La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha iniciado una actuación de oficio para esclarecer las circunstancias del alquiler de la vivienda de protección oficial (VPO) de la ministra Milagros Tolón en Toledo y ha confirmado que, hasta el momento, no consta en sus registros el visado de ningún contrato de arrendamiento relativo al inmueble, situado en la calle Alemania de la capital regional.La Consejería de Fomento ha adoptado esta decisión tras conocer las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación sobre la vivienda protegida de la que es propietaria la ministra. Fuentes de la Consejería que dirige Nacho Hernando han explicado a ABC que ya han solicitado el expediente completo para realizar un análisis exhaustivo del caso y determinar los hechos y circunstancias que concurren.La Administración autonómica precisa que, si durante el examen de la documentación resultan necesarias aclaraciones adicionales , se efectuarán los correspondientes requerimientos a la titular de la vivienda.Por el momento, la Junta evita pronunciarse sobre posibles responsabilidades. «Respecto a posibles sanciones, cualquier pronunciamiento sería prematuro mientras no concluya el análisis del expediente», señala la Consejería, que recuerda que la normativa autonómica contempla un régimen sancionador para los incumplimientos en materia de vivienda protegida. La legislación vigente en Castilla-La Mancha considera infracción grave no someter a este trámite los contratos de arrendamiento de viviendas protegidas y contempla multas de entre 3.001 y 15.000 euros.Fomento insiste en que todavía no puede confirmarse la existencia de ninguna infracción ni la apertura de un expediente sancionador. Tampoco se ha producido ninguna notificación de carácter sancionador a la ministra. La eventual aplicación de las sanciones dependerá de los hechos que finalmente se acrediten y del procedimiento administrativo que, en su caso, corresponda iniciar.La ausencia de constancia del visado de los contratos adquiere especial relevancia porque la normativa autonómica establece mecanismos de control sobre los arrendamientos de viviendas protegidas. Se trata de una obligación diferente de la autorización administrativa exigida durante los diez primeros años desde la adquisición del inmueble, una distinción que resulta fundamental para analizar las explicaciones ofrecidas por Tolón.La ministra ha defendido la legalidad del alquiler y ha explicado que podía arrendar su vivienda desde 2008, una vez transcurrida una décadadesde su adquisición. Sin embargo, que hubiera finalizado ese periodo no suponía necesariamente la desaparición de las restantes obligaciones vinculadas a la protección pública de la vivienda, cuya vigencia se prolonga hasta 2027.Tolón adquirió el inmueble en 1998 y comenzó a alquilarlo en 2012, según ha reconocido en sus explicaciones. Para respaldar su posición, ha señalado que en mayo de 2015, poco antes de acceder a la Alcaldía de Toledo, solicitó un informe jurídico que confirmó que había transcurrido el plazo durante el cual resultaba necesaria la autorización de la Administración autonómica.Sin embargo, la autorización para alquilar durante los diez primeros años y el visado de un contrato de arrendamiento son dos cuestiones diferentes . El artículo 20 del Decreto 173/2009 establece un régimen de control de las cesiones de uso de viviendas protegidas que contempla el visado mientras se mantenga su protección pública.Este trámite implica el reconocimiento por parte de la Administración del cumplimiento de los requisitos o condiciones del arrendatario y de las condiciones esenciales del contrato, de acuerdo con el régimen de protección al que esté sujeta la vivienda. El visado debe hacerse constar documentalmente.Además, el artículo 12.3 del mismo decreto establece expresamente que «tanto los contratos de compraventa como los de alquiler deberán ser visados en los términos del artículo 23 del Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las Viviendas con Protección Pública».Los requisitos de los inquilinosLa identidad de una de las personas que ocuparon la vivienda añade otra dimensión al asunto. Se trata de Rocío Rodríguez, quien llegó a desempeñar el cargo de delegada provincial de Sanidad en la pasada legislatura autonómica, entre julio de 2019 y julio de 2023. Actualmente es segunda teniente de alcalde y concejala de Empleo, Juventud y Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Mazarambroz.El ejercicio de una responsabilidad pública no impide por sí mismo acceder a una vivienda protegida. Lo determinante es que el arrendatario reúna las condiciones económicas , patrimoniales y administrativas exigidas para el inmueble en el momento correspondiente.Entre los requisitos que deben examinarse se encuentran los límites de ingresos familiares, las restricciones relacionadas con la propiedad o el usufructo de otras viviendas y las obligaciones relativas a la inscripción en el Registro de Demandantes.Al tratarse de una vivienda de protección oficial de régimen especial, resulta especialmente relevante comprobar los límites de ingresos aplicables a sus ocupantes. La referencia de 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) debe calcularse conforme a los valores y coeficientes correctores correspondientes a la fecha de cada contrato y a las circunstancias de la unidad familiar.Entre ellos se encuentran los límites de ingresos familiares, las restricciones relacionadas con la propiedad o el usufructo de otras viviendas, además de estar inscrito en el Registro de Demandantes. Al tratarse de una Vivienda de Protección Oficial de Régimen Especial, los ingresos de los potenciales inquilinos no pueden superar dos veces y medio el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, unos 21.000 euros que aplicando los coeficiente más beneficiosos al inquilino en función de su situación familiar podría alcanzar los 30.000 euros. Una cifra que, por ejemplo, un delegado provincial de la Junta supera con creces.De poco sirve, por sí solo, alegar, como hizo el entorno de la ministra el pasado lunes, que «no se ha especulado con la vivienda en ningún momento» porque el alquiler se ha mantenido por debajo del módulo máximo permitido y un 30% por debajo del precio de mercado. El cumplimiento de ese límite no despeja otra cuestión fundamental: si las personas que han ocupado el inmueble reunían los requisitos económicos exigidos para acceder a una VPO de régimen especial.
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