La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha requerido al Ministerio del Interior que acredite los controles de seguridad realizados sobre 61.603 dispositivos móviles contratados para verificar la identidad de los electores mediante el DNI digital (MiDNI) de cara a las elecciones del 29N. Los magistrados responden así al recurso promovido por el partido Iustitia Europa, que pidió garantías sobre el control de este voto. La Sala da dos días de plazo —contados desde la notificación y bajo la responsabilidad directa de la directora general de Política Interior— para certificar si se han cumplido de forma estricta los controles de seguridad estipulados en el artículo 22 del Real Decreto 311/2022, regulador del Esquema Nacional de Seguridad (ENS). En caso de que la respuesta sea afirmativa, el Supremo ha exigido que se aporte de inmediato toda la documentación técnica justificativa que avale las verificaciones y controles efectuados sobre los terminales. Un contrato de emergencia de 7 millonesIustitia Europa alude a un contrato público adjudicado por el Ministerio del Interior mediante un procedimiento de emergencia a la empresa Telefónica Defensa y Seguridad que asciende a 7 millones de euros y está destinado al alquiler de los 61.603 teléfonos móviles dotados de lectura de códigos QR para la verificación de los electores en las mesas electorales.El líder de la formación, el abogado Luis María Pardo, recuerda que «estamos hablando de un contrato de siete millones de euros y de un procedimiento que afecta directamente a la identificación de los votantes. La transparencia y la seguridad jurídica deben estar presentes en cada mesa electoral».
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