«Hay que resetear España». Son, a priori, convincentes palabras del líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, una vez presentadas las líneas generales del programa electoral del PP –documento bajo el título ‘Reconstrucción Nacional’, con 249 medidas- como guía ineludible a seguir si llega al Gobierno -en principio, en solitario- tras las elecciones generales del 29-N. Su principal compromiso para los primeros cien días de su potencial Gobierno será llevar a cabo una auditoría de toda la Administración General del Estado. No en vano, Feijóo recordaba ese mismo día su promesa de «auditar cada euro» si llega a gobernar y estudiar la situación en la que se encuentra el Estado por dentro, ministerio a ministerio, asegurando que «eliminará los gastos que no respondan al interés general», un control auditado que pretende extender al ámbito de las grandes empresas publicas. Así, según ha podido saber ABC en fuentes políticas, los planes de los populares en el caso de que salgan vencedores en las urnas de aquí a 13 días -sea solos, sea junto a Vox- incluyen una revisión exhaustiva de todas las participaciones estatales en empresas, sobre todo las que están bajo el paraguas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).Además, el líder de la oposición una vez al frente del Estado y puestas en marcha varias de sus iniciativas estrella con el cartel de ‘prioritarias’ -en teoría, en los primeros cien días como se ha comprometido-, llamará a capítulo a los gestores de las grandes compañías participadas para que expliquen con detalle las principales decisiones tomadas desde que Pedro Sánchez llegara al poder -en junio de 2018- y decidiera cambiar todas las cúpulas directivas ‘a dedo’.Los populares deslizan que tras la auditoría sobre las decisiones tomadas -que, en muchos casos consideran fueron totalmente ‘políticas’- y que hayan puesto en riesgo tanto la viabilidad como la rentabilidad de la compañía en cuestión, el futuro Ejecutivo exigirá a la alta dirección total transparencia en futuras decisiones. «Si encontramos fraude, lo denunciaremos; si hay gastos que no son para el interés nacional, los eliminaremos», dijo el pasado martes además de comprometerse también a «no dar incentivos para quienes llevan una empresa al desastre«, en referencia directa a los bonus aprobados por Adif tras el trágico accidente de Urda, y antes del relevo de su presidente.Compañías en pérdidas y reputación rotaFuentes financieras consultadas explican a este periódico que, tanteando a diferentes gestores de estas compañías, para muchos de ellos una cosa es que ya hayan asumido que si PP y Vox llegan al poder tendrán los días contados -dado que otro de los principales objetivos del potencial nuevo Gobierno sería profesionalizar las cúpulas directivas-, y otra cosa muy distinta es que a más les exijan rendición de cuentas para evitar que «salgan corriendo» con bonus y blindajes milmillonarios bajo el brazo mientras sus compañías quedan en pérdidas y con la reputación rota. Las fuentes recuerdan que existe bastante preocupación en el seno del PP como de Vox sobre la situación económica por la que pasan empresas como Telefónica, Indra, Red Eléctrica o Caixabank … donde el Estado mantiene importantes posiciones que serán estudiadas exhaustivamente con el objetivo de decidir si seguir con ellas bajo control, vender parte de esa participación o en desprenderse de su totalidad, dependiendo de si es necesario el apoyo o no del Estado o si es beneficioso para el mismo. En la actualidad, el Estado mantiene a través de la SEPI -organismo dependiente del Ministerio de Hacienda- paquetes accionariales significativos en grandes empresas privadas o mixtas como Indra (27,99%), Redeia (20%), Enresa (20%), Ebro Foods (10,36%), Hispasat (10,32%), Telefónica (10%), Talgo (7,80%), Enagás (5%), Airbus (4,12%), IAG (2,52%) y Epicom (40%), que serán principalmente motivo de auditoría y de petición de explicaciones según sus cuentas y consecuencias de medidas y decisiones tomadas.En el caso de Caixabank , el Estado está presente a través del FROB -Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, dependiente del Ministerio de Economía- con un 18% del capital heredado de Bankia. En principio, el objetivo de la formación política liderada por Núñez Feijóo es, además de pedir la citada auditoría, mantener dicha posición el tiempo suficiente para poder recuperar el rescate de dinero público que recibió la entidad madrileña antes de su fusión con la catalana, cerca de 23.000 millones de euros.La razón está en la enorme revalorización que ha tenido la participación pública en la entidad. Cuando se anunciaron las negociaciones para la absorción de Bankia por parte de Caixabank, el porcentaje en manos del FROB tenía un valor de menos de 2.000 millones de euros, muy impactado por la crisis del Covid 19. Ahora, a precios de mercado, ese 18% que tiene el Estado en la entidad catalana tiene un valor bursátil de unos 15.400 millones de euros.Devolver la credibilidad a los medios públicosEntre las públicas 100%, la preocupación de ambas formaciones políticas se centra, sobre todo, en intentar devolver la credibilidad a los medios públicos (Corporación RTVE y Agencia Efe), adoptando las medidas necesarias «para garantizar una información rigurosa, plural e independiente, una dirección profesional y una verdadera vocación de servicio», tal y como reza en el programa del Partido Popular. Tampoco quieren dejar en el olvido la necesidad de devolver la credibilidad a Correos, Navantia y Tragsa.Especial relevancia para los populares como ejemplo de empresa 100% estatal mal gestionada y “utilizada únicamente con fines políticos”, con sueltos estratosféricos en la alta dirección no profesionalizada, es Correos. Según datos recopilados por ABC, los diez altos ejecutivos que integran la cúpula de la compañía percibieron en 2025 más de 1,75 millones de euros en total. Esta cifra equivale a una media de unos 175.000 euros brutos anuales por directivo. Además, de acuerdo con el Portal de Transparencia de la propia compañía pública postal, su actual presidente, Pedro Saura, percibió una retribución bruta anual de 234.754,07 euros en 2025, incluyendo complemento fijo, variable y antigüedad. Esta cantidad supera la percibida en ejercicios anteriores por su predecesor, Juan Manuel Serrano, quien rondaba los 207.000 euros. Y mientras la cúpula directiva percibe aumentos de sueldo anuales -de alrededor de un 45% en un periodo de dos años-, la sociedad estatal redujo cerca de 5.340 puestos de trabajo y activó planes de salidas incentivadas para reestructurar su plantilla.La polémica se ha intensificado porque la compañía ha atravesado ejercicios con pérdidas millonarias y ha requerido préstamos e inyecciones de dinero público a través de la SEPI para cuadrar sus cuentas y financiar su plan estratégico al mismo tiempo que la plantilla, a través de sus sindicatos mayoritarios convocaban movilizaciones denunciando que buena parte del personal operativo (carteros y agentes de clasificación) percibe sueldos que apenas superan el salario mínimo, con contratos parciales que rondan los 900 euros mensuales.Tal y como publicó este periódico, Núñez Feijóo -que llegó a presidir Correos entre mayo de 2000 y enero de 2003-, enarbolando el perfil de gestor que le caracteriza y que en esta campaña ha vuelto a tener un papel nuclear, también dejó claro que para él gobernar, «servir», es hacerlo «sabiendo que los recursos públicos no son propios» y que «el dinero es un bien escaso» que hay que saber gestionar . «Consiste en respetar la honradez del administrado», dijo..
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