Vox propone Ingreso Mínimo Vital solo para españoles y que los ilegales no puedan alquilar ni acceder a la sanidad pública

Si Vox llega al Palacio de la Moncloa el próximo 29N , el Ingreso Mínimo Vital (IMV) estará exclusivamente reservado para los españoles con menos recursos y los inmigrantes ilegales no podrán acceder al alquiler de viviendas ni a la sanidad pública. Así lo han anunciado este jueves al presentar su programa electoral. Para los de Santiago Abascal esto es «sentido común», haciendo referencia a su propio lema electoral. El partido de derecha radical sitúa al ciudadano español como eje de su plan gracias a su 'prioridad nacional': acceso preferente a prestaciones públicas, preferencia en la búsqueda de hogar, exenciones tributarias y ventajas frente a la sanidad y educación pública. Pone la diana, también, en los extranjeros irregulares con su plan para recuperar Ceuta de su invasión, las deportaciones masivas y los anuncios para endurecer los requisitos para acceder a la nacionalidad.Desde el inicio de la precampaña, Abascal ha confirmado que su primera medida, si su formación logra barrer la cifra de 176 escaños en el Congreso de los Diputados, será «recuperar» Ceuta y proteger Melilla, «expulsar de inmediato a los invasores» y «militarizar la frontera» para repeler «cualquier intento futuro de invasión o ataque híbrido». Marruecos, el vecino norafricano que alentó la avalancha a la ciudad autónoma el pasado 30 y 31 de julio, también es protagonista en el programa electoral de Vox. Plantean impulsar sanciones y suspender acuerdos internacionales por el uso de la inmigración como arma de guerra híbrida para que el reino marroquí «respete las fronteras y la soberanía de España». En total, Vox enmarca su programa electoral en trece claves: Ceuta y Melilla, Economía, Inmigración, Vivienda, 'Prioridad Nacional', Desregulación, Sector Primario, Sanidad, Educación, Seguridad y Defensa, Familia y Vida, Independencia Judicial e Infraestructuras. En total, desgranan 115 medidas con las que tratarán de convencer a los votantes indecisos para el próximo 29N.En el caso de las prestaciones públicas, Vox cree firmemente que parte de los inmigrantes regulares en España tratan de costearse la vida en España mediante las ayudas que el Estado facilita. Por ello, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) si Abascal es presidente del Gobierno «atenderá únicamente las necesidades de los españoles con menos recursos». Medidas de este estilo ya han sido asumidas por el Partido Popular en las comunidades autónomas donde gobiernan en coalición y tienen como objetivo centrar la atención del Gobierno en los nacionales. Por ello, promoverán el «retorno de aquellos inmigrantes que estén cobrando el IMV o sus complemento autonómicos». En general, buscan garantizar la «atención a los españoles más desfavorecidos» con planes de inversión para «revitalizar» los barrios del país. Y, si los inmigrantes —regulares o ilegales— tratan de enviar dinero al extranjero logrado en España se aplicará un impuesto o cobro sobre las trasferencias que se envíen desde España hacia otros países. «El dinero generado aquí ha de mejorar la economía y los servicios de quienes viven en el país», recogen. Documento PDFAuditoría en SanidadLa sanidad pública tampoco estará exenta de la 'prioridad nacional' que promueve el partido. Si Vox gobierna y un extranjero irregular acude a un hospital público para una dolencia no grave, no podrá ser atendido. Con ello buscan «garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario dotándolo de los medios necesarios para atender las necesidades de los españoles». Llevarán a cabo una auditoría del «coste de la inmigración masiva en la sanidad pública». Por otro lado, para los nacidos en España o extranjeros con los papeles en norma, habrá una «misma atención de calidad para todos los españoles» con una «tarjeta sanitaria única con historia clínica compartida en todo el territorio nacional»Para los nacidos en España, habrá una «misma atención de calidad para todos los españoles»La crisis de vivienda ha sido el detonante que ha provocado que los españoles acudan a las urnas el próximo 29 de noviembre. En Bambú, sede nacional del partido, relacionan la llegada masiva de inmigración en estos últimos años como una de las principales causas que ha empeorado la situación. Como consecuencia a esto, en Vox pretenden impulsar que los extranjeros ilegales no puedan tener acceso al mercado del alquiler de la vivienda. Los de Abascal quieren prohibir su arrendamiento y exigirán a los propietarios la verificación previa de la residencia legal como «requisito obligatorio para la formalización de contratos de alquiler». Controlarán asimismo el «fraude en el empadronamiento por parte de okupas e inmigrantes ilegales» para impedir que «disfruten» de este derecho. Sobre la dificultad para llevar a cabo desokupaciones en España, Vox se compromete a llevar a cabo una estrategia de «mano dura» contra este fenómeno y desalojar las viviendas afectadas en menos de 24 horas: «Asistencia jurídica gratuita para los afectados y exención de impuestos y de las cargas fiscales y de suministros del inmueble mientras dure la okupación. Endurecimiento del Código penal. Tipificación de la inquiocupación como delito de estafa», incluyen.Influenciados por las últimas medidas de su aliada italiana Giorgia Meloni, los de Abascal buscarán implemente el establecimiento «de un número máximo por aula de alumnos procedentes de otras culturas o con dominio insuficiente del español». El Gobierno italiano aprobó en septiembre la limitación al 30 por ciento el número de extranjeros sin dominio del italiano por aula. Vox quiere que los alumnos que se incorporen tarde al sistema español alcancen el «nivel requerido» en «aulas específicas de nivelación».Independencia judicialEn Bambú, consideran que la gestión de Félix Bolaños, ministro de Justicia, es un suspenso por su politización. Según defienden en su programa, llevarán a cabo una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos «mediante voto personas, directo y secreto por y entre los propios jueces y magistrados, terminando con el sistema de cuotas partidistas». El objetivo prioritario es acabar con la «colonización partidista de cualquier institución judicial» y garantizar la «idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e independencia del Fiscal General del Estado».Finalmente, tratarán de impulsar la ilegalización de «partidos políticos, asociaciones u organizaciones que atenten contra la soberanía e independencia de España, su unidad e integridad territorial». Desde el inicio de su historia política, Abascal ha solicitado la prohibición de Bildu como una fuerza política. De momento, sin éxito, aunque ha presentado varias propuesta no vinculantes en el Congreso de los Diputados que no ha conseguido ver aprobadas.