La Justicia andaluza alerta al Gobierno de que sus pulseras antimaltrato indican ubicaciones falsas

El sistema de protección telemática para las víctimas de violencia de género sigue mostrando grietas preocupantes. Lejos de haberse solucionado los problemas que afloraron hace justo un año, el funcionamiento de las conocidas como pulseras antimaltrato arrastra deficiencias técnicas que están afectando a las mujeres amenazadas. Así lo pone de manifiesto un escrito firmado el pasado 5 de julio por la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, al que ha tenido acceso ABC. El documento, remitido al Ministerio de Igualdad y al Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), revela que «siguen produciéndose errores de localización tanto de víctimas como de investigados», lo que está generando una «tensión e intranquilidad continua» en las mujeres a las que hay que proteger. La casuística de anomalías es diversa: desde un agresor ubicado en dos lugares distintos al mismo tiempo hasta alertas geográficas que no se corresponden con la realidad. El oficio judicial alerta del profundo desasosiego que los errores técnicos del Centro Cometa —el servicio encargado de monitorizar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento impuestas por los jueces— están provocando tanto en los tribunales como en las mujeres maltratadas. En su escrito, la magistrada presidenta reclama «una ampliación urgente de la plantilla » de los técnicos adscritos a este centro, dedicados a la implantación y colocación de los dispositivos de control telemático de proximidad. Según advierte la máxima responsable de la Audiencia malagueña, el personal actual que desempeña este delicado trabajo resulta claramente «insuficiente» para poder vigilar con garantías «el elevado número de medidas que se decretan a nivel provincial».Fallos en el sistema de geolocalizaciónLa queja expuesta por García Ortiz ya fue debatida el pasado 23 de abril en la última reunión de la Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género en la Audiencia de Málaga, un órgano integrado por magistrados, fiscales, autoridades policiales, responsables del Gobierno central, la Junta de Andalucía y las corporaciones locales. En dicho encuentro se puso sobre la mesa «la necesidad de solucionar los problemas de funcionamiento » de estos brazaletes, ante la evidencia de que existen «grandes disfuncionalidades». En la reunión se acordó remitir un oficio al Ministerio y al órgano de gobierno de los jueces para reclamar al departamento de la ministra Ana Redondo que ponga remedio a los fallos operativos del sistema de geolocalización. El escrito detalla que los juzgados han detectado de que subsisten los «errores de localización tanto de víctimas como de investigados, inclusive ubicaciones en lugares diferentes en el mismo espacio de tiempo , así como ubicaciones no exactas ni acordes a la realidad según se infiere de las pruebas que se aportan en los procedimientos judiciales».El oficio judicial pide soluciones ante los fallos recurrentes que acumula el sistema de protección en la provincia española más golpeada por la violencia de géneroEstas anomalías tecnológicas son calificadas como «grandes disfuncionalidades» por la Audiencia malagueña. En el documento remitido a Igualdad subraya que estas constantes alertas erróneas dan lugar a «una situación de tensión e intranquilidad continua en la víctima así como en el investigado, llegando a tener que efectuar cambios habituales de dispositivos por errores técnicos».Málaga, golpeada por los crímenes machistasEl contexto en el que se produce la llamada de auxilio de la judicatura es de extrema gravedad. Hasta el mes de julio de este año, la provincia de Málaga ha sumado siete crímenes machistas confirmados oficialmente, igualando en apenas un semestre el macabro cómputo de todo el año 2025. Aunque el tribunal reconoce en su carta que ha habido algunos avances y «se han reducido los tiempos de espera en la colocación» de las pulseras, insiste en que sigue faltando personal técnico para atender el aumento de las medidas cautelares adoptadas en los últimos meses ante denuncias de violencia de género.Por ello, la Audiencia de Málaga exige un cambio en la dinámica de trabajo con el Centro Cometa. El escrito solicita expresamente que el servicio que depende del Ministerio de Igualdad envíe puntualmente a los órganos judiciales la información sobre «las incidencias en los cumplimientos de las prohibiciones de aproximación y comunicación con colocación de dispositivo de control telemático». Además, reclama que se faciliten los protocolos de actuación aplicados en cada caso concreto para «la localización tanto de la víctima como del investigado ante los posibles quebrantamientos de la orden , sin necesidad de que por parte del Juzgado, ya sea de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal tengan que ser solicitados con posterioridad».La alerta de la Fiscalía en 2025La llamada de atención de la Audiencia de Málaga llega después la Fiscalía, en una nueva memoria anual, ha vuelto a mencionar que persisten las falsas alarmas y los fallos de señal en determinadas zonas geográficas, aunque reconoce un «avance significativo» . El sistema Cometa fue el epicentro de una tormenta política en septiembre de 2025 por este mismo problema. Igualdad atribuyó los fallos a que el servicio cambió de manos: pasó de Telefónica (que subcontrataba el servicio con Securitas Direct) a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Vodafone y Securitas.Durante la transición tecnológica de un proveedor a otro, se produjeron graves fallos en el volcado de datos, según el Ministerio. Esto propició que entre finales de 2023 y principios de 2024 existieran momentos en los que no se podían conocer los movimientos exactos de los hombres que llevaban los dispositivos. La voz de alarma, al igual que ocurre ahora en Málaga, no vino del ámbito político, sino de la Fiscalía General del Estado, que, en su memoria anual de 2024, advirtió de una «potencial desprotección de las víctimas« por este motivo.La ministra atribuyó las quejas a un buloAnte la tormenta política desatada, la primera reacción de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue negar la realidad y presentar a su departamento como víctima de un «bulo». La titular de Igualdad aseguró que los brazaletes «han funcionado en todo momento, no hay fallo», mientras abroncaba al Ministerio Público por sembrar «alarma», a su juicio, de manera infundada y sin valorar correctamente los datos.En noviembre de 2025, el sistema sufrió un colapso sin precedentes que dejó sin geolocalización activa a unas 4.500 mujeres durante doce horas . El incidente llevó al Ministerio a activar protocolos de seguridad de emergencia en coordinación con las fuerzas policiales. Tras convocar una nueva licitación, en mayo Igualdad volvió a adjudicar el Servicio Cometa a la UTE integrada por Vodafone España y Securitas Seguridad España en las mejoras tecnológicas introducidas y en la reducción de tiempos.