Pasadas las once de la mañana (hora de Cuba) de este martes, la periodista independiente y corresponsal de ABC, Camila Acosta , recibía una llamada de una comisaria cercana a su casa. Al otro lado del teléfono se encontraba el Coronel Márquez, jefe de la comisaria Zapata y C. «Me ha dicho que Ángel (Santiesteban) y yo tenemos una acusación por atentado y que tenemos que presentarnos este jueves a la diez de la mañana en la estación ante el capitán Pileta», ha explicado Acosta a ABC.Acosta desconoce hasta el momento a qué se refiere esa acusación: «No me han querido decir nada más», en referencia a la acusación por un presunto atentado, en la que está incluido su marido, escritor y ex preso político. Según la periodista, este nuevo caso contra ella (ha sido detenida en varias ocasiones, la más grave en el marco de las históricas protestas del 11J en 2021) podría ser como consecuencia de la grabación de un vídeo de un agente de seguridad del Estado, que le impedía la salida de su domicilio, hace unos días. Por ese motivo ya fue arrestada durante varias horas, el paado 3 de noviembre, y liberada tras levantarle un acta de advertencia. Acosta, sin embargo, recuerda, que en aquel momento, «yo no estaba con Ángel». Es por ello que esta grave acusación de ahora la desconcierta.A principios de noviembre, el supuesto delito que invocó entonces la Seguridad del Estado fue el de ‘actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos’, recogido en el artículo 393.1 del Código Penal cubano. Ese apartado establece penas de seis meses a dos años de privación de libertad, multas o ambas sanciones para quien, sin consentimiento y con el propósito de afectar la intimidad, la imagen o la identidad de otra persona, obtenga, reproduzca o divulgue información personal. El artículo contempla agravantes que pueden elevar la condena. Durante la detención, los agentes acusaron a la periodista de haber sido la causante de que familiares de la persona grabada, que iba vestida de civil y no de uniforme, hubieran recibido amenazas de muerte.Según el Código Penal cubano, se considera atentado aquellos actos de intimidación a funcionarios, autoridades y familiares. El artículo 182, contenido en la Ley 151 de 2022, contempla sanciones que van desde los dos a los cinco años de prisión para actos de violenciao o intimidación contra autoridades, funcionarios públicos o sus agentes, durante el ejercicio de sus funciones. Camila Acosta tiene claro el régimen busa con esta nueva acusación presionarla, tanto a ella como a su marido: «Quieren silenciarme por mi trabajo. Yo no he cometido ningún atentado contra nadie -subraya a ABC-. Todo esto está dirigido por la Seguridad del Estado para silencionarnos. En el caso de Ángel, porque es escritor y ha sido guionista de varias películas que denuncian los crímenes de la dictadura (‘ Plantados ‘ y ‘Plantadas’); en mi caso, es por mi trabajo en ABC y en ‘Cubanet’», señala.La periodista reconoce que la identificación «pública» de los agentes que la han bloqueado la salida de su casa y que la detuvieron también habría sido un factor importante. «Es por eso que están acusándome de este supuesto delito de atentado. La amenaza de prisión siempre ha estado ahí». Y que le volvieron a recordar en su anterior arresto.Forzar al exilioLa presión por parte del régimen sobre Acosta, una periodista incómoda que ha centrado parte de su trabajo en los presos políticos y ha dado voz a sus familiares, y Santiesteban, uno de los principales líderes de la masonería en Cuba, ha escalado en las últimas semanas. Mientras Camila fue detenida hace un par de semanas, su esposo ha tenido que enfrentarse una acusación «por un delito económico, que no cometió, ante un tribunal que juzga crímenes contra el la Seguridad del Estado, en lugar hacerlo ante un tribunal de delitos comunes», explica la periodista. Acosta también ha denunciado la persecución que hay contra su marido, ex preso político, desde hace décadas. Todo ello lleva a Acosta a una conclusión: «Puede ser que nos hayan involucrado a los dos en este delito para obligarnos a salir del país», alerta. Forzar al exilio es una de las estrategias que utiliza el régimen de manera recurrente contra opositores y activistas. El último ejemplo fue el ex preso político y activista José Daniel Ferrer y el artista Luis Manuel Otero Alcántara.La periodista sostiene que el único delito que ambos han cometido ha sido «ejercer la libertad de expresión y denunciar las violaciones de derechos humanos en Cuba, así como en exponer a quienes las ejercen». Y califica de «cacería de brujas» la represión del régimen contra todas las voces disidentes dentro de la isla.
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