La jueza que investiga la invasión de Ceuta imputa al exdelegado del Gobierno

La jueza de la Audiencia Nacional que investiga la invasión de Ceuta los días 30 y 31 de julio ha imputado al entonces delegado del Gobierno de la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, al que ha citado a declarar el próximo 18 de noviembre. En un auto, la magistrada María Tardón adopta esta decisión después de aceptar las actuaciones remitidas por el Juzgado 6 de Ceuta, que admitió inicialmente una querella contra Pérez Triano. Su imputación también se deriva de «los informes precisos sobre su posible participación» en los hechos investigados, aunque la instructora no concreta el delito que se le imputa. Fue el pasado mes de octubre cuando Gonzalo Sanz, el que fuera jefe de Gabinete de Pérez Triano en el momento de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, confirmó en su declaración como testigo que recibió una alerta de un agente del CNI el día 29 de julio, en la que fue advertido de que había un llamamiento en redes sociales en Marruecos para entrar ilegalmente en la ciudad autónoma y que dicho mensaje había llegado a unas 180.000 personas. Sanz dejó claro que elevó dicho aviso a su superior, el delegado del Gobierno Pérez Triano.Tanto Manos Limpias como Hazte Oír denunciaron que Pérez Triano pudo incurrir en responsabilidades penales por no haber adoptado las medidas necesarias para evitar la avalancha. Hazte Oír pidió esclarecer «qué sabía el delegado antes de la entrada masiva y qué medidas adoptó para proteger a los ceutíes» puesto que aseguran que Melchor León, diputado socialista en la Asamblea de Ceuta, afirmó públicamente que el delegado «sabía todo lo que iba a pasar». Según la querella, su jefe de gabinete le confirmó que Pérez Triano estaba presente durante la llamada con el CNI del 29 de julio.En su resolución, dictada este mismo jueves, la jueza Tardón requiere a la Comisaría General de Información de la Policía para que remita un informe en el que incluya expresión de cuantas incidencias, análisis, investigaciones o informes de inteligencia consten en relación con anomalías en las comunicaciones operativas coincidentes con los hechos investigados, durante el periodo comprendido entre los días 28 de julio y 5 de agosto, «compatibles con actuaciones coordinadas dirigidas a perturbar la capacidad de comunicación, coordinación o respuesta de los servicios públicos españoles».«Causas técnicas» o «actuación deliberada»Además, la instructora acuerda requerir al Centro de Operaciones de Servicio (COS) de la Guardia Civil de Ceuta para que remita las grabaciones de las llamadas que se hubieran recibido durante el periodo comprendido entre las 00.01 horas del 30 de julio de 2026 y las 23.59 horas del 31 de julio de 2026.Tardón solicita estos dos informes antes de decidir sobre la batería de diligencias solicitada por la Fiscalía en relación con las anomalías en las comunicaciones operativas coincidentes con los hechos investigados.La instructora recuerda en su auto que la eficacia de cualquier dispositivo de seguridad depende de forma esencial de la normalidad de sus sistemas de comunicación, coordinación y transmisión de información. «Por ello, si efectivamente se hubiera producido una degradación grave y prolongada de tales capacidades, resultaría imprescindible determinar si dicha circunstancia obedeció únicamente a causas técnicas ordinarias derivadas de la saturación de las redes o, por el contrario, si pudo existir algún tipo de actuación deliberada dirigida a perturbar el normal funcionamiento de tales sistemas», advierte.En este sentido, apunta que la trascendencia de esta cuestión resulta aún mayor si se tiene en cuenta que los hechos investigados se desarrollaron en un contexto de excepcional intensidad y afectaron directamente a intereses esenciales del Estado relacionados con la seguridad fronteriza, el control de flujos migratorios y la capacidad de respuesta de los servicios públicos encargado de preservar el orden y la seguridad. Por ello, añade, procede acordar nuevas diligencias de investigación dirigidas «a esclarecer una circunstancia que, por su eventual relevancia para la comprensión global de los hechos objeto de la causa, no puede quedar sin verificación».Informe antes de tomar una decisiónFue un agente de la Policía Nacional el que declaró que durante los días coincidentes con la invasión de Ceuta las comunicaciones operativas utilizadas por los servicios policiales presentaban graves deficiencias de funcionamiento, caracterizadas por retardos, interrupciones y dificultades de transmisión que se prolongaron durante varios días. Tal circunstancia fue percibida por el agente como algo anómalo, hasta el punto de suscitarle la sospecha de que dichas incidencias pudieran guardar relación con los sucesos que simultáneamente se estaban desarrollando en la frontera.No obstante, la magistrada indica que, más allá de la declaración de un agente de policía, no existe elemento objetivo alguno que permita afirmar que existieron elementos compatibles con actuaciones deliberadas de interferencia tecnológica, ciberataques, guerra electrónica, sabotaje digital o cualquier otra modalidad de actuación hostil que tuvieran participación, intervención, colaboración o relación causal con los hechos que motivaron la apertura de la causa. Por ello, y pese a compartir el criterio de la Fiscalía sobre la necesidad de practicar diligencias para analizar todos estos extremos, la juez cree más pertinente oficiar primero a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y al Centro de Operaciones de Servicio de la Guardia Civil de Ceuta.Así, la magistrada explica que se trata de unas diligencias previas que permitirán comprobar la propia realidad del presupuesto fáctico sobre el que el Ministerio Fiscal basa su solicitud y determinar si existe algún elemento que justifique la apertura de una línea adicional de investigación.