El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un nuevo giro en su política hacia las mutualidades sanitarias cuando desde el principio quería cerrarlas. Después de meses de incertidumbre sobre el futuro de Muface en este caso de las Fuerzas Armadas y de una negociación marcada por las tensiones con las aseguradoras, el Ejecutivo ha decidido, como una nueva medida elevar en más de 50 millones de euros la financiación de Isfas, la mutualidad que presta asistencia sanitaria a militares y guardias civiles. Una decisión que vuelve a poner sobre la mesa las contradicciones del Gobierno con un modelo que ha estado en el centro de la batalla política y sanitaria.
La nueva licitación de Isfas asciende a 662,3 millones de euros, frente a los 609,3 millones del primer intento. Es decir, el Gobierno incrementa en más de 52,9 millones la cantidad destinada a garantizar la asistencia sanitaria de los mutualistas y sus beneficiarios, después de que el anterior concurso quedara desierto por la falta de ofertas de las aseguradoras.
El movimiento llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, que ha protagonizado una prolongada disputa por la financiación de Muface y que ahora se ve obligado a mejorar las condiciones económicas de otro de los pilares del sistema de mutualidades administrativas, ya que las encuestas le dan datos poco prometedores para seguir gobernando y lo lleva a cabo sin Presupuestos Generales del Estado.
Más dinero después de una licitación desierta
La primera convocatoria no logró atraer a ninguna compañía para asumir el concierto sanitario en las condiciones planteadas por la Administración. Asisa y Adeslas, las aseguradoras que hasta ahora venían prestando asistencia en Isfas, habían advertido de los problemas de financiación y de las dificultades que planteaba el nuevo modelo de primas, estructurado en siete tramos de edad.
El resultado fue una licitación desierta. Y la respuesta del Gobierno ha sido elevar la oferta económica. Más de 50 millones adicionales para intentar convencer al sector asegurador de que vuelva a prestar el servicio.
La subida evidencia que las condiciones iniciales no fueron suficientes para garantizar la continuidad del modelo. El Ejecutivo ha tenido que revisar su propuesta económica a 11 días de que el ciudadano deposite su voto en las urnas, para evitar que la asistencia sanitaria de más de medio millón de personas quede en el aire.
El nuevo concurso mantiene, sin embargo, una duración de apenas un año, hasta finales de 2027. El Gobierno pretende acompasar los plazos de Isfas con los de Muface y Mugeju, las otras dos grandes mutualidades que proporcionan asistencia sanitaria a funcionarios, jueces, fiscales y otros trabajadores públicos.
La decisión prolonga la incertidumbre sobre el futuro de un sistema que lleva meses sometido a una intensa presión política y financiera. Las aseguradoras han reclamado que las condiciones económicas permitan cubrir los costes asistenciales, mientras el Ejecutivo ha tenido que incrementar progresivamente sus ofertas para mantener los conciertos.
La paradoja política es evidente: mientras el debate sobre Muface ha estado marcado por las amenazas de desaparición del modelo, las dudas sobre su continuidad y las tensiones entre Gobierno y compañías, ahora Moncloa vuelve a poner dinero sobre la mesa para sostener otra mutualidad de características similares.
El Frente Amplio quiere ir más allá: el cierre
El incremento de financiación para Isfas abre también un nuevo choque político con el Frente Amplio, que plantea la liquidación de este modelo. La propuesta vuelve a enfrentar dos visiones opuestas: la del Gobierno, que busca de repente garantizar la continuidad del concierto mediante una inyección presupuestaria mayor, y la de quienes pretenden acabar con el sistema de mutualidades y llevar a sus beneficiarios al modelo general de asistencia sanitaria y donde la ministra de Sanidad, Mónica García, desde el Ejecutivo ha tratado de cerrar el modelo asistencial.
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