Los ingenieros responsables de las infraestructuras en el Estado alertaron al Gobierno el pasado mes de junio de la «fuga de talento» para mantener la «seguridad ferroviaria». El aviso fue a través de una misiva, a la que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO. En ella, le transmitieron su «preocupación» por esta situación y le pidieron una reunión para solucionar este problema. Sin embargo, transcurridos cuatro meses, estos altos funcionarios de la Administración siguen sin recibir respuesta.
El presidente del Gobierno ha declarado este viernes que «la confianza en el sistema de alta velocidad está quebrada» y que ahora es labor del Ejecutivo no sólo investigar las causas del siniestro, sino «ofrecer soluciones para que una tragedia como esta no se repita». Lo cierto es que la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, recibió el pasado 25 de junio la citada misiva de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (Aicape) y el Ejecutivo no ha actuado.
Y ello, pese a que el presidente del colectivo, Imanol García, le advirtió que «si no se adoptan medidas organizativas urgentes» que refuercen determinados «servicios esenciales de la Administración General del Estado vinculados a la explotación, conservación y construcción de infraestructuras públicas», y se reconozca adecuadamente a quienes asumen estas responsabilidades, «continuará degradándose la capacidad de la Administración» para prestarlos.
Esta asociación representa al cuerpo de ingenieros responsable del estudio, dirección, inspección, vigilancia y construcción de las infraestructuras y quiere «contribuir a la búsqueda de soluciones» que permitan «garantizar la continuidad, eficacia y sostenibilidad de unos servicios» que son fundamentales para «la seguridad de las personas, la conservación de las infraestructuras y el correcto funcionamiento del Estado».
En la misiva, el presidente de Aicape destaca que los accidentes ocurridos en Adamuz y en El Bocal, la DANA de 2024, o los episodios meteorológicos extremos de esta primavera han puesto de relieve «la trascendencia que tienen las actividades de conservación, explotación y supervisión de infraestructuras públicas». Asimismo, recalca que estos episodios evidencian la necesidad de contar con «organizaciones sólidas, medios suficientes y profesionales cualificados dispuestos a asumir responsabilidades especialmente exigentes».
Los funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Estado desempeñan funciones de especial relevancia en ámbitos como la explotación de presas y embalses, la conservación de carreteras, la planificación, seguridad e investigación de accidentes ferroviarios, la protección de la costa, la gestión de emergencias climáticas o la dirección de obras públicas de elevada complejidad técnica y económica.
Unos puestos que exigen una gran dedicación, disponibilidad y la asunción de responsabilidades que afectan a la seguridad de las personas, a la continuidad de servicios esenciales y a la adecuada conservación de infraestructuras estratégicas para el país.
Su análisis tras la tragedia de Urda
Tras el accidente ferroviario de Urda, esta asociación de altos funcionarios del Estado ha exigido blindar la investigación del accidente frente a «cualquier presión política», y ha urgido a una reflexión profunda sobre «el modelo de organización y dirección del sector ferroviario español».
Aicape observa con preocupación «la creciente penetración de criterios políticos en ámbitos de decisión que requieren una dirección esencialmente técnica y profesional», y hace hincapié en que «es necesario recuperar la autoridad técnica y profesionalizar la dirección del sector ferroviario».
«La planificación, construcción, conservación, explotación y seguridad de las infraestructuras ferroviarias son actividades de extraordinaria complejidad que requieren conocimiento especializado, experiencia y continuidad», recalca, en alusión a que «puestos directivos de marcado carácter técnico estén siendo ocupados por perfiles de naturaleza política, cuando deberían estar reservados a profesionales con formación y conocimiento acreditado del sistema ferroviario».
Rigor técnico e independencia
«La seguridad de los ciudadanos exige rigor técnico, independencia y responsabilidad», sentencia Ignacio García.
Además, destaca que «un sistema de seguridad robusto no puede depender de que las personas actúen siempre de manera perfecta, sino que debe ser capaz de detectar situaciones anómalas, impedir que se conviertan en situaciones de peligro y garantizar condiciones de circulación seguras incluso ante fallos técnicos o errores operativos».
