La juez de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva e ilegal de cerca de 80.000 inmigrantes en Ceuta desde Marruecos los pasados día 30 y 31 de julio no tomará declaración ni mañana ni el día 30 de noviembre -las dos fechas que había barajado en las últimas horas- al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.La magistrada ha decidido aplazar la declaración como investigado del exresponsable político en la ciudad autónoma al 1 de diciembre puesto que su abogado defensor ha comunicado que es miembro de una mesa electoral en Ceuta el día 29. A tres días de las elecciones, sin embargo, sí que ha citado como testigos tanto al exjefe de Gabinete de Triano, Gonzalo Sanz (que ya prestó una primera declaración), como al cónsul de España en Tetuán en el momento de la entrada masiva. Posible aviso el día 28La magistrada acuerda la testifical del cónsul español en Tetuán a finales de julio porque un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía declaró que «el día 28 de julio recibió instrucciones para habilitar un carril específico de acceso con el fin de permitir la entrada urgente en Ceuta del cónsul de España en Tetuán, precisando que se trató de una circunstancia absolutamente inusual y ajena al funcionamiento ordinario del puesto fronterizo». Asimismo, manifestó que el carril fue efectivamente habilitado y que tuvo conocimiento posterior de que el citado diplomático utilizó dicho acceso. Según el auto de citación, el mismo testigo añadió que los comentarios que circularon entre policías fueron que el cónsul habría acudido a Ceuta para advertir a las autoridades españolas de la posibilidad de una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, si bien precisó que no disponía de conocimiento directo sobre dicho extremo.Para Tardón «es evidente que la relevancia de esta información no reside en los comentarios o rumores mencionados por el testigo, sino en la constatación objetiva de varios extremos que sí resultan acreditados, como son la existencia de un desplazamiento urgente del cónsul general de España en Tetuán a Ceuta en fechas inmediatamente anteriores a los hechos investigados, la adopción de medidas excepcionales en frontera para facilitar dicho desplazamiento, y la coincidencia temporal de tal desplazamiento con un período en el que diversas unidades policiales ya estaban detectando una presión migratoria extraordinaria y recibiendo alertas de riesgo extremo».Por ello, considera que resulta «imprescindible» conocer de forma directa si el o la cónsul general de España en Tetuán se desplazó efectivamente a Ceuta los días 28, 29, 30 o 31 de julio; cuáles fueron los motivos de dicho desplazamiento; con qué autoridades españolas se reunió durante su estancia; si transmitió información, advertencias, comunicaciones o valoraciones relativas a movimientos migratorios extraordinarios, riesgos de entrada masiva o cualquier otra circunstancia relacionada con los hechos posteriormente acontecidos y que se investigan en este procedimiento; qué información obraba en poder del Consulado acerca de la situación existente en el norte de Marruecos durante los días inmediatamente anteriores y si dicha información fue comunicada a la Delegación del Gobierno, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a cualquier otra autoridad española.En cuanto a Gonzalo Sanz, vuelve a citarle precisamente porque el desplazamiento del cónsul era para verse con responsables de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma y puesto que en su primera declaración no hizo ninguna referencia a ese hecho.En cuanto a la declaración de Triano, la magistrada decidió darle la condición de investigado después de asumir las diligencias por querellas presentadas contra él en un juzgado de Ceuta. Tanto Manos Limpias como Hazte Oír denunciaron que Pérez Triano pudo incurrir en responsabilidades penales por no haber adoptado las medidas necesarias para evitar la avalancha a pesar de recibir advertencias. Su jefe de Gabinete Sanz testificó que un agente del CNI le trasladó el día 29 de julio que había un llamamiento en redes sociales a una entrada masiva que llegó a 180.000 personas.Los denunciantes piden esclarecer qué información tenía el exdelegado del Gobierno antes de la avalancha y qué medidas tomó al respecto, porque ven indicios de que pudo incurrir en los delitos de omisión del deber de perseguir delitos o prevaricación, entre otros.
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