Los casos de Tres Cantos y Madarcos activaron las alarmas en la Comunidad de Madrid, por los efectos que estaba teniendo la ley de nietos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Con los datos generales ya en la mano, los recelos se han disparado y el PP de Ayuso ha optado por abrir una comisión de estudio en la Asamblea de Madrid para saber, entre otros puntos, las razones por las que un tercio de los nuevos inscritos en el censo exterior se hayan asignado directamente a la provincia de Madrid. La comisión parlamentaria madrileña nace desde una desconfianza clara por los datos que se están conociendo. En el PP de Madrid señalan en su escrito de solicitud, registrado en la Asamblea, que las cifras oficiales más recientes hablan de 1.225.188 solicitudes presentadas en consulados, 571.761 expedientes aprobados y 333.696 inscripciones practicadas. Otras estimaciones del Gobierno, explican, elevan a 2,4 millones los descendientes que han solicitado la nacionalidad por esta vía, de los que alrededor de 544.722 la tendrían aprobada y unos 306.000 ya estarían inscritos como españoles. Los populares madrileños advierten de que se trata de un volumen relevante en términos electorales, «hasta tal punto que los nacionalizados de Argentina podrían convertirse en la tercera o cuarta provincia por número de electores». Pero el Grupo Popular madrileño remarca otro dato, que afecta directamente a la región: Cerca de un tercio de los inscritos en el CERA desde octubre de 2022 han sido asignados a la Comunidad de Madrid: 132.771 altas, lo que supone un incremento de casi el 40 por ciento del voto exterior. Ninguna otra provincia se acerca a la cifra de Madrid. Barcelona apenas cuenta con 50.000 personas inscritas.En la Comunidad de Madrid hay dos casos concretos donde la aplicación de la llamada ley de nietos ha producido fenómenos como mínimo extraños. En Tres Cantos, que no se constituyó como municipio hasta 1991, ha visto cómo su censo exterior crecía en más de 200 personas, supuestamente con arraigo en unos años en los que no existía. Y Madarcos, uno de los pueblos más pequeños de la Comunidad de Madrid, ya cuenta con más electores en el exterior que vecinos tiene el municipio: 52 frente a 54.Pero hay otros datos que han llamado la atención en la Comunidad de Madrid: en Collado Villalba el CERA suma 1.439 inscritos en el municipio, 227 más que en 2022, un incremento de casi el 20 por ciento. Y grandes ciudades como Alcalá de Henares, Getafe, Fuenlabrada o Leganés, que durante el periodo del exilio eran pequeños municipios, han visto alterado el censo exterior en más de un 25 por ciento con la ley de nietos. El caso de Madrid capital resulta aún más llamativo, con un incremento de casi un 40 por ciento de su voto exterior. Incremento en el cinturón rojoCon estos datos sobre la mesa, los populares ven especialmente llamativo que el conocido como ‘cinturón rojo’ de Madrid, los municipios del sur donde la izquierda tradicionalmente ha tenido más fuerza, sea una de las zonas regionales donde más ha crecido ese censo exterior, como seria el caso de los citados Getafe, Fuenlabrada o Leganés.La conocida como ‘ley de nietos’ es, en realidad, una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022 que permite adquirir la nacionalidad española de origen a descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo. Según subrayan los populares en su justificación de la comisión de estudio en la Asamblea, beneficia a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que hubieran sido españoles y perdieran o renunciaran a la nacionalidad por exilio, por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación e identidad sexual. También incluye a hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978 y a hijos mayores de edad de quienes se nacionalizaron por la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007.La Instrucción de 25 de octubre de 2022, dictada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, «desborda el supuesto del exilio, haciendo extensiva la posibilidad de adquirir la nacionalidad a cualquier descendiente de español, independientemente del momento histórico en el que el familiar abandonó España, e independientemente de cuántas generaciones hayan trascurrido».Por eso, el PP denuncia que una Instrucción, «que constituye una disposición administrativa de rango inferior a la Ley, habría modificado los supuestos establecidos por el legislador, ampliando, en la práctica, los supuestos de acceso a la nacionalidad española».En ese sentido, el Tribunal Supremo exige ahora acreditar el exilio conforme a la ley, y ordena distinguir los expedientes de quienes justificaron realmente el exilio de su ascendiente de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la interpretación o la presunción establecidas por la Instrucción de 2022. De este segundo grupo el Supremo ha suspendido la inscripción en el CERA y los efectos electorales de esa inscripción.La comisión, hasta febreroCon esta información, el PP de Ayuso ha propuesto la creación de una comisión de estudio para abordar el impacto de la ley de nietos en el censo electoral de la Comunidad de Madrid. La comisión saldrá adelante sin ningún problema, ya que el PP cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid. Su objeto principal será conocer la incidencia de las adquisiciones de nacionalidad española realizadas al amparo de esa ley de nietos en la evolución del censo electoral de la Comunidad de Madrid. La comisión se desarrollará durante el periodo de octubre de 2026 hasta febrero de 2027, antes de que, en marzo, se disuelva la Asamblea ante las elecciones autonómicas del 23 de mayo. La comisión estudiará, entre otras, las siguientes cuestiones: número y evolución de las adquisiciones de nacionalidad, así como su desglose estadístico, número de nacionalizaciones efectuadas, posible incidencia en el censo electoral madrileño, evolución del censo de residentes ausentes desde la entrada en vigor de la llamada ley de nietos, distribución de las inscripciones electorales por países de residencia, impacto habitual del voto CERA en procesos electorales, coordinación entre los registros civiles, las oficinas consulares, el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina del Censo Electoral y las restantes administraciones competentes, así como los procedimientos de inscripción, actualización y depuración censal.Para el cumplimiento de sus objetivos, la comisión solicitará la comparecencia de especialistas en derecho de nacionalidad y derecho electoral, representantes de las administraciones públicas competentes, expertos en demografía y estadística electoral, así como otros profesionales cuya intervención pueda contribuir a esclarecer las cuestiones objeto de estudio.Según las normas propuestas por el Partido Popular, la comisión podrá pedir también la remisión de informes, series estadísticas y documentación oficial necesaria para la elaboración de sus conclusiones, con las garantías legalmente exigibles, y podrá estudiar otras disposiciones normativas y procedimientos susceptibles de alterar de igual forma la normal evolución del censo electoral. Por último, la comisión elaborará un Dictamen de Conclusiones y Propuestas que será debatido por el Pleno de la Asamblea de Madrid y que podrá ser tenido en consideración en el ejercicio de las competencias de la Cámara.La comisión estará compuesta por tres diputados designados por cada uno de los Grupos Parlamentarios constituidos en la Cámara autonómica madrileña, si bien los acuerdos se adoptarán en todo caso en función del criterio de voto ponderado.
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