Indignación en los mandos policiales por la decisión de Marlaska de retirar el gas lacrimógeno

La decisión del Ministerio del Interior de que no se use gas lacrimógeno en las manifestaciones no ha sido respaldada por mandos policiales expertos en Seguridad Ciudadana. Varios de estos jefes consultados por ABC defienden que este medio es uno de los «menos lesivos» que tienen en su equipamiento y vaticinan problemas: «Habrá más agentes y manifestantes heridos». Es una nueva forma de «dejar vendidos a los policías ante los violentos». Los sindicatos policiales también se unen y piden la dimisión, una vez más, de Fernando Grande-Marlaska.No es la primera vez que el uso de los botes de gas lacrimógeno generan polémica. Este material ya se empleó para disolver las concentraciones que se realizaban de forma periódica enfrente de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. «Todos los protocolos marcan que este medio es el primero que se utiliza. Ahora también tenemos botes de spray que se llevan en la mano», explica uno de estos mandos a ABC.Los agentes que lo utilizan también presentan sintomatología como picores. «Si nos quitan este gas solo va a quedar el cuerpo a cuerpo con los violentos y va a resultar muy desagradable. Tendremos muchos lesionados entre los policías y también entre los manifestantes», expresa uno de ellos. De igual forma, expone que este material se utiliza en toda Europa, en países como Francia, Italia o Alemania. De igual forma, tampoco ha sentado bien que el área de Fernando Grande-Marlaska haya reclamado a la Dirección General de la Policía una investigación interna para analizar las cargas que se produjeron durante la huelga general. Los mandos de la UIP resaltan que en Madrid no hubo saqueos en comercios como sí se produjeron en otras ciudades como Barcelona, donde hubo cerca de medio centenar de detenidos.«Estamos profundamente indignados, cansados y hartos de ver cómo, una vez más, se utiliza a la Policía Nacional como moneda de cambio política», critica Daniel López Gutiérrez, presidente nacional del Sindicato Profesional de Policía (SPP) . Esta entidad que representa a las escalas superiores defendió que la jornada de huelga general se saldó sin consecuencias «más graves» gracias a la impecable planificación operativa de «nuestros mandos, profesionales con una dilatada experiencia al frente de las Unidades de Intervención Policial (UIP), de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) y del resto de unidades desplegadas sobre el terreno». «Su pericia y temple permitieron contener los focos más críticos y garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los propios manifestantes pacíficos frente a la actuación coordinada de piquetes violentos. Cientos de compañeros se jugaron la integridad física en las calles para proteger el orden público y defender el Estado de derecho», añadió el presidente de SPP.Policías vendidosConsideran que retirar herramientas operativas como el gas lacrimógeno de los dispositivos antidisturbios «no es modernizar, ni es progresista: es dejar a los agentes vendidos, indefensos y expuestos a agresiones directas sin una alternativa intermedia eficaz». También a estos asuntos se ha referido Jupol, quienes han exigido la dimisión inmediata del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión de las actuaciones policiales durante la huelga general. Consideran «inadmisible que el ministro haya decidido abrir una investigación sobre las intervenciones policiales durante la jornada de huelga general y ordenar la retirada del gas lacrimógeno como medio de intervención en manifestaciones, mientras ni siquiera ha sido capaz de trasladar públicamente su pésame a la familia del compañero de la Policía Nacional asesinado en Oviedo ni de comparecer para condenar este terrible crimen». «Marlaska sí tiene tiempo para investigar a los policías que cumplen con su obligación, pero no parece encontrarlo para acompañar a una familia destrozada por el asesinato de un compañero ni para respaldar públicamente a los profesionales que han perdido a uno de los suyos», remarcan. Destacan que los agentes que participaron en los dispositivos de seguridad de la huelga general desarrollaron su trabajo en «escenarios de tensión, enfrentándose en algunos casos a actitudes violentas y agresiones». «Su obligación era garantizar la seguridad ciudadana, proteger los derechos de todos y actuar ante cualquier alteración del orden público», añaden.La cadena de mandoEn esta línea, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) sostienen que la orden tiene una «consecuencia inmediata para el policía que mañana vuelva a formar un cordón». «Cuando un grupo violento ataque esa línea, ¿qué instrucciones tendrá el jefe de la unidad, con qué medios podrá intervenir y cómo protegerá a los agentes y a los manifestantes pacíficos? Esa respuesta le corresponde al ministro y debe darla antes del próximo dispositivo», le emplazan.Por todos estos motivos, el SUP exige que se esclarezca cada actuación cuestionada. Además, reclaman que se examine la cadena de mando completa. «Hay responsables que diseñan el dispositivo, mandos que imparten las órdenes y agentes que las ejecutan. Una investigación rigurosa debe determinar qué ocurrió, quién tomó cada decisión, qué instrucciones recibió la unidad y a qué agresiones tuvo que responder. La responsabilidad de dar explicaciones también alcanza a quienes dirigen el dispositivo desde un despacho», sugieren. Toda esta nueva polémica que concierne al área de Interior de Grande-Marlaska ocurre cuando aún tienen los agentes en la retina el asesinato del subinspector Jota y de su perro en Oviedo. «A sus familias y a quienes volverán a ponerse el uniforme en el próximo turno, el ministro les debe algo más que el anuncio de una investigación. Les debe respaldo público, instrucciones claras y medios para regresar a casa», concluyen desde este sindicato de la Policía Nacional.