Durante los últimos meses, una miríada de analistas han venido anticipando que la inflación escalaría más allá de los cuatro puntos hacia el final del verano, coincidiendo con la desaparición del grueso de las rebajas fiscales previstas en el primer paquete anticrisis aprobado por el Gobierno en marzo para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán . Acertaron, pues hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato de IPC menos halagüeño de los últimos tres años y medio, con un 4,3% de avance interanual durante este mes de agosto, un resultado que está más de dos puntos por encima de ese 2% que el Banco Central Europeo (BCE) considera recomendable y que -de repetirse en otras economías del euro-, dará argumentos a favor de una mayor restricción de la política monetaria en los próximos meses. Es el resultado más alto desde el 6% de febrero de 2023, cuando nuestra economía aún estaba inserta en lo peor de la espiral inflacionista que siguió a la invasión rusa de Ucrania. Hoy como ayer, la razón del incremento de precios vuelve a estar en el encarecimiento del petróleo y el gas natural por una guerra, una de la que no hay visos de que vaya a terminar pronto. Mientras Irán y los EE.UU. insisten en mantener el estrecho de Ormuz bloqueado, hoy el barril de crudo Brent -el de referencia en Europa- cotiza en los 88 dólares, un 22% por encima del dato previo al estallido del conflicto. El gas natural, por su parte, supera los 67 dólares el megavatio hora en el mercado holandés, un 120% más. Como ya se ha avanzado, los analistas ya predijeron que la desaparición gradual a partir de junio de las medidas incluidas en el primer Real Decreto ‘anticrisis’, que incluía rebajas del IVA de la luz, el gas y los combustibles (pasó del 21 al 10% en todos los casos), generaría un efecto escalón. En junio, coincidiendo con la recuperación de la fiscalidad habitual para la luz y el gas, el IPC se mantuvo en el 3,2%, y ya entonces Estadística advirtió de que la factura eléctrica contribuyó a evitar una moderación. En julio le tocó el turno a los combustibles, que recuperaron el IVA del 21%, hecho arrastró el coste de los transportes a un alza de más de seis puntos y, correlativamente, llevó la inflación al 3,6%. Ese mes arrancó el período de vigencia del segundo escudo anticrisis, que el Gobierno tuvo que diseñar con un enfoque mucho más quirúrgico en un contexto de críticas desde Bruselas por el excesivo alcance de las primeras medidas; la tesis de la Comisión Europea es que hay que evitar las rebajas generalizadas del IVA porque espolean el déficit y, más importante aún, el consumo y la inflación. En sustitución de las ayudas al consumo, a partir de julio se empezó a aplicar un esquema de reducción gradual -hasta su eliminación en 2028- del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, además de ayudas específicas para sectores como el transporte o la agricultura -ya contempladas en el primer paquete- y, en el caso de los carburantes, una recuperación escalonada de la fiscalidad normal del Impuesto de Hidrocarburos (IEH) , con sendas bonificaciones de 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre.Sin embargo, el abultado resultado de la inflación en julio, que en buena medida se explica por el encarecimiento del diésel, obligó al Gobierno a desplegar el mecanismo de salvaguardia previsto en ese segundo Real Decreto y a recuperar la bonificación de 20 céntimos para el gasóleo a partir de septiembre. No sucede lo mismo con la gasolina, dado que los precios de este insumo no superaron un alza de quince puntos interanuales el mes pasado, que era el umbral fijado en la norma. En lo que respecta a la electricidad, por el momento el esquema fiscal se mantiene tal y como está, aunque está por ver que sucede en las próximas semanas -cuando el INE publique el dato definitivo del IPC de agosto-, pues también en este caso existe un mecanismo de salvaguardia, uno en virtud del cual el IVA de la luz volverá a ser del 10% si esta se encarece más de un 15% interanual. La única noticia más o menos halagüeña que ofrecen los últimos datos del INE viene por el flanco de la inflación subyacente, un indicador que excluye del análisis los elementos más volátiles del paquete (alimentos no elaborados y energía) para ofrecer una fotografía más ‘estructural’ de la evolución de los precios. En agosto, este índice disminuyó una décima, hasta el 2,9% , un hecho que puede leerse como un síntoma de que la crisis energética aún se resiste a trasladarse al resto de la economía. Sin embargo, el impacto llegará, y son numerosos los datos que van en esa línea. Hace apenas unos días, Estadística dio a conocer que los precios de los bienes industriales se habían encarecido un 9,2% interanual en julio, hecho que -visto que el IPC general solo subió un 3,6%- equivale a decir que las empresas tarde o temprano tendrán que trasladar ese sobrecoste a sus clientes.
Powered by WPeMatico