La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a Andrea de la Torre, la actual pareja de José Luis Ábalos, que se encontraba en el domicilio del exministro durante el registro de la vivienda. La joven malagueña llevaba meses viviendo en ese inmueble desde que el exdirigente socialista entrará en prisión. También al que fuera chófer de Pedro Sánchez Cristian Corvillo en una operación desarrollada desde primera hora de este jueves en la que también han registrado la casa del exministro de Transportes Ábalos por orden del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo. Se trata de un operativo que se enmarca en una pieza que se encuentra bajo secreto y que está relacionada con presuntos amaños de obra pública, según confirman a ABC fuentes jurídicas.Los agentes del Instituto Armado se encuentran registrando el domicilio de Corvillo en Córdoba, y también se están desarrollando registros en Madrid, Sevilla y Valencia. Las pesquisas se centran en sospechas relativas a adjudicaciones durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, detallan las citadas fuentes. Hasta el momento se han producido seis detenciones.Fue este martes cuando el magistrado Ismael Moreno acordó la apertura de una nueva línea de investigación dentro de la causa por un presunto delito de estafa. Lo hizo, en concreto, después de recibir un informe de la propia UCO, como consta en una providencia recogida por este diario. Los agentes, además, también indagan en la presunta comisión de un delito de blanqueo.Corvillo declaró el pasado mes de septiembre ante otro juez de la Audiencia Nacional, en este caso el encargado de investigar el conocido caso hidrocarburos. Entonces, y como testigo, reconoció reuniones con Ábalos que, en sus palabras, habrían versado sobre cuestiones relacionadas con el PSOE. En los mismos estuvo presente su entonces asesor, Koldo García, aunque según Corvillo no trataron el tema de los hidrocarburos.El que fuera chófer de Sánchez reconoció que participó en una operación relacionada con el chalet de La Alcaidesa, que fue una presunta contraprestación de los investigados para el exministro José Luis Ábalos. Corvillo indicó que la misma podía constituir una oportunidad de negocio, aunque afirmó que desconocía quién era el cliente final y que finalmente no fructificó.
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