«En un accidente por alcance entre dos trenes, el análisis debe abarcar necesariamente el conjunto del sistema: la infraestructura, la señalización, los sistemas de protección, los procedimientos de circulación en condiciones degradadas, las comunicaciones, la organización del control del tráfico», sostiene.
Asimismo, afirma que la investigación debe estudiar tanto los factores humanos como organizacionales; determinar qué barreras de seguridad existían, cuáles debían haber actuado y por qué, en su caso, no fueron suficientes. «Buscar una explicación exclusivamente en un eventual error individual supondría renunciar a comprender las posibles deficiencias sistémicas y organizativas que deben ser objeto de análisis», avisa.
Dejar de degradar las infraestructuras
Aicape señala que existe un amplio consenso técnico en que la inversión preventiva en conservación y mantenimiento, acompañada de una adecuada dotación de medios humanos, «resulta muy inferior al coste económico y social que supone dejar degradar las infraestructuras y verse obligado posteriormente a reconstruirlas o afrontar las consecuencias derivadas de su deterioro».
Y así lo ha recordado en su misiva al Gobierno. También indica que reforzar estos servicios no constituye un incremento del gasto, sino una inversión en eficiencia, seguridad y calidad de los servicios públicos, y que para que este modelo de gestión preventiva sea sostenible en el tiempo no basta sólo con disponer de financiación, sino también con «equipos técnicos suficientemente dimensionados, estables y motivados, capaces de asumir estas funciones de elevada responsabilidad».
Esta asociación sostiene que ambas cuestiones fallan, ya que hay «una gran escasez de presupuesto» en todos los ámbitos de infraestructuras de este país, lo que supone «una limitación muy grande» para estos profesionales y precisamente es lo que provoca en gran medida la fuga de personal.
«Estamos sin medios suficientes para poder atender los servicios y cada vez es más difícil realizar un trabajo técnico en el ámbito de las infraestructuras, con un sistema cada vez más rígido, lo que casa peor con el desempeño y el mantenimiento de las mismas», detalla el presidente de Aicape.
Según informa García Sendón, «hasta hace tres años había una solvencia técnica importante del personal que gestiona las infraestructuras, con capacidad suficiente para mantener un servicio óptimo sin presupuesto». Sin embargo, desde entonces a la falta de recursos se suma la fuga de talento, por lo que «nos vamos quedando con un sistema e infraestructuras con las que se presta un servicio cada vez peor».
Se van a otros ámbitos y administraciones
Cada vez más ingenieros optan por orientar su carrera a otros ámbitos de la administración general del Estado distintos del ejercicio de la profesión regulada de ingeniero de caminos, o bien, se trasladan a otras Administraciones Públicas en las que poder desempeñar sus funciones en mejores condiciones. A ello se suma que el interés por el acceso al Cuerpo continúa disminuyendo.
En noviembre de 2024, Aicape realizó entre sus asociados una encuesta de clima laboral que concluyó que más de la mitad de los ingenieros afirmaban sufrir niveles de estrés laboral altos o insostenibles «debido a la sobrecarga de trabajo y a la falta de recursos».
Desde Aicape llevan años avisando a los ministerios de Transportes y para la Transición Ecológica de que esta realidad constituye «una señal de alerta que debe ser atendida».
Desde ambos departamentos han informado que han promovido diversas propuestas de mejora organizativa y retributiva destinadas a reforzar estos servicios, pero «se encuentran en análisis por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública».
Antes de esta misiva de junio, esta asociación ya había alertado de esta problemática al subsecretario de Transportes a principios de este año, y a la Dirección General de Organización e Inspección, pero siguen sin tomarse medidas que le pongan fin. «En el ámbito de las carreteras, el ministro Óscar Puente anunció este año un plan de mejora del firme vinculado también a una mejora de personal, pero quedó sin completarse», apunta García Sendón.
De ahí que enviara una carta a Función Pública. Para recalcar que es necesario reformar a nivel de personal y de capacitación este ámbito de actuación tan vinculado al conocimiento ante «la creciente dificultad para encontrar ingenieros dispuestos a asumir las responsabilidades vinculadas a estos puestos».
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