Esto de aspirar a canonjías internacionales con sueldos millonarios necesita urgentemente de una regularización, porque la candidatura frustrada de la vicepresidenta Yolanda Díaz a la presidencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nos ha salido por un ojo de la cara: ocho millones de euros en los últimos tres años de mandato de Pedro Sánchez, al margen de las cuotas que nuestro país paga a este organismo dependiente de Naciones Unidas. O sea, que Díaz se había estado buscando un puestazo para cuando abandonara el Gobierno y, para tal empeño, se financió la campaña personal con dinero público.
Y todo para que, al final, ante el riesgo de ser vapuleada en las votaciones, renunciar en las vísperas. Está claro que el fracaso ha sido de los que hacen época y que las gestiones del Gobierno para dejar colocada con un sueldo de oro a la vicepresidenta —que, por cierto, en los últimos meses ha estado más pendiente de lo suyo que otra cosa— han terminado por retratar el protagonismo menguante de España en las esferas internacionales.
Y es que si Yolanda Díaz hubiera tenido la vergüenza torera de llegar hasta el final, habría sido derrotada por goleada, porque no contaba con el apoyo de ninguna de las tres partes que deciden la presidencia de la OIT: empresarios, sindicatos y gobiernos. Así que, para evitar el bochorno, se ha retirado de las votaciones sobre la bocina. Con independencia del fracaso particular de la candidata, lo sustancial es que el Gobierno de Pedro Sánchez, que apostó por Yolanda Díaz y desplegó para tal fin una notable actividad diplomática, ha quedado como Cagancho en Almagro. Es decir, que sus gestiones no es que no hayan dado frutos —que es evidente—, sino que han servido para retratar la poca o nula influencia que el sanchismo tiene en el panorama internacional. Sólo iban a votarla Lula (Brasil) y Delcy Rodríguez (Venezuela). Y esta última, con reservas.
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