Un informe elaborado por un grupo de juristas lleva unos días circulando de mano en mano de altos funcionarios de las Cortes Generales. El dossier en cuestión, al que ha tenido acceso OKDIARIO, recopila, bajo el título Cortes Confidencial: Atropellos constitucionales y otras chapuzas y, a través de un total de 7 páginas, una serie de anomalías, violaciones e incumplimientos constitucionales perpetrados en los tres últimos años del Gobierno de Pedro Sánchez, bajo el mandato de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.
Los autores del dossier han querido mantenerse en el anonimato, para evitar represalias y sortear censuras, puesto que, de la lectura del mismo, se deduce una estrecha colaboración del personal vinculado a las Cortes Generales en la autoría del texto. El documento, que va circulando por los despachos de Congreso y Senado, denuncia «graves infracciones constitucionales, reglamentarias y administrativas» acontecidas en la XV Legislatura y advierte que no existe ningún organismo de control que frene estos «atropellos».
La recopilación, que arranca con el episodio de la compra apresurada de los equipos de traducción en el Congreso de los Diputados, denuncia sobre este episodio que hubo una «aprobación sin norma habilitante y con ejecución inmediata de un sistema de traducción a diversas lenguas de las intervenciones en el Congreso de los Diputados de los parlamentarios, teniendo que comprar la Dirección de Infraestructuras equipos de segunda mano sin licencia a través de un antiguo proveedor».
En este sentido, se refiere a la compra de los pinganillos como «un dispendio de millones de euros, sin control alguno y sometido al puro arbitrio de la decisión política, sin presupuesto y sin un estudio de la posibilidad de la iniciativa y la no afectación de otros derechos e intereses» y subraya a continuación que hubo una «aprobación sin informe previo de una reforma del Reglamento del Congreso para dar supuesta cobertura a la instalación del sistema de traducción, en clara infracción de la Constitución y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el uso de las lenguas en organismos de competencia estatal».
La amnistía y los Presupuestos, un clamor
En el relato pormenorizado sobre el papel de los servicios jurídicos de la Cámara, el documento apunta directamente a una tramitación de la Ley de Amnistía chapucera y anómala en la que se produjo «una caótica tramitación en el Congreso de los Diputados, en la que se incluyó un rechazo por el Pleno en la votación final, sin consecuencias; se emitió por personas no identificadas un informe de admisión favorable».
Asimismo, el documento se fija en el incumplimiento flagrante de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Se refiere a esta omisión y advierte que se ha reiterado «desde 2023 sin que se haya emitido por la Secretaría General del Congreso de los Diputados informe al respecto, en cuanto al examen de constitucionalidad o requerimiento al Gobierno sobre la obligada presentación».
Para el grupo de juristas que ha elaborado este informe, resulta inquietante que no haya existido «advertencia alguna a la Mesa o a la Presidencia de la Cámara por parte de la Secretaria General de las obligaciones constitucionales, su incumplimiento y los efectos de los citados hechos sobre el régimen parlamentario».
Senado: «Infracción constitucional»
El maltrato dispensado por el Congreso de los Diputados al Senado tiene también un apartado reservado en este informe, en el que se recoge cómo, bajo la presidencia de Armengol, se han bloqueado todas las iniciativas que llegaban del Senado, que eran incómodas para el Ejecutivo y que son alrededor de 70 en total.
Así, sobre este bloqueo sistemático, concluye el texto crítico con el régimen establecido por Armengol: «Esta conducta se ha producido reiteradas veces, lo que ha producido el pernicioso ejemplo de una grave infracción constitucional, por la que se ha impedido el conocimiento por el Pleno de las enmiendas aprobadas por el Pleno del Senado en una absoluta vía de hecho».
También denuncia la tramitación irregular de un tratado entre España y la República Francesa «que permite participar en los Consejos de Ministros de España a ministros de Francia sin habilitación previa de la Ley del Gobierno», o la omisión del necesario informe jurídico previo a la delegación de la competencia estatal a la comunidad autónoma de Cataluña, en materia de inmigración. En este punto relata que se tramitó «sin informe alguno sobre la cuestión esencial de si la competencia era delegable ex artículo 150.2 de la Constitución, que únicamente lo permite cuando se trate de facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación».
El texto va desgranando en 7 folios una enorme cantidad de casos acontecidos en estos últimos tres años de Gobierno de Pedro Sánchez, en una legislatura en la que el propio presidente del Gobierno anunció, el pasado 8 de septiembre de 2024, sus intenciones, cuando advirtió que estaba dispuesto a gobernar «con o sin el concurso del Poder Legislativo», una advertencia que se recoge precisamente en los inicios del documento.
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