OKDIARIO destapó hace más de un año el escándalo de las pulseras antimaltrato, por el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado este jueves en el Ministerio de Igualdad para llevarse documentación relacionada con un presunto fraude en la compra de las mismas.
Este periódico desveló que la cartera que dirige Ana Redondo y que lideró previamente Irene Montero adjudicó a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por una gran teleoperadora y una empresa de seguridad un contrato de 42,6 millones de euros para la gestión del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos.
Las informaciones de OKDIARIO, publicadas desde el 17 de septiembre de 2025, desvelan que la adjudicación incluía la provisión del servicio telemático en los ejercicios 2024, 2025 y 2026, así como la gestión de 11.000 dispositivos. El cambio de proveedor de Igualdad en el sistema de seguimiento telemático de órdenes de alejamiento generó un vacío informativo de varios meses, por el que el centro de control Cometa no pudo facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024.
Esto implicaba la pérdida del elemento probatorio necesario para formular acusaciones por quebrantamiento de las medidas de alejamiento. La raíz del problema se encontraba en las dificultades para descargar y volcar la información del anterior proveedor de servicios. El paso de una empresa provocó que la información anterior, cifrada, no se traspasara correctamente a las nuevas bases de datos.
La UCO registra Igualdad
Este jueves, 14 meses después de que OKDIARIO desvelara el escándalo, la UCO ha entrado en el Ministerio de Igualdad en busca de documentación relacionada con un presunto fraude en la compra de pulseras antimaltrato. La operación está dirigida por la Fiscalía Europea, que ha detectado un uso irregular de fondos europeos destinados a la adquisición de estas pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.
Los agentes de la UCO también han entrado en el Tribunal de Cuentas, que recientemente ha publicado un informe en el que alerta de «graves deficiencias» en la compra del Ministerio de Igualdad de estos dispositivos electrónicos, con un importe superior a los 100 millones de euros.
Los fallos en las pulseras, destapados por este medio, han provocado sobreseimientos, absoluciones y situaciones de desprotección para las víctimas. Igualdad perdió todos los datos de las órdenes de alejamiento por maltrato con Irene Montero como ministra.
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