La vuelta de las vacaciones se promete difícil para el Ministerio de Función Pública y especialmente para el titular de esa cartera, Óscar López, después de que hoy el principal sindicato que representa a los funcionarios en nuestro país haya anunciado que las movilizaciones y la acción sindical se intensificarán a lo largo del mes de septiembre en todos los frentes -el judicial y el político- y a todos los niveles. Cárceles, Educación, Sanidad, Correos, Policía, Hacienda, Seguridad Social… Esta campaña de presión reforzada afectará virtualmente a la totalidad de las administraciones españolas, ya sea por problemas específicos -por ejemplo, el nuevo Estatuto Marco propuesto en Sanidad- o por reclamaciones transversales a todos los trabajadores públicos, como son la falta de personal y promoción interna o la subida salarial pendiente. Así lo han afirmado esta mañana el presidente de CSIF, Miguel Borra, y el secretario de Acción Sindical, Francisco Lama, en una rueda de prensa que era un aviso nada velado al ministro López. «El malestar laboral y la sensación de abandono es generalizado», han asegurado, antes de añadir que la incapacidad del Ejecutivo de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2023 crea una inestabilidad política que complica aún más la negociación, las reformas y la calidad de los servicios públicos. Por el momento, los trabajadores que prometen dar más problemas a López son los de Correos y los profesores. En el caso de los empleados del servicio postal, por el incumplimiento del acuerdo de 2024 (piden refuerzo de plantilla, aplicación de las 35 horas semanales o plan de rejuvenecimiento), que les va a sacar a la calle los días 3, 17 y 30 de septiembre. Los profesores, por su parte, han ido un paso más allá con una concentración en Madrid el 15 de septiembre que aseguran que podría ser solo la antesala de una huelga general al inicio del curso 2026-2027. Los problemas del colectivo son de sobra conocidos, desde el abuso de la interinidad (llega al 30%) hasta el exceso de alumnos por clase. Pese a todo, la batalla más urgente es la que se desenvuelve en el frente salarial. Una vez alcanzado un acuerdo con el Gobierno en noviembre de 2025 par aplicar la revalorización de las nóminas conforme al IPC, en este frente ahora CSIF quiere enfocar el debate hacia la recuperación de las condiciones previas a 2010. Esta misma semana, el sindicato ha acudido al Tribunal Constitucional para exigirle que resuelva el recurso que el sindicato presentó en 2024 para contra el rechazo de la Mesa del Congreso a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretendía la recuperación de la estructura salarial anterior a la Gran Crisis. Concretamente, los representantes de los funcionarios querían que se derogara un Real Decreto aprobado entonces por el ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, entre las que se incluía la reducción de las pagas extraordinarias. Dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, «pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron», añade CSIF. Según cálculos del sindicato, el enquistamiento de ese recorte supone una merma media anual de 1.000 euros en el salario de los trabajadores públicos, lo que equivale a decir que desde entonces se les han retenido 48.000 millones de euros por este concepto. Potencialmente, el caso que en este momento está encima de la mesa del tribunal de garantías tiene un alcance muy superior al del ámbito funcionarial, ya que, tras un informe de Fiscalía que critica el criterio restrictivo de la Mesa del Congreso a la hora de decidir sobre las ILP, se abre la puerta a que el tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido determine el alcance del derecho de participación política de la ciudadanía, que en este caso se vio limitado por la Mesa del Congreso. La lista de reclamaciones del sindicato sigue con el déficit estructural de personal en las administraciones -agravado por las jubilaciones y el envejecimiento de plantillas-, «el aumento de la carga de trabajo, el malestar laboral y el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos», afirman fuentes sindicales. Nótese que se trata de una retahíla de problemas que no hacen más que agravarse cuando sobreviene una crisis que tensiona a la administración. Sucedió durante la pandemia de Covid-19, y ahora CSIF denuncia que está volviendo a ocurrir con el proceso de regularización de extranjeros, la ley de nietos, los incendios forestales (por los despidos de personal) y la crisis producida por la invasión de Ceuta. De hecho, hoy el presidente del sindicato ha aprovechado para anunciar que el próximo jueves visitará la ciudad autónoma para reunirse con empleados públicos de todos los sectores, y que reclamará a Bruselas que active el reglamento europeo ante crisis migratorias y coopere con España con medios para resolver la situación.En lo que refiere a las condiciones laborales, el sindicato promete dar la batalla de la actualización de la indemnización por residencia y por razón de servicio, la mejora de los procesos selectivos (tardan hasta 3 años desde que se aprueba la oferta de empleo público) o la mejora de la promoción interna, entre otras cosas.
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