El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota ha dado un giro de timón en el caso Julio Iglesias. Según varias fuentes fiscales consultadas por OKDIARIO, el encargado de informar sobre la nueva querella de las ex trabajadoras del cantante considera que este tribunal sí tiene competencia para investigarle, en contra de la posición que fijaron sus superiores cuando archivaron la primera denuncia.
El informe ya está redactado. Es fruto de la solicitud del juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, al que ha correspondido la nueva querella que sí se ha presentado en sede judicial –no sede fiscal como sucedió la primera vez–. El juez Antonio Piña preguntó a las partes si la Audiencia Nacional debía o no estudiar el asunto.
El documento no ha recibido el visado de la cúpula de la Fiscalía. Como publicó este medio, el fiscal jefe, Jesús Alonso, y la teniente fiscal, Marta Durántez, han decidido no pronunciarse porque consideran que deben abstenerse.
La cúpula se aparta
Alonso y Durántez entienden que no son imparciales para valorar el informe. Ellos fueron quienes ya defendieron que la Audiencia Nacional carecía de competencia para investigar al cantante y dejaron ese criterio establecido en el primer procedimiento.
Ambos han pedido formalmente su abstención al Consejo Fiscal, el órgano consultivo del Ministerio Público. Sus miembros deliberarán sobre la solicitud y, según las fuentes consultadas, la decisión se inclina hacia concederla.
Además, cabe recordar que un juez de lo contencioso les quitó la razón al considerar que no se tenían que dar los documentos de ese expediente abierto en la Fiscalía contra el legendario cantante español.
La situación deja una paradoja de notable enjundia jurídica: el criterio de la jefatura, que ya tumbó la primera denuncia, convive ahora con el de un fiscal de su propia plantilla que sostiene lo contrario.
Nueva querella sin pruebas
A principios de septiembre, las ex empleadas del cantante presentaron una nueva querella que es prácticamente idéntica a la primera. Es su segundo intento de abrir un caso en España pese al criterio que impuso la Fiscalía.
Julio Iglesias ha pedido personarse en este nuevo procedimiento. Su defensa, que ejerce el penalista José Antonio Choclán, ya lo ha solicitado de manera formal. El cantante desde su retiro alejado de los focos quiere no perder comba: quiere conocer todas las acciones judiciales que se dirijan contra él.
Competencia de la Audiencia Nacional
El origen del caso se sitúa el 13 de enero de 2026. Ese día, elDiario.es publicó la información titulada «Ex trabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales en 2021». Los hechos denunciados habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas, donde el artista tiene sus mansiones.
La repercusión ha sido global. Según la demanda del cantante, medios como The Guardian, Le Monde, The New York Times o la BBC recogieron la noticia, con «más de 4.400 noticias en todo el mundo en apenas tres días».
Al archivar la denuncia por falta de competencia, la Audiencia Nacional advirtió a las ex empleadas de que podían acudir a los tribunales de los países donde ocurrieron los hechos.
Una de ellas ha explicado en sede judicial que no quería denunciar en República Dominicana porque no le parecía un sistema judicial garantista. No se ha pronunciado sobre Bahamas, cuyos tribunales se rigen por la jurisdicción inglesa.
El relato de las denunciantes buscaba eco mediático desde antes. En 2023, una de ellas contó su historia a la corresponsal de The New York Times para América Latina y el Caribe, que declinó publicarla. La propia ex trabajadora ha admitido ante la Audiencia Nacional que aquel contacto «no fluyó».
Después acudió a elDiario.es. En su declaración ante la fiscal, recogida por OKDIARIO, afirmó: «Habló ya con Elena, que es la señora de elDiario.es, la señora que me hizo la entrevista. Me recomienda a las abogadas y ellas me explican que sí puedo denunciarlo allí (en España) y que allí no hay impunidad».
Una batalla en varios frentes
El cantante niega tajantemente los abusos. El 22 de enero de 2026 publicó en redes sociales mensajes cariñosos de sus ex empleadas, en los que llegaban a escribirle «te quiero» por su cumpleaños un año después de los supuestos hechos. En otro de ellos, una de las denunciantes le decía: «Hola señor, lo quiero mucho».
La historia arrancó en unas mansiones del Caribe y ha cruzado el Atlántico hasta la calle Génova de Madrid, sede de la Audiencia Nacional. Ahora la pregunta ya no es sólo qué ocurrió allí, sino dónde debe juzgarse. La respuesta la tiene, por el momento, el juez Piña.
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