La juez de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva en Ceuta los días 30 y 31 de julio como un ataque grave contra integridad territorial de España ha solicitado al Juzgado de Instrucción de Ceuta las primeras diligencias abiertas a raíz de la querella contra el delegado del Gobierno de la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano.La magistrada, a través de una providencia, pide al Juzgado que se pronuncie sobre si debe inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, teniendo en cuenta que ella sigue allí la investigación principal por la entrada masiva. La Fiscalía ya se pronunció a favor de que la causa recién abierta en Ceuta se acumulase a la de la juez Tardón. Tanto Manos Limpias como Hazte Oír denunciaron que Pérez Triano pudo incurrir en responsabilidades penales por no haber adoptado las medidas necesarias para evitar la avalancha.La juez Tardón ya ha admitido como partes personadas tanto al Estado español como al Gobierno de Ceuta en la causa principal, aunque eso no implica que, llegado el caso, aborde la presunta responsabilidad de ambos en la gestión de la crisis, según trasladaron a ABC fuentes de la Audiencia Nacional. Tardón declaró el 7 de septiembre la competencia de su juzgado central para investigar la entrada masiva irregular en Ceuta desde Marruecos al tratarse de delitos que comprometen la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal. La magistrada sostuvo que «nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta». En su auto de admisión, con un informe de la Fiscalía favorable, la instructora recogió el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que recibió antes que el Gobierno, según se reprochó desde éste. Consideró que no se trató de actuaciones de naturaliza incidental, ocasional o espontánea, sino que fue un proceso en el que la finalidad migratoria operaba solo como cobertura formal de un tipo de «guerra híbrida». Apuntó a Marruecos al afirmar que «se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos, en la propia playa de Fnideq y lugares aledaños a dicho espacio en la ciudad de Castillejos».
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