La declaración del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, este miércoles como testigo ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón apunta, si los hechos se produjeron según ha relatado minuciosamente, a un posible delito de omisión del deber de perseguir delitos por parte de los miembros del Gobierno que tuvieran la responsabilidad de gestionar la crisis provocada por la entrada de cerca de 80.000 inmigrantes de manera irregular en la ciudad autónoma entre el 30 y el 31 de julio. Vivas ha afirmado ante la jueza Tardón -que abrió una investigación tanto para dar con los responsables de instigar la avalancha por parte de Marruecos como la respuesta de España- que intentó avisar al presidente del Gobierno, sin éxito, de que estaba ocurriendo una invasión que afectaba «a la seguridad de España».Según fuentes presentes en su declaración, el político ha hecho un minucioso repaso a las hasta 10 llamadas que afirma realizó entre el 25 y el 30 de julio a la Presidencia del Gobierno, asegurando que siempre fue atendido por el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio -pues el presidente no se puso al teléfono ninguna de las veces- hasta que, el día 30, después de la entrada masiva, consiguió hablar con él.Según las citadas fuentes, el presidente ceutí ha respondido a las preguntas de la instructora y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y ha expuesto que sí llegó a hablar con cuatro ministros -Ángel Víctor Torres (Política Territorial), José Manuel Albares (Exteriores), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa)- entre los días 27 y 30 de julio. Pero todos, según su testifical, le encuadraron los hechos que él relataba en una crisis «migratoria», en ningún caso de seguridad nacional. En todas sus interlocuciones con miembros del Gobierno, el presidente de Ceuta insistió en tres peticiones, según su declaración: refuerzo de seguridad, declaración de emergencia nacional y la designación de un mando único. No atendieron sus solicitudes y, casi un mes después, el Gobierno declaró la situación de interés para la seguridad nacional y designó al ministro Torres como mando único.El delito de omisión en el Código Penal El Código Penal recoge en sus artículos 408 y 409 el delito de omisión del deber de perseguir delitos. En el primero se castiga a «la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables», castigándose con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años. En el segundo, a «las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público» o a los que «meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad». En el primer caso se castiga con multa de ocho a 12 meses y suspensión del cargo de seis meses a dos años y en el segundo, con multa de 8 a 12 meses.El día 30, cuando consiguió hablar con Sánchez después de tres conversaciones con su jefe de Gabinete y también con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, transmitió al presidente del Gobierno que la situación era extrema y que la sociedad ceutí necesitaba ver que no estaba abandonada por el Estado. Al día siguiente, Sánchez visitó Ceuta.Vivas ha sostenido en sede judicial que no recibió alertas de organismos estatales, sino que su primera llamada el día 25 de julio fue porque percibió que la ciudad autónoma había pasado de atender a 160 menores inmigrantes a contar con 800, lo que suponía un incremento del 8.000%, así como que los días posteriores entraron 1.500 personas a nado a la ciudad autónoma.Fuentes jurídicas consultadas por ABC consideran que si la investigación consigue demostrar que la secuencia se produjo según la ha relatado Vivas, miembros del Gobierno pudieron incurrir en omisión de su deber de perseguir delitos y debería investigarse en esa línea.Sin interlocución con MarruecosRespecto a las conversaciones con los ministros, Vivas ha especificado ante la juez que el ministro de Exteriores, Albares, llegó a decirle que la cooperación de Marruecos con España era «excelente». Sin embargo, Vivas ha identificado durante su declaración al país vecino como una amenaza para la seguridad de España, afirmando que el deseo de la monarquía alauí es apropiarse de Ceuta y Melilla. En este sentido, ha afirmado que la ciudad autónoma no tiene ninguna interlocución con el Estado marroquí.Respecto al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, contra el que Hazte Oír presentó una querella por los presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio, homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión, asumida ya también por la jueza Tardón, Vivas ha considerado, también en declaraciones a los medios al concluir su declaración, que su papel es «clave» y que fue el interlocutor que le puso el Gobierno el 28 de julio, dos días antes de la llegada del total de cerca de 80.000 personas que se calcula entraron en la ciudad. Miles de ellas continúan apostadas en Ceuta.Las fuentes presentes en su declaración consultadas por ABC consideran que ha quedado claro que en los peores días de la crisis no hubo una comunicación fluida entre Vivas y Pérez Triano, que tuvieron dos gabinetes independientes a través de los que gestionaron la situación y que no se coordinaron.Fuentes de la acusación popular, ejercida por el partido político Iustitia Europa, presidido por el abogado Luis María Pardo, esperan que la magistrada Tardón cite a declarar a Pérez Triano una vez escuche a todos los testigos y reciba la información documental solicitada hasta a 30 organismos estatales, entre ellos la Policía, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).Por su parte, Vivas ha ofrecido a la instructora diversa documentación que aportará, como todos los comunicados de prensa emitidos durante la crisis, así como la transcripción de sus ruedas de prensa y de la junta de portavoces.Las fuentes presentes en su declaración trasladan que el interrogatorio, tanto de la jueza como del fiscal, ha sido extenso (dos horas y media) y el propio Vivas ha manifestado que ha visto interés en ambos por aclarar la situación. «Los ceutíes tienen derecho a conocer la verdad y es la única manera de que se queden tranquilos», ha afirmado el presidente de Ceuta, quien también ha considerado que lo ocurrido en la ciudad autónoma es «trascendental para el conjunto del país» y que, en este sentido, es «tranquilizador y reconfortante ver que la Justicia española funciona».Vivas ha manifestado ante la jueza de la Audiencia Nacional los problemas de convivencia que han surgido en Ceuta a raíz de la invasión, así como el impacto en la economía de la ciudad, considerando que el objetivo final de quien la incitó es desligar a la ciudad autónoma de España. Durante toda la declaración, que según las fuentes presentes ha sido «honesta y desgarradora», el presidente ceutí ha calificado los hechos de invasión.Este jueves declararán también como testigos ante la juez, a partir de las 12 horas, el jefe de la Policía de Ceuta y Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno Triano. Sanz fue cesado tras acusar a su superior de mentir sobre el aviso del CNI del 29 de julio sobre la invasión. Él aseguró que el delegado del Gobierno le avisó personalmente y ese mismo día de que los servicios de inteligencia estaban advirtiendo de una entrada masiva.
Powered by WPeMatico
Acerca del autor
