El Consell de Mallorca deberá pagar un total de 16,9 millones de euros más por rescate ilegal del túnel de Sóller que llevó a cabo el pacto de izquierdas que gobernó Mallorca las pasadas dos legislaturas. Un auto del juzgado de lo contencioso-administrativo obliga a la institución insular a indemnizar con 12 millones de euros más intereses de demora a la empresa concesionaria Globalvía.
Se trata de una cantidad que corresponde a la compensación final por la anulación del rescate del peaje que se llevó a cabo en el año 2017 bajo la presidencia del separatista Miquel Ensenyat, de Més per Mallorca. El tribunal ha dictaminado que es físicamente imposible devolver la gestión del túnel a la empresa afectada. Esto se debe a que el contrato original para explotar la carretera tenía como fecha límite el 30 de junio de 2022, un plazo que ya se ha superado.
Ahora, al no poder devolverles el control de la infraestructura, la justicia ha resuelto que la única solución válida es compensar económicamente a la compañía por los beneficios que dejaron de ingresar durante ese tiempo. Para calcular la factura final, el juzgado ha establecido que los daños y perjuicios totales sufridos por la empresa ascienden a 28.233.293 euros, según el valor del dinero en diciembre de 2017.
Como la administración pública ya había pagado poco más de 16,2 millones de euros cuando recuperó el túnel, quedaba una deuda pendiente de 11.945.092 euros. Al actualizar económicamente este saldo pendiente hasta el año 2022, la cifra definitiva alcanza los casi 17 millones de euros. Además, a este importe habrá que sumarle los intereses legales generados hasta el día de hoy.
Esta decisión resuelve una larga disputa sobre cómo debían calcularse las pérdidas. Durante el proceso, el juzgado ha dado la razón a los informes financieros aportados por la empresa, descartando los cálculos a la baja que defendía el Consell apoyándose en expertos universitarios.
La resolución concluye que los números presentados por la concesionaria reflejan de una manera más lógica y realista las condiciones de rentabilidad que se pactaron durante la vida del contrato. Por último, el tribunal ha decidido no cobrar los gastos del juicio a ninguna de las partes, reconociendo la enorme complejidad que suponía calcular esta indemnización.
La historia se remonta al 2017, cuando el Consell de Mallorca acordó el rescate del contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de la carretera de peaje, variante de la C-711 del túnel que cruza la Serra de Alfabia, con una indemnización de 16,28 millones de euros, a cinco años de su finalización natural.
La concesionaria se opuso rápidamente, ya que estimaba el precio del rescate en una cantidad mucho mayor, superior a los 30 millones. El rescate conllevó la finalización del peaje, de manera que el túnel pasó a ser gratuito para los usuarios.
El Consell alegó que el rescate pretendía evitar una discriminación a los usuarios. Sin embargo, el Tribunal Supremo sentenció en 2023 que la existencia misma de autopistas de peajes no es discriminatoria, y recordó que posibilita que las administraciones cuenten con obras públicas sin hacer recaer sobre las arcas públicas el coste de su construcción.
Los partidos de la oposición criticaron duramente desde el principio el acuerdo, que calificaron como «la foto más cara de la historia». De hecho, el PP en línea con la sentencia del Supremo ya advirtió que el rescate «no estaba justificado, al acabar la concesión en 2022» y reclamó que la entonces presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, del Consell, Catalina Cladera, y el anterior responsable de esta institución, Miquel Ensenyat, comparecieran para «dar la cara y pedir perdón», exigiéndoles responsabilidades políticas.
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