El Gobierno ha habilitado dos espacios nuevos para acoger a alrededor de 1.800 inmigrantes ilegales que se encuentran instalados en la playa de El Trampolín, en Ceuta, desde que entraron a territorio español a partir del pasado 30 de julio, según han informado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El traslado, iniciado a primera hora de este jueves, se ha llevado a cabo «de manera voluntaria y sin incidencias», según las mismas fuentes, «ofreciendo a las personas la posibilidad de acceder a estos espacios de acogida en unas condiciones adecuadas y seguras».
Este anuncio llega apenas días después de que Fernando Grande-Marlaska dijera envalentonado que «todas las personas que han entrado de forma irregular a Ceuta… evidentemente serían objeto de retorno por cumplimiento de la propia ley». Palabras solemnes del ministro del Interior que, en la realidad, contradecía con sus propios hechos.
Mientras Marlaska hablaba de retornos y de cumplimiento de la ley, el Gobierno construía nuevos campamentos, no aviones de vuelta a Marruecos. No hay devolución, no hay frontera cruzada en sentido inverso: hay un traslado a un alojamiento mejorado para quienes, según sus propias palabras, deberían estar de camino a su país de origen. Es decir, el Ejecutivo no está devolviendo a nadie: está mejorando el hospedaje de quienes lleva tres semanas anunciando que iba a expulsar.
Y cabe preguntarse, además, si estos nuevos espacios no son sino la antesala de lo que vendrá después: el reparto de estos inmigrantes ilegales por distintas comunidades autónomas de la Península, con nocturnidad y alevosía, como ha venido haciendo este Gobierno en los últimos años. Es un engaño deliberado a los españoles —uno más— y muy especialmente a los ceutíes, que llevan semanas escuchando promesas de normalidad mientras se acostumbran a malvivir con miedo e inseguridad. A este Gobierno ya no se le puede pedir que cumpla su palabra, porque ni tiene palabra ni tiene vergüenza.
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