Los jueces vuelven a alzar la voz sobre los fallos de las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad . «Deficiencias graves en el funcionamiento del centro de Cometa», «siguen dándose problemas de ubicaciones imprecisas» o «se está convirtiendo en un problema grave que perjudica a las víctimas», son algunas de las críticas que se exponen en las nuevas actas de este año de las reuniones provinciales contra la violencia de género. Todo ello en boca de magistrados y fiscales que trasladaron estas deficiencias a los representantes del Gobierno que acuden a estas citas.En los últimos meses, desde marzo a julio de 2026, las actas de las comisiones provinciales de seguimiento —reunidas en puntos tan diversos como Cáceres, Granada, Málaga, Valencia y Zaragoza — reflejan un malestar generalizado y profundo entre la judicatura, la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los jueces han vuelto a alzar la voz con contundencia para denunciar que las pulseras telemáticas de control de alejamiento del Centro Cometa arrastran deficiencias técnicas graves y persistentes que no solo ponen en riesgo la seguridad de las mujeres, sino que están provocando un repunte en las sentencias absolutorias por delitos de quebrantamiento de condena.Lejos de tratarse de incidentes aislados, los magistrados especializados en violencia sobre la mujer advierten de que el sistema sufre fallos estructurales que dificultan enormemente la labor de los tribunales y convierten, en ocasiones, un instrumento de salvaguarda en una fuente añadida de ansiedad para la víctima. Uno de los talones de Aquiles señalados por las comisiones provinciales es la fiabilidad técnica de los dispositivos, especialmente tras el cambio de contrato del servicio operado en 2024. SiDe esta forma, los jueces denuncian que las incidencias de desconexión, la falta de cobertura en zonas rurales —las llamadas «zonas negras» , especialmente sangrantes en territorios como Extremadura o Aragón— y las imprecisiones en la geolocalización son el pan de cada día en los juzgados. Casos concretos analizados en Cáceres, por ejemplo, revelan que los errores de posicionamiento del sistema han motivado la absolución de acusados por quebrantamiento de condena, al no poder demostrarse con certeza que el infractor hubiera pisado realmente la zona de exclusión. La respuesta institucional ofrecida en ocasiones por las administraciones —que instan a los tribunales a consultar un mapa de cobertura antes de imponer la medida— ha sido duramente contestada por la judicatura. Magistrados de Granada han calificado esta exigencia de intento de «revertir la responsabilidad» hacia la autoridad judicial, comparándolo con advertir de un riesgo de fuga en una prisión y delegar en el juez la culpa si este se produce.A esta problemática se suma un fenómeno técnico tan desconcertante como frecuente: informes del Centro Cometa que señalan que un mismo dispositivo registra al investigado simultáneamente en la zona de exclusión fija (el domicilio de la víctima) y en la zona de exclusión móvil, una imposibilidad física que complica la labor probatoria y genera un profundo desconcierto en las vistas orales.El debate sobre el radio de alejamiento es otro de los puntos calientes en los órganos de coordinación. Desde la Delegación del Gobierno y los informes técnicos se recuerda que la distancia óptima y aconsejable para garantizar la eficacia del sistema es de al menos 500 metros, situando en los 350 metros el umbral técnico mínimo recomendado por el fabricante.Sin embargo, esta recomendación choca frontalmente con la realidad demográfica y geográfica de España, especialmente en el ámbito rural. En comarcas y municipios de Cáceres, Zaragoza o Málaga, imponer una prohibición de acercamiento de 500 metros equivale, en la práctica, a expulsar al investigado de su localidad de residencia. Los jueces se ven obligados en muchas ocasiones a fijar distancias muy inferiores —de 200 metros o menos—, sabiendo de antemano que el dispositivo comenzará a emitir alertas constantes e imprecisas.Esta tesitura deja a las Fuerzas de Seguridad en una situación de extrema complejidad a la hora de decidir si procede o no la detención por quebrantamiento, mientras que los fiscales advierten de la dificultad insalvable para probar delitos como el acoso cuando el soporte técnico del sistema no ofrece un registro claro de los tiempos y puntos exactos de permanencia dentro de las áreas restringidas.Quizás uno de los aspectos más humanos y dolorosos expuestos en los foros judiciales sea el impacto psicológico que el mal funcionamiento del sistema provoca en las mujeres protegidas. En comisiones como la de Granada, se han escuchado testimonios directos de víctimas —respaldados por el Colegio de Abogados y los propios magistrados— que suplican que se les retire el dispositivo.Las continuas falsas alarmas, motivadas por pérdidas puntuales de señal, descargas de batería o errores de cobertura, activan un protocolo de llamadas nocturnas y avisos automatizados que despiertan a la víctima, le preguntan si está sola y alertan a su entorno. Lejos de sentirse seguras, muchas mujeres experimentan episodios agudos de ansiedad, angustia y la sensación de estar «encerradas y vigiladas», reviviendo el trauma del maltrato a través de la propia herramienta ideada para defenderlas.Reclaman mejorasLos juristas y operadores jurídicos coinciden en que el protocolo actual, diseñado hace años y pendiente de una profunda revisión, necesita modificarse con urgencia para evitar que el exceso de avisos automáticos convierta el dispositivo en una prolongación del hostigamiento del agresor. Ante este panorama, la respuesta de los diferentes operadores jurídicos exige un cambio de rumbo estructural. Entre las propuestas planteadas en los encuentros celebrados en Valencia, Zaragoza, Málaga y Cáceres destacan la inversión en tecnología avanzada: magistrados y miembros de las Fuerzas de Seguridad sugieren explorar alternativas de alta fiabilidad, como los sistemas de balizas satelitales que utilizan ciertos cuerpos policiales, los cuales minimizan drásticamente los márgenes de error y la pérdida de señal.También piden la modificación urgente del protocolo: se demanda una revisión profunda de los criterios de alerta y notificación para evitar la llamada constante e innecesaria a la víctima ante incidencias técnicas menores. El último de ellos es la mejora en la coordinación y dotación de personal. Se reclama agilizar los tiempos de respuesta y el desplazamiento de los técnicos del Centro Cometa —especialmente en zonas rurales donde se denuncian esperas prolongadas— y reforzar la colaboración con los puntos de encuentro familiar y las oficinas judiciales.Precisamente, la publicación de estas actas, en 2025, provocó una auténtica tormenta de críticas a la gestión y supervisión del Ministerio de Igualdad que firmó un nuevo contrato para mejorar el sistema de pulseras antimaltrato. Si bien hay aspectos que han mejorado, otros como la geolocalización sigue sin avanzar y es un aspecto vital para la seguridad de las víctimas.
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