Ante la fuerte contestación de la ciudadanía y del Gobierno de Ceuta, el Ejecutivo de Sánchez ha matizado una de las medidas más polémicas del real decreto para gestionar la crisis migratoria. El uso de polideportivos y otras instalaciones deportivas municipales queda descartado y solo se contemplaría en un escenario “extremo” y poco previsible, y siempre de forma consensuada.
La aclaración llega después de que centenares de vecinos se movilizaran el martes contra la posibilidad de destinar a la acogida de migrantes espacios como los polideportivos Díaz-Flor, Guillermo Molina, Santa Amelia, La Libertad o Antonio Campoamor.
El Ejecutivo de Juan Vivas también había anunciado que exploraría vías legales para impedir el uso de instalaciones de titularidad municipal.
Tras reunirse en Ceuta con el presidente de la Ciudad Autónoma, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que los lugares que finalmente se habiliten se decidirán «desde el consenso». Ha calificado el listado incluido en el decreto como una «propuesta de máximos, modificable y flexible», dejando claro que la mera inclusión de un equipamiento no implica que vaya a utilizarse.
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