jugando a un juego muy peligroso» , señalan, para advertir que existen «registros» de todas las comunicaciones para probar que no se produjeron. En el Ejecutivo animan a Vivas a hacer público el listado. «No tenemos ningún problema, que lo publique», señalan, descartando, de nuevo, que pudieran realizarse y se quedaran «por el camino», en filtros intermedios antes de llegar a su destinatario final. En este sentido, señalan que el presidente ceutí solo pidió «una vez» hablar con el presidente del Gobierno y «se le pasó» con él a lo largo de esa jornada. Fue el 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes a su territorio, algo que también confirma Vivas. El propio Sánchez, durante la rueda de prensa que mantuvo tras su encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Moncloa se pronunció también sobre esta cuestión, haciendo hincapié en que, en todo momento, la «comunicación fue constante». «No hubo una ni dos, sino hubo bastantes comunicaciones» , señaló.Las fuentes consultadas, además, piden no centrarse en lo cuantitativo -el número de comunicaciones-, sino en lo cualitativo -la información que se trasladó en esos intercambios-. De este modo, señalan que parece evidente que Vivas «tenía la misma información» que el Gobierno, esto es, que no fue capaz de prever lo que iba a ocurrir, porque, de haberlo hecho, hubiera actuado de otra forma. «Siempre que llamó se le atendió», sentencian, tratando de cerrar un nuevo capítulo del enfrentamiento con la administración ceutí.Hace semanas que Moncloa orientó su estrategia de comunicación de crisis en Ceuta en enfocar la responsabilidad sobre el presidente del PP. En el Ejecutivo acusan a Vivas de haber abandonado la «lealtad» y la «institucionalidad» que había desplegado en otras crisis precedentes, como la de 2021, para convertirse en punta de lanza de la estrategia de desgaste al Gobierno que despliega el Partido Popular a nivel nacional. En este sentido, se quejan de que durante las primeras semanas de la gestión de la emergencia tuvieron que «sufrir» los «palos en las ruedas» que se pusieron desde el Gobierno ceutí para reubicar a los inmigrantes. «Nos han negado sitios cuando ya estaban preparados», revelan. Algo que habría tenido un efecto directo en el retraso en la toma de decisiones y en el proceso de filiación de los migrantes, que tienen que estar localizados para poder proceder a su identificación. Esto en el plano político, porque ahora la derivada judicial se cierne sobre la actividad que desplegó el Ejecutivo y si, en alguna de sus decisiones, pudo no cumplir con los requerimientos a los que estaba obligado. El próximo en declarar será el ex jefe de Gabinete del ya dimitido delegado del Gobierno en Ceuta, que ya en su carta de renuncia avanzó que los avisos que emitió llegaron a los ministerios concernidos en la crisis.
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