La batalla lingüística entre el Govern de Salvador Illa (PSC) y ERC impacta esta vez en la sanidad y, más concretamente, en uno de los ámbitos más sensibles para cualquier ciudadano: la información sobre su propia salud. Los republicanos han exigido al Departamento de Salud, que dirige Olga Pané (PSC), que dé marcha atrás en la incorporación del castellano en las plantillas de los informes clínicos que utilizan los centros sanitarios catalanes y han pedido, asimismo, explicaciones sobre las instrucciones trasladadas a los profesionales. ERC considera que el cambio vulnera la política lingüística del sistema sanitario catalán y reclama recuperar el modelo anterior, redactado íntegramente en catalán.La ofensiva republicana choca, sin embargo, con un derecho reconocido por la propia normativa del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), aprobada, precisamente durante el mandato de ERC: que los pacientes puedan solicitar y recibir su documentación sanitaria en la lengua oficial que elijan, incluido el castellano.Sobre el papel, el derecho existe. Pero no siempre parece cumplirse. Juana López —nombre ficticio— da fe de ello. La paciente denuncia en declaraciones a ABC que hace unos meses recibió de su hospital de referencia, el Hospital del Mar de Barcelona, las instrucciones para que su hija se preparara para una prueba médica. Estaban redactadas solo en catalán y las reclamó en castellano, su lengua de uso y materna. El centro le respondió, según su relato, que no podía facilitarle el documento en esa lengua porque «tenía el sistema informático preparado para responder únicamente en catalán». Como alternativa, asegura que le ofrecieron la posibilidad de «ayudarla en la traducción».La respuesta sorprendió a Juana, precisamente porque no era la primera vez que solicitaba documentación médica en castellano. «Con anterioridad me habían enviado, tras mi solicitud, diversos documentos en castellano sin problema», explica a este diario. «No es normal que la ley te ampare para acceder a tu documentación médica en catalán y castellano y que te nieguen esta posibilidad», denuncia la paciente que pidió amparo a la Fundación Impulso y Colaboración . Finalmente, tuvo que traducir por su cuenta las instrucciones que le habían entregado para que su hija pudiera acudir preparada a la prueba. «Es indignante e intolerable que se anteponga la ideología a la salud de los pacientes. Quien no entienda el catalán para saber en qué condiciones debe acudir a una prueba tiene que buscar un traductor. Es muy grave que ocurra esto en una comunidad en la que el español es lengua oficial», sostiene Juana.Su conclusión es aún más directa: «Vamos a peor. En este mismo centro sí me facilitaban antes los documentos en castellano si lo pedía». Y resume el conflicto con una frase: «El paciente no enferma en catalán o castellano, simplemente enferma y necesita entender qué le pasa».«Es indignante e intolerable que se anteponga la ideología a la salud de los pacientes» Juana López (nombre ficticio) Paciente a la que negaron documentación médica en castellanoLa paradoja es que la normativa que reconoce este derecho fue aprobada durante el mandato de ERC, precisamente el partido que ahora pide cambiar la instrucción para «imponer solo la lengua autonómica». La Instrucción 02/2024 del CatSalut , aprobada el 9 de mayo de 2024, obliga a los centros, servicios y establecimientos del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (Siscat) a respetar el derecho de opción lingüística de los ciudadanos.El texto reconoce el derecho a utilizar «la lengua oficial escogida» en la relación con los centros sanitarios, a ser atendido oralmente y por escrito en esa lengua y a «recibir la documentación sanitaria» y «solicitar la documentación clínica» en ella. La instrucción no obliga a que todas las historias clínicas estén redactadas simultáneamente en catalán y castellano. Pero sí establece que el paciente puede escoger una de las lenguas oficiales y solicitar su documentación clínica en ella.La propia Administración sanitaria catalana contempla expresamente esta posibilidad. De hecho, el sistema interno de reclamaciones del CatSalut incluye incluso una categoría específica para los pacientes que solicitan documentación clínica en castellano: el código 033021, «Pide documentación clínica en castellano», además de las categorías correspondientes al catalán y al aranés.El Plan para garantizar el uso del catalán en el sistema público de salud de Cataluña fija como objetivo reforzar su uso en el ámbito sanitario. El Govern mantiene, no obstante, que esta política debe convivir con los derechos lingüísticos individualesLa actual ofensiva de ERC se remonta a un cambio posterior en los modelos utilizados por los centros sanitarios. Según ha denunciado la formación, desde febrero de 2025 las plantillas de determinados informes médicos incorporan el castellano en elementos como las cabeceras, los datos de contacto o las cláusulas de protección de datos.Los republicanos atribuyen la modificación a directrices del Área de Sistemas de Información del Departamento de Salud, que dirige Olga Pané . Según ERC, desde este organismo se habría trasladado que la plantilla del informe «debe estar como mínimo en castellano», algo que, según este partido secesionista, no establece el Real Decreto 1093/2010 ni su modificación del RD 572/2023.La formación ha registrado preguntas en el Parlament para conocer qué instrucciones recibieron los centros, cuál es su fundamento jurídico y si el Departamento de Salud prevé recuperar el modelo anterior. ERC sostiene que la normativa estatal sobre los informes clínicos establece criterios de normalización y formatos para facilitar el intercambio de información sanitaria, pero no obliga a utilizar el castellano como lengua de redacción.«La hispanofobia de ERC llega hasta lo sanitario: rechaza que los informes clínicos de la sanidad catalana estén también en castellano. Anteponen su obsesión identitaria a la salud y a los derechos de los ciudadanos» Pepe Domingo Presidente de la Fundación Impulso y ColaboraciónLa interoperabilidad es, precisamente, uno de los argumentos centrales del debate. La digitalización sanitaria exige formatos y datos estandarizados que permitan que la información circule entre diferentes sistemas sanitarios, comunidades autónomas y, progresivamente, también en el ámbito europeo. Para ERC, esa necesidad no justifica que el castellano se incorpore a las plantillas de los informes. Los republicanos defienden que el catalán debe continuar siendo la lengua de uso normal del sistema sanitario público. El Govern mantiene, sin embargo, que la promoción del catalán debe convivir con los derechos lingüísticos individuales . La propia Instrucción 02/2024 establece que los centros del Siscat deben garantizar el derecho de los pacientes a utilizar la lengua oficial escogida y a solicitar en ella la documentación relacionada con su salud.La Fundación Impulso y Colaboración ha reaccionado a la iniciativa de ERC acusando a los republicanos de anteponer la cuestión lingüística a los intereses de los pacientes. Su presidente, Pepe Domingo, denuncia un «incumplimiento de facto» de la normativa de la Generalitat. «La hispanofobia de ERC llega hasta la sanidad: rechaza que los informes clínicos de la sanidad catalana estén también en castellano, pese a que facilita su interoperabilidad con otras comunidades autónomas y beneficia a los pacientes. Anteponen su obsesión identitaria a la salud y a los derechos de los ciudadanos», afirma.Pacientes de otras comunidadesDomingo sostiene que disponer de información clínica también en castellano puede facilitar la atención de pacientes que necesiten desplazarse a otras comunidades autónomas para acudir a un centro de referencia, solicitar una segunda opinión o continuar un tratamiento. Pero también cuestiona que el derecho lingüístico reconocido por la Generalitat dependa, en la práctica, de que el paciente lo reclame expresamente y de que el centro pueda o quiera atender su solicitud. «Todo el mundo sabe que para recibir un informe médico en castellano tienes que pedirlo explícitamente y para ser atendido oralmente también. Es decir, para que se te garantice ese derecho tiene que haber una petición, no te lo dan directamente y eso no debería ser así», subraya.«La respuesta no puede ser negativa»El caso de Juana López añade un elemento más a la controversia: incluso cuando el paciente sí solicita expresamente recibir una información médica en castellano, asegura que la respuesta puede ser negativa. Así, el conflicto enfrenta dos principios que, sobre el papel, no tendrían por qué ser incompatibles: la voluntad de reforzar el catalán como lengua habitual del sistema sanitario y el derecho, reconocido por la propia Generalitat, a que el ciudadano pueda utilizar cualquiera de las lenguas oficiales y recibir en ella la documentación relacionada con su salud. MÁS INFORMACIÓN noticia Si Puigdemont reconoce que le «violenta» ser español «como quien se siente mujer atrapada en el cuerpo de un hombre» noticia Si El partido de Rufián exige una ‘excepción’ para el aceite de oliva catalán y asegura que la retirada «está hecha para Andalucía» noticia Si Trenes, vivienda e inmigración centran un debate electoral en Cataluña que orilla el modelo territorial noticia No Ada Colau, sobre sus trabajos antes de la política: «He trabajado en una consultora de comunicación, en producción de televisión, de traductora… y todos los trabajos eran precarios»Para Juana, sin embargo, la discusión política queda lejos de lo que considera esencial. «El paciente no enferma en catalán o castellano, simplemente enferma y necesita entender qué le pasa».
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