La Fiscalía ha puesto en su punto de mira al IB-Salut por la brutal violación que cometió un interno esquizofrénico de origen marroquí a una paciente en la Unidad de Hospitalización Breve de Salud Mental del Hospital de Can Misses de Ibiza. El Ministerio Público considera que el Servicio Balear de Salud es responsable civil subsidiario de lo ocurrido y le exige el pago de 30.000 euros si el acusado resulta insolvente o no abona el dinero a la víctima.
La acusación pública fundamenta la responsabilidad de la administración pública en el «funcionamiento anormal del servicio», al fallar ostensiblemente las medidas de custodia y los sistemas de videovigilancia de la unidad sanitaria.
El escrito del fiscal al que ha tenido acceso este periódico remarca que, a pesar del sistema de videovigilancia y de la presencia del personal en la unidad, nadie advirtió las intrusiones e incidentes previos del acusado ni su entrada en la habitación de la víctima, sin que se adoptara además ninguna medida de seguridad tras las quejas expresas de la mujer.
Los hechos ocurrieron entre la tarde del 18 de marzo y la madrugada del 19 de marzo de 2025. El procesado, diagnosticado de esquizofrenia pero con sus facultades cognoscitivas y de juicio de la realidad conservadas durante el ataque, mostró desde horas antes una actitud alterada e invasiva. Tras colarse en varias habitaciones y ducharse en una ajena, sobre las 18:29 horas invadió el espacio de la víctima diciéndole cosas al oído en estado de erección.
A pesar de que el personal lo recondujo a su estancia y de que la mujer solicitó formalmente un cambio de habitación al sentirse insegura, no se adoptó ninguna medida adicional de custodia ni se restringieron sus movimientos.
Aprovechando la falta de vigilancia, el acusado se introdujo antes de la medianoche en la habitación de la paciente. La víctima se hallaba dormida en la cama bajo los efectos de un refuerzo de medicación (olanzapina) prescrito para tratar la desorientación temporoespacial por la que llevaba ingresada seis días.
El hombre se tumbó encima de ella y la penetró vaginalmente. Cuando la mujer se despertó y le manifestó expresamente que no quería, el encausado la giró a la fuerza y la penetró analmente, para posteriormente dirigirse al baño a lavarse.
Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió diversas excoriaciones en la zona vulvar que requirieron asistencia médica, así como un grave impacto en su estado de ánimo y en su recuperación psicológica.
En el banquillo de los acusados también se sentará el presunto violador, que se enfrenta a una condena de 14 años de cárcel, diez años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima a menos de 500 metros durante 15 años.
Asimismo, la Fiscalía también solicita la expulsión del territorio nacional una vez cumplidos dos tercios de la condena, con la prohibición de regresar a España durante un periodo de diez años. En materia de responsabilidad civil, se le reclaman 30.000 euros en concepto de daño moral y 200 euros por las lesiones físicas, suma de la que deberán responder de forma subsidiaria el IB-Salut y su aseguradora.
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