La crisis de la vivienda ha colocado al Gobierno de Pedro Sánchez ante una negociación especialmente compleja. El problema no se limita al contenido de las medidas anunciadas por el Ejecutivo, sino a la necesidad de reunir apoyos suficientes. Con todo esto, Vicente Vallés ha puesto el foco en esa dificultad durante su análisis en Antena 3 Noticias.
«Moncloa necesita poner de acuerdo en un decreto sobre desahucios a Junts, de derechas, con Sumar y Podemos, de extrema izquierda», ha señalado el periodista. El comentario resume uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta el Ejecutivo: convertir un paquete de medidas sobre vivienda en un acuerdo que pueda ser respaldado por partidos que mantienen diferencias importantes sobre el alcance de la regulación.
La situación se ha complicado todavía más en los últimos días. El Gobierno presentó el pasado 29 de septiembre dos reales decretos relacionados con la vivienda, que ahora necesitan superar el trámite parlamentario. La votación en el Congreso llega en un escenario de incertidumbre, especialmente por la posición de Junts.
La vivienda, el problema de Sánchez
El análisis de Vicente Vallés se produjo después de que el caso de Maricarmen provocara una fuerte repercusión pública. El episodio ha situado los desahucios y el acceso a la vivienda en el centro de la agenda política. El problema es que Sánchez lleva ocho años sin hacer nada y hay gente que no entiende por qué actúa justo ahora.
La presión se ha trasladado a las calles. La polémica acampada de la Puerta del Sol se ha convertido en uno de los principales focos de las protestas relacionadas con la vivienda, mientras diferentes organizaciones reclamaban medidas de mayor alcance para los inquilinos.
En ese contexto, el Gobierno aceleró la tramitación de sus propuestas. Pero la rapidez con la que Moncloa ha intentado llevar las medidas al Consejo de Ministros no ha eliminado las discrepancias entre sus posibles aliados parlamentarios. El problema político no termina con la aprobación del texto por parte del Ejecutivo, ya que después debe conseguir una mayoría suficiente en el Congreso.
Ahí aparece la dificultad que señalaba Vallés. El Gobierno necesita mantener el respaldo de Sumar, intentar atraer a Podemos y, al mismo tiempo, conseguir que Junts no vote en contra. La aritmética parlamentaria obliga a combinar posiciones que no siempre coinciden.
Desorden y diferencias
Las discrepancias no se han limitado a los partidos externos al Gobierno. Sumar llegó a advertir de que el acuerdo estaba «muy lejos» poco antes de la aprobación del decreto. La formación reclamaba una protección más amplia frente a los desahucios, regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, prórrogas de contratos y medidas frente al fraude de los pisos turísticos.
La posición de Sumar introducía así una presión adicional sobre el PSOE. El socio minoritario del Ejecutivo reclamaba que el texto incorporase determinadas medidas antes de comprometer su respaldo, mientras Moncloa necesitaba que la propuesta resultara asumible también para otros grupos parlamentarios.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llegó además a respaldar la continuidad de las movilizaciones sobre vivienda, una circunstancia que reflejaba las tensiones incluso entre las formaciones que comparten Gobierno.
Junts marca distancias
Entre las piezas decisivas de la negociación se encuentra Junts. La formación ha planteado sus propias condiciones y ha defendido medidas contra determinadas operaciones de los fondos de inversión, pero también ha reclamado garantías para los pequeños propietarios y mayor seguridad jurídica.
El partido ha terminado situándose en una posición especialmente relevante porque sus votos pueden resultar determinantes para la aprobación parlamentaria. En las últimas horas, Junts ha endurecido su posición y ha dejado en el aire su respaldo a los decretos, reclamando cambios en el contenido.
Esta circunstancia vuelve a poner de manifiesto la dependencia del Gobierno de acuerdos con fuerzas que no forman parte del Ejecutivo. Aprobar una medida en el Consejo de Ministros no garantiza que pueda superar después el Congreso, y esa diferencia entre ambas fases es precisamente una de las claves del escenario actual.
Un paquete muy polémico
El primer decreto aprobado incluye medidas relacionadas con la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, la prórroga de determinados contratos de alquiler y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. También contempla restricciones relacionadas con la adquisición de viviendas por determinados fondos y medidas fiscales destinadas a favorecer determinados alquileres.
El segundo decreto aborda la renovación de los contratos de alquiler, con un sistema de prórrogas automáticas bajo determinadas condiciones. La diversidad de asuntos incluidos explica también la dificultad para encontrar una posición común entre los grupos parlamentarios.
Para el Gobierno, el reto inmediato es conseguir que esas medidas no queden bloqueadas en el Congreso. Para sus socios, la cuestión pasa por determinar si el contenido aprobado responde suficientemente a sus exigencias.
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