El Supremo rechaza suspender el voto de los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’: otros 190.000 beneficiados

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado dos resoluciones clave que definen la composición del censo electoral exterior (CERA) de cara a las inminentes elecciones generales del 29 de noviembre. En la primera rechaza ampliar las medidas cautelares para suspender el derecho al sufragio de 189.678 hijos de nacionalizados por la llamada ley de nietos. Paralelamente, en otra resolución desestima los recursos de diversas asociaciones de afectados y ratifica la suspensión del voto que ya pesaba sobre más de 162.000 ciudadanos (los progenitores del primer grupo), cuyas inscripciones estaban bajo sospecha. Iustitia y Vox exigían que la suspensión cautelar de los efectos electorales del primer se extendiera a los hijos mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad por la ley de nietos al entender que si no podían votar los ascendientes de igual modo no podrían hacerlo tampoco los que adquirieron la nacionalidad española gracias aquéllos. Este segundo grupo estaba conformado por 189.678 personas, una cifra superior a la de los 162.454 padres afectados inicialmente por la medida. El Supremo reconoce en su auto que la petición de Vox guarda una «lógica aplastante» y una clara conexión material: si se cuestiona cautelarmente la inscripción censal de los progenitores, resultaría coherente cuestionar la de los hijos, puesto que el único título jurídico por el que estos han visto reconocida su nacionalidad es, precisamente, ser descendientes en primer grado de los anteriores. Los magistrados priorizan la viabilidad del proceso electoral y considera que a escasas tres semanas de la votación, con la campaña electoral a punto de comenzar y el depósito de voto en urna en los consulados inminente, iniciar un proceso masivo de revisión del censo generaría una «perturbación grave de los intereses generales». Ejecutar esta ampliación exigiría notificaciones internacionales, plazos de personación y un despliegue administrativo que la Oficina del Censo Electoral y los consulados, inmersos «en pleno desarrollo» de sus funciones legales, no podrían asumir a tiempo y «resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral».En su otra resolución, el Supremo desestima íntegramente las alegaciones de entidades como la Asociación de Descendientes Españoles en el Mundo (ADEM) y el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CEDEU), manteniendo el veto electoral a los nuevos inscritos en el CERA por la vía principal de la disposición octava de la ley de memoria democrática, la llamada ley de nietos ampliada por la polémica instrucción de Sofía Puente que amplió los requisitos del exilio hasta el punto de convertirlo en un coladero. Prueba de ellos es que según los datos que revelan los magistrados en este segundo auto, de los 163.355 expedientes tramitados hasta el cierre del censo el 1 de agosto de 2026, únicamente 901 ciudadanos lograron la nacionalidad aportando pruebas directas de exilio, quedando estos últimos exentos de la suspensión y habilitados para votar. La Sala confirma así la exclusión de esos miles de beneficiados en que hay «indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia» en la configuración del padrón. Cita el caso del Consulado General de España en Buenos Aires, donde se aprobaron 17.775 expedientes sin que «ningún expediente incluyera prueba de exilio». Los magistrados niegan que se produzca indefensión: los afectados, dice, no sufren una «privación» definitiva de su derecho fundamental, sino una «suspensión» de carácter temporal y cautelar destinada a salvaguardar la limpieza democrática. El tribunal advierte que el sufragio no es un derecho absoluto y que permitir la votación de personas con indicios fundados de irregularidad, distribuidas por todas las circunscripciones de España, podría afectar severamente al escrutinio y alterar ilegítimamente la conformación de las Cortes Generales. La decisión cuenta de nuevo con el voto particular de una de los seis magistrados de la Sala. Alicia Millán se opone a la exclusión del censo de esos 162.000 beneficiados de la 'ley de nietos', porque considera que suspender su derecho al sufragio en unas elecciones ya convocadas produce un «perjuicio definitivo» e irreversible que ninguna sentencia futura podrá reparar. Aunque apoya la decisión de denegar la ampliación a los 189.678 hijos solicitada por Vox, critica los argumentos de sus compañeros de tribunal. Asegura que la petición de los recurrentes excedía el objeto original del recurso y que no existía ningún «cambio de circunstancias» real que habilitara modificar las cautelares, ya que simplemente se había descubierto la verdadera dimensión numérica de un colectivo cuya existencia legal ya se conocía desde el principio. En el extremo opuesto, el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero se opone a no extender la paralización del censo exterior a los hijos de los «nietos» afectados por la suspensión, es decir,los casi 190.000 descendientes que si podrán votar. Para este juez, la pureza del censo electoral tiene que prevalecer sobre el calendario electoral. Reprocha así a la mayoría que prioricen la inminencia de las elecciones teniendo en cuenta que con una administración diligente se podrían haber cruzado los datos a tiempo para identificar a los hijos de los 901 exiliados reales, previniendo así las consecuencias irreparables de una votación masiva fundamentada en títulos jurídicos bajo grave sospecha.