El intervencionismo del Gobierno atemoriza a los propietarios: «Me da muchísima angustia alquilar»

Los dos decretos de vivienda con los que el Gobierno pinchó en hueso el pasado viernes en el Congreso de los Diputados han tenido a miles de propietarios en vilo durante toda la semana. No todos ellos son fondos de inversión ni «pymes buitre» como dijo esta semana la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez en referencia a los desahuciadores de Maricarmen. El Ejecutivo dijo que la norma serviría para acabar con el supuesto «carroñerismo» de estas empresas, pero la realidad es que los textos redactados por PSOE y Sumar cargan por igual las intervenciones en el pequeño propietario con medidas como el veto a los desahucios, la congelación de alquileres, las prórrogas forzosas de dos años o los contratos indefinidos que contenían amenazas de multas de miles de euros . «Tengo muchísima angustia de volver a alquilar», cuenta María José, propietaria que acaba de recuperar su vivienda tras meses de litigios para desalojar a su inquilino moroso.María José no tiene ninguna sociedad anónima ni un reguero de pisos. Solo tiene uno. Para esta vecina de Cercedilla (Madrid) los ingresos que le genera esa vivienda -su única casa en propiedad- resultan vitales. De hecho, cuando sus antiguos inquilinos dejaron de pagarle la renta -adeudando 15.000 euros-, la cercedillana tuvo que abandonar el piso de alquiler donde residía y mudarse con su hija a un estudio de apenas 20 metros cuadrados. Tras dos años en pleitos, parte de ellos con el lanzamiento suspendido por el escudo antidesahucios que el Gobierno quiso recuperar en uno de los decretos aprobados esta semana en Consejo de Ministros, la afectada logró recuperar su casa a finales del pasado mes de agosto.Aun con el trauma vivido estaba decidida a volver a poner su vivienda en el mercado del alquiler. Pero la amenaza de las nuevas intervenciones propuestas por PSOE y Sumar la hizo reflexionar. Por el momento dice no pensar en venderla, porque piensa que eso le requiere «más esfuerzo» y ya está agotada por todo el proceso vivido para recuperar su casa. Pero sí reconoce que busca alternativas. «A lo mejor la pongo en alquiler temporal para protegerme un poco», cuenta. Una solución que dice que muchos vecinos de su pueblo han tomado para no exponerse al fenómeno de la 'inquiokupación'.Como María José, han sido cientos o miles los propietarios que se han visto de repente en una situación de desconcierto en los últimos días. La polarización que se ha generado en la sociedad española el desahucio de Maricarmen ha hecho que algunos colectivos los señalen como «rentistas», que vendría a ser algo así como individuos que se enriquecen a costa de otros con una actividad no productiva. En este caso de una vivienda. Pero la realidad es que, detrás de ese chascarrillo, hay personas de las que depende que otros encuentren un lugar donde vivir y en los últimos días muchos inquilinos se han quedado sin firmar el contrato de su futura casa por la inseguridad jurídica que ha generado la nueva propuesta legislativa.«Tenía dos viviendas en alquiler que se habían quedado libres y lo primero que hice fue decirle a la inmobiliaria que gestiona los contratos: «Quiero paralizarlo todo», porque ahora mismo no se sabe qué va a pasar», cuenta Ana, propietaria de varios pisos en Granada. Entre todas las medidas propuestas, la que más preocupaba a esta casera era la posibilidad de que se instauraran en el mercado los contratos indefinidos, que además exigían el pago al inquilino de 12 meses de renta en caso de no ejecutar la prórroga del contrato. Con iniciativas así, Ana asegura que su respuesta hubiera sido la de protegerse y subir el precio del alquiler. «Yo me tengo que blindar ante una medida así. Me hubiera obligado a calcular lo que voy a tener que pagar para que se vaya y lo hubiera prorrateado en el alquiler durante los cinco años que dure». La granadina asegura que todavía no ha pensado en acudir al mercado de la compraventa para deshacerse de alguno de sus activos. Una decisión que si ha tomado María, una propietaria de Barcelona que ya ha puesto dos de sus viviendas en venta tras años de hartazgo. «Sufro impagos en 10 de mis 30 pisos», asegura. La mujer catalana dice esto también después de haber vivido situaciones dantescas con inquilinos que realquilan habitaciones e incluso algunos que han publicado la vivienda en el portal de apartamentos turísticos Airbnb. María, propietaria de 30 viviendas en BarcelonaMaría dice sentirse dolida porque asegura respetar a rajatabla todos los requisitos que se le requiere por ser casera en un área denominada tensionada por la ley de Vivienda -tiene limitada la renta de sus pisos-, y también porque ella alquila sus casas a personas de menos recursos como el colectivo inmigrante. «De mis 30 pisos, tranquilamente 20 o 22 están alquilados a extranjeros», cuenta. Por eso el retorno del veto a los desahucios que se proyectaba en el primero de los decretos aprobados por el Gobierno la había puesto en guardia. «Nos estamos cargando la figura del contrato privado. Si el contrato que yo hago con un inquilino es papel mojado y no tiene absolutamente ninguna validez, el inquilino no hace caso porque ve que puede hacer lo que quiere», denuncia.Por su parte, Lucas, propietario con viviendas en alquiler en la ciudad de Valencia se muestra más duro con lo propuesto el viernes en el Congreso. «Me parece que es una expropiación directa, pura y dura», sostiene. Pero cree que, en realidad, no es algo nuevo y es consecuencia de las intervenciones vividas en los últimos años. «Esto no es una casualidad. Esto ya venía del anterior decreto, de la modificación y de todas las cosas que han estado haciendo durante los últimos ocho años. Íbamos en ese camino».Construir vivienda públicaPara los arrendadores, el problema de fondo es que ven cómo el Gobierno intenta descargar en ellos la responsabilidad de su dejación de funciones con sus políticas públicas de vivienda. Algo que también perciben los expertos del sector residencial. «La protección de las personas vulnerables es necesaria, pero debería financiarse fundamentalmente mediante políticas públicas y recursos públicos, y no trasladando de manera creciente su coste al propietario que circunstancialmente tiene contratado con una persona vulnerable. Sin un parque público suficiente, la intervención sobre el parque privado corre el riesgo de intentar resolver un problema de escasez mediante regulación en lugar de generar oferta, que es lo que necesitamos», asevera Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid.Mientras no exista oferta pública que compita con la privada, para la jurista la clave está en hacer que alquilar una vivienda resulte atractivo y seguro para el pequeño propietario. «Eso exige combinar incentivos fiscales potentes con seguridad jurídica. Yo he defendido bonificaciones fiscales al propietario que ponga la vivienda a precio asequible porque creo que se tarda tiempo en construir vivienda pública y mientras necesitamos que no suba el precio del alquiler. Pero ante una demanda tan alta, el Estado debe asumir algún coste en términos de incentivos fiscales», determina